En mayo de 1939 más de 900 judíos llegaron al puerto de La Habana huyendo de las persecuciones nazis. Todos pretendían permanecer en Cuba sólo el tiempo que demorara la tramitación de sus visas para entrar a Estados Unidos, donde en definitiva pretendían asentarse.
Lo que menos interesaba a las autoridades estadounidenses de la época era hacerse cargo de aquel grupo de refugiados, cuya admisión hubiera enturbiado las excelentes relaciones que sostenían con el Tercer Reich. Tampoco el gobierno cubano veía con buenos ojos a los pasajeros del San Luis –tal era el nombre del barco que trasladaba a los emigrantes–. Aceptarlos implicaba violar el “sagrado” principio de no contradecir a la administración de turno en Washington.
No obstante, el desembarco de los perseguidos podría haberse arreglado previo pago de 435 mil dólares, confesaría el presidente Federico Laredo Bru a un abogado del Comité Judío Americano que por esos días viajó a La Habana. Pero las negociaciones entre ambos terminarían por no rendir frutos, y casi todos los viajeros se verían obligados a regresar a Europa, para acabar en manos de la misma maquinaria de exterminio de la que habían pretendido escapar. Investigaciones posteriores concluirían que sólo 240 sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial.
A comienzos de esta semana la historia del San Luis volvió a la actualidad noticiosa cubana por cuenta de otro buque que países vecinos se negaban a aceptar. Se trataba del MS Braemar, un crucero británico declarado en cuarentena luego de que cinco de sus tripulantes dieran positivo a las pruebas diagnóstico del covid-19. Otras 50 personas, de entre los más de mil empleados y vacacionistas a bordo, habían sido aisladas por la sospecha de que se hubieran contagiado.
Entre el 8 y 16 de marzo el Braemar intentó, sin éxito, tocar tierra en Curazao, Barbados, Colombia y Bahamas. La última de esas naciones –bajo cuyo pabellón navegaba– incluso puso reparos para que pudiera reaprovisionarse de alimentos y combustible y para que embarcara un pequeño equipo médico, destinado a ayudar en la atención de los enfermos.
El Braemar era uno de los cinco cruceros varados en distintas partes del mundo debido a la presencia confirmada del covid-19 a bordo. Pero entre todos era el que presentaba la situación más comprometida, a causa del agotamiento de sus reservas y la imposibilidad de emprender el largo viaje de regreso hacia Reino Unido. “Tienen a un grupo de personas muy vulnerables y de mayor riesgo”, declaró a la Deutsche Welle una británica cuya madre, de 74 años de edad, con padecimientos de “presión arterial, problemas respiratorios, bronquitis y asma”, se encontraba en la embarcación.
Para el gobierno de Boris Johnson la situación comenzó a hacerse desesperada cuando también Estados Unidos y República Dominicana se negaron a permitir el amarre de la nave en alguno de sus puertos, y cancillerías como las de Canadá, Bélgica y Japón –entre otras con ciudadanos presentes en el barco– exigieron una solución urgente. Llegados a este punto, tal vez los lectores de Brecha ya conozcan el desenlace de la historia. En definitiva, el MS Braemar terminó atracando la mañana del miércoles en la principal terminal marítima de Cuba –Mariel, unos 50 quilómetros al oeste de La Habana– y desde allí sus viajeros fueron trasladados al aeropuerto de la capital isleña y enviados a Reino Unido en varios vuelos chárter.
Durante días, la disidencia cubana intentó torpedear la decisión de las autoridades, pero su éxito fue notablemente discreto. “Sé que hay riesgos, muchos, al recibir a los pasajeros del MS Braemar, pero estoy muy orgullosa de que Cuba haya dicho que sí. Ese es el país que abrazo”, escribió el lunes la periodista independiente Glenda Boza Ibarra, una internauta con miles de seguidores en Facebook. Su publicación rápidamente alcanzó cientos de repercusiones positivas en esa red social, la de mayor difusión en la isla.
¿TEMERIDAD O RIESGO CALCULADO? Hasta el momento de redactarse esta nota, Cuba era la única de las naciones latinoamericanas que mantenía abiertas sus fronteras. Tampoco se habían suspendido las clases o las labores en las dependencias del Estado. Más aun, las agencias turísticas trabajaban a plena capacidad, atendiendo a miles de vacacionistas extranjeros, y no fue hasta el lunes último que se anunció la cancelación de espectáculos y otras concentraciones populares.
