La decisión estaba tomada. Era solo una cuestión de tiempo. El Frente Amplio (FA) presentó, este miércoles, una denuncia penal por el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa Katoen Natie (propietaria del 80 por ciento de la Terminal Cuenca del Plata) que extiende por 50 años el contrato para la explotación de la terminal de contenedores del puerto. Este acuerdo es «infirmable», aseguró el senador Charles Carrera, tras radicar la denuncia penal en fiscalía.
La denuncia, a la que accedió Brecha, recoge el grueso de las críticas planteadas por el FA durante la interpelación al ministro (interino) de Transporte, Luis Alberto Heber, alma máter del acuerdo transaccional. La oposición sostiene que el Ejecutivo tuvo un accionar «arbitrario, abusivo y fuera de la ley», que generó un beneficio indebido para la transnacional belga.
El escrito señala que el acuerdo tuvo su génesis en la amenaza de un juicio por 1.500 millones de dólares de Katoen Natie contra el Estado, nunca concretado, y que existían argumentos sólidos para defenderse. Los negociadores del gobierno, empero, optaron por ceder ante los intereses de la empresa. Esta decisión se adoptó «sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como “dueños del Estado”». «[…] La inexistencia de asesoramiento jurídico documentado que respalde las decisiones evidencia que las autoridades actuaron con conciencia y voluntad de violar la normativa», se indica en el escrito. En la denuncia se alude a información, recogida por este semanario, referida a los juristas Carlos Delpiazzo –quien confirmó a Brecha haber emitido dictámenes a pedido de Katoen Natie– y Graciela Ruocco, ambos mencionados por Heber como autores de informes que sirvieron de respaldo para suscribir el acuerdo. El ministro prometió dar a conocer esos informes, pero luego los ocultó (véase «Flojo de papeles», Brecha, 23-VII-21).
De esta forma, el FA apuntó que la amenaza de juicio fue parte de una estratagema pergeñada para sentar las bases de la renegociación. «Se está denunciando que existió una confabulación entre autoridades del gobierno y representantes de la empresa Katoen Natie para arribar a un acuerdo ilegal y que dichas autoridades no dudaron en eludir los procedimientos administrativos correspondientes […] para lograr que el hecho se consume sin obstáculos.»
Este acuerdo –dice– modificó elementos esenciales del contrato original, en beneficio de la empresa, con la consagración de un monopolio privado por 60 años, contraviniendo la Ley de Puertos y todas las normas sucesivas que abogan por la libre competencia en el puerto. Todo esto se hizo bajo un estricto secretismo («a escondidas») y omitiendo las normas básicas de la gestión administrativa. Según la oposición, estas medidas expusieron al Estado a acciones legales por parte de las empresas perjudicadas por el monopolio ilegal que se está instalando, pero también un perjuicio significativo para el Estado, estimado entre los 1.000 y 2.000 millones de dólares.
En su escrito, la oposición apunta a Heber y al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, como responsables del acuerdo, y también al subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Y menciona que estos funcionarios podrían haber incurrido en los delitos de usurpación de funciones, falsificación ideológica, abuso de funciones y conjunción de interés personal y público. Además, plantea dilucidar cuál fue el rol ejercido por el abogado Augusto Durán Martínez, representante de la empresa belga, en las negociaciones para lograr este acuerdo (véase «Aquí y allá, el muy zorrito», Brecha, 14-V-21).
En este contexto, el presidente Luis Lacalle Pou escribió un tuit en el que se hizo responsable por el acuerdo: «Quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad». Palabras que desde la oposición fueron entendidas como un intento de presionar a la Justicia, en concreto, al fiscal Ricardo Lackner, que tendrá a su cargo la investigación.
