Esta historia de la venta del cine teatro Plaza a una multinacional religiosa y la movida por su mantenimiento como sala de espectáculos de acceso público ha dado bastante que hablar. Desde el rol del Estado en la preservación de los espacios culturales hasta la pertinencia de una normativa más precisa en cuanto al uso del suelo en las áreas céntricas, pasando por la libertad de cultos y el rol del capital como principal vector en las dinámicas de desarrollo urbano.
Pero hay una cuestión que roza de manera tangencial el episodio y sobre la cual vale la pena reflexionar: la absoluta discrecionalidad con la que operan en nuestro país las organizaciones vinculadas con las prácticas religiosas. Si la inmunidad del cuerpo doctrinario de una religión frente al sentido crítico es inherente a...
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