Para el exilio de Miami y sus seguidores en el interior del país esa estrategia confirma la “irresponsabilidad del régimen”, que “antepone las ganancias [de la industria hotelera] a la salud de los ciudadanos”. El martes, un audio apócrifo, grabado por una pretendida bióloga, denunciaba el hecho como un “crimen colectivo”, aunque sin aportar elementos que avalaran tal tesis.
En la banda contraria, el gobierno ha defendido su línea de acción asegurando que se ajusta a lo orientado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus protocolos de enfrentamiento al covid-19. Vale recordar que en varias ocasiones el director general de esa institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha pronunciado por una suerte de “gradualidad” en las respuestas a la pandemia. “Sólo cuando las pruebas confirmen que una persona es portadora del virus, debe pasarse a controlar a quienes estuvieron en contacto con ella hasta dos días antes de que presentara los primeros síntomas”.
Los postulados de la OMS fueron asumidos por Corea del Sur para hacer frente a la expansión inicial del covid-19. La agresiva política de pesquisaje que permitió a Seúl rebajar casi diez veces su tasa de nuevos contagios diarios guarda muchas semejanzas con la implementada por el Ministerio de Salud Pública cubano (Minsap), que hasta el 18 de marzo se había traducido en el internamiento “bajo observación” de 389 personas, y la detección de diez portadores confirmados de la enfermedad (todos llegados del exterior). Ese mismo día el Minsap anunció la primera muerte asociada al virus, la de un turista italiano de 61 años con varias afecciones respiratorias crónicas.
UN FÁRMACO FUNDAMENTAL. Amén de su extenso sistema de atención sanitaria, el gobierno de La Habana tiene una importante baza en la industria biofarmacéutica que casi 40 años atrás fundara Fidel Castro. Agrupadas bajo la razón social BioCubaFarma, la mayoría de esas plantas-laboratorio se levantan en la periferia de La Habana, muy cerca de la autopista que siguieron los evacuados del Braemar de camino al aeropuerto José Martí.
Centros como el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología (Cigb) tienen la capacidad para producir 22 de los 30 fármacos que la Comisión Nacional de Salud de China considera “básicos” en el tratamiento del covid-19; entre ellos, el que los especialistas de ese país recomiendan como primera opción antiviral, el Interferón Alfa 2B.
Las primeras demostraciones de su efectividad tuvieron lugar a poco del comienzo de la epidemia, cuando fue enviado a Wuhan desde una planta chinocubana establecida en la norteña provincia de Jilin. Para el 5 de febrero, más de 1.500 pacientes dados de alta habían sido tratados con el Alfa 2B, aunque hasta entonces su uso más común había sido en terapias contra el cáncer, las hepatitis B y C, y el Vih.
Los interferones son moléculas generadas por el propio organismo para enfrentar ataques virales, explicó el 12 de marzo el presidente de BioCubaFarma, el doctor en Ciencias Biológicas Eduardo Martínez Díaz. Durante una conferencia de prensa convocada para detallar la estrategia de la isla en el enfrentamiento al covid-19, el directivo fue rotundo al desmentir reportes de prensa que presentaban al Interferón como una suerte de cura milagrosa; “no es una vacuna, sino un producto terapéutico”, señaló.
Aun así, la experiencia china ha motivado a otros países a incorporar el Interferón Alfa 2B a sus cuadros farmacológicos. La lista de solicitudes alcanza ya 15 naciones, manifestó este martes, en una entrevista con la multiestatal Telesur, el doctor Luis Herrera Martínez, jefe del equipo cubano que sintetizó el biopreparado. De acuerdo con sus declaraciones, los laboratorios de la isla trabajan a marchas forzadas con el objetivo de cubrir las necesidades nacionales y cumplir los compromisos fuera de fronteras. Los primeros envíos ya han llegado a Venezuela y a Nicaragua.
La posibilidad de producir el fármaco a gran escala fue, hasta cierto punto, fruto de la casualidad. “Desde hace tiempo nuestra industria venía acopiando materias primas y piezas de repuesto en previsión de una crisis de suministros provocada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. Esa preparación nos sirvió para enfrentar en mejores condiciones la actual crisis epidemiológica”, declaró a la agencia de noticias Prensa Latina la vicedirectora del Cigb, Marta Ayala Ávila.
Aunque echar mano a esas reservas podría colocar al país en una situación comprometida de cara al futuro –ya se ha limitado la elaboración de otros medicamentos para priorizar la de los antígenos contra el coronavirus–, el presidente, Miguel Díaz Canel, ha sido enfático en la premisa de que el país debe prepararse “para que a nadie le falten ni la atención ni los recursos necesarios”. Incluso si el convaleciente en cuestión no es cubano.
