En la votación presidencial del 19 de diciembre, se pedirá a los chilenos que elijan entre un ultraderechista apologista de Augusto Pinochet y un socialdemócrata, y no, como afirman algunos medios internacionales, como The Economist y Financial Times, entre «dos extremistas» que ofrecen diferentes variantes de populismo. En la primera vuelta, que atrajo a las urnas solo al 47 por ciento del electorado, José Antonio Kast –miembro de la Cámara de Diputados y fundador del nacionalista Partido Republicano– obtuvo la mayoría, con 1,96 millones de votos (28 por ciento de los emitidos). En segundo lugar, con 1,8 millones de votos, quedó Gabriel Boric: también miembro de la Cámara de Diputados, exlíder estudiantil convertido ahora en candidato de Apruebo Dignidad, que incluye a la coalición de la nueva izquierda conocida como Frente Amplio y al pacto electoral Chile Digno, integrado por el Partido Comunista, ecologistas, regionalistas y la izquierda cristiana. Los analistas quedaron descolocados: después del levantamiento popular contra el neoliberalismo y contra la constitución de Pinochet, ¿cómo pudo un neofascista desembozado ser el candidato con más apoyo?
En 2017 Kast se postuló como un independiente a la derecha del actual presidente, Sebastián Piñera, y quedó en cuarto lugar, con medio millón de votos (casi el 8 por ciento). En esta ocasión, más que triplicó su apoyo, capitalizando la base electoