Esto marca un hito», afirmó Diego Burgueño, minutos después de reunirse con el presidente, Luis Lacalle Pou, ayer jueves. Burgueño, hijo de Carlos Burgueño, un civil muerto el 8 de octubre de 1969 tras recibir una bala perdida en un tiroteo entre integrantes del MLN-Tupamaros y la Policía, durante la denominada Toma de Pando, es uno de los referentes de la Asociación Toda la Verdad, que nuclea a familiares «víctimas de la sedición».
Según Burgueño, esta fue la primera vez que un presidente en ejercicio recibió a la asociación, «una parte de la sociedad que ha sido olvidada con premeditación y alevosía, que ha sido puesta abajo de una alfombra». La reunión fue positiva, dijo, ya que pudieron plantearle buena parte de sus inquietudes. Pero lo más relevante fue la receptividad del presidente, quien les expresó su respaldo.
Burgueño dijo que el objetivo de la organización «no es confrontar, sino pacificar, terminar con la espiral de odio» que a su juicio persiste en Uruguay. Por eso, este grupo pretende reunirse con la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuyo reclamo de búsqueda de la verdad, según Burgueño, «es justo». En este sentido, dijo que una de las propuestas supone instalar un recordatorio que diga, simplemente: «Nunca más violencia entre uruguayos».
Ese proceso requiere cambiar el relato histórico de lo que sucedió en Uruguay hace medio siglo. Por este motivo, la asociación solicitará una reunión con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y con el presidente del Codicen, Robert Silva, para plantearles la revisión de todos los libros de estudio publicados en estos años «en los que se cuenta una historia, a nuestro parecer, claramente distorsionada de lo que ocurrió en este país en los últimos 40 años».
«Hasta ahora se ha transmitido a las nuevas generaciones una idea trágicamente errónea de heroicidad. Lo primero es que se denomina guerrillero a quien fue terrorista; se les colocan plaquetas de recordación a personas que fueron asesinos de nuestras familias. Es [la construcción de] un relato falso, amnésico o recortado de hechos que no se han contado», dijo Burgueño. Este encuentro, estiman, se producirá en breve, ya que el presidente estuvo de acuerdo con la idea.
En este sentido, la asociación refiere a un universo de 78 personas muertas a manos de la guerrilla, entre civiles, policías y militares. Sin embargo, Burgueño afirma que puede haber otros casos, ya que hay personas que en su momento fueron amenazadas y no se atrevieron a denunciar la muerte de sus familiares. La extensión temporal es arbitraria, ya que el dato incluye personas fallecidas entre 1952 y 1974, como resultado de la acción del MLN y otros grupos, incluido «el aparato militar del Partido Comunista». A esto se le sumarían personas heridas o secuestradas, como el exdirigente colorado Sergio Molaguero.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, recuperado por la National Security Archive, fechado el 8 de octubre de 1972 –al que accedió Brecha–, refiere que entre 1966 y 1972 los grupos guerrilleros fueron responsables de la muerte de 45 personas en Uruguay, entre militares, policías y civiles. El primer caso relevado ocurrió en 1966: el policía Antonio Silveyra Regalado falleció durante un enfrentamiento armado, en el marco de uno de los primeros procedimientos policiales contra el MLN.
Según el informe diplomático, la lista incluye 27 policías, diez militares y ocho civiles. Entre los civiles aparecen Burgueño, el guardia de seguridad Antonio Manuel Tejera (muerto durante un asalto a una sucursal bancaria), el peón rural Pascasio Báez, Juan Andrés Bentancur, el chofer de ómnibus Vicente Orosa y el policía retirado Luis José Barbizón. También están incluidos el exsubsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara (señalado como uno de los ideólogos del Escuadrón de la Muerte) y Dan Anthony Mitrione, un exagente de la CIA que llegó a Uruguay como jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En este listado no aparecen Roque Arteche, un exrecluso que adhirió al MLN en el Penal de Punta Carretas, ni Rafael Guidet Piotti, fallecido en 1969 al resistirse a un robo en su casa.
OTRO RELATO
Otro de los asuntos abordados por la Asociación Toda la Verdad con el presidente refirió a una eventual ley de reparación a las víctimas. Días atrás el diputado Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto) aseguró estar trabajando en un proyecto de ley para otorgar una pensión económica a estas personas: «Creemos que hay que hacer justicia para todos los lados, y este es un tema pendiente» (El Observador, 11-VIII-20).
Según Burgueño, la asociación está evaluando algunos proyectos que implican una reparación a todas las víctimas, incluidos muertos, heridos y secuestrados. Uno de los proyectos está en línea con la propuesta impulsada por el exdiputado colorado Daniel García Pintos, que fue enviado por el expresidente Tabaré Vázquez, en 2007, al Parlamento, pero que no obtuvo el respaldo de la bancada del Frente Amplio.
«Evaluamos una posibilidad que tenga el apoyo de la mayor cantidad de partidos, que sea una ley espejo de la ley de reparación a víctimas del terrorismo de Estado», afirmó Burgueño. ¿Cuál fue la respuesta de Lacalle Pou ante este planteo? «Nos dijo que estaba radicalmente de acuerdo y que teníamos todo el apoyo.» La idea es que este proyecto incluya a todas las víctimas sin importar su condición: «Las víctimas son víctimas, tengan uniforme o no».
Sin embargo, la idea de incorporar a todo el universo de víctimas tiene un obstáculo: las familias de policías y militares caídos en actos de servicio ya cobran una pensión. La ley 13.793, aprobada en 1969, estableció una pensión para «los causahabientes de los policías fallecidos en acto del servicio propio de la función policial activa, o con motivo o a causa de dichos actos»; en tanto, la ley 13.911, aprobada en 1970, reguló la pensión para el caso de los militares muertos en actos de servicio.
La propuesta de cobrar una pensión económica también fue abordada por los organismos estatales. La Institución Nacional de Derechos Humanos recibió en 2016 dos solicitudes de víctimas de acciones del MLN. Las solicitudes fueron presentadas por Rafael Guidet Pascal –hijo de Rafael Guidet Piotti– y por la familia de Hilaria Quirino, la empleada herida en la explosión en el Bowling de Carrasco en setiembre de 1970.
En ambos casos, las víctimas pretendieron ampararse en las leyes 18.033 y 18.596, pero su petición fue rechazada por el Poder Ejecutivo. Tras recibir la solicitud, la Institución Nacional de Derechos Humanos reclamó la opinión del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que se pronunció en términos similares: las leyes referían a la reparación de víctimas del terrorismo de Estado, es decir, de la acción ilegítima del Estado, pero no incluía a víctimas de los grupos guerrilleros. La Institución entendió que «el Poder Ejecutivo actuó conforme a derecho», aplicando el marco jurídico vigente respecto a leyes de reparación.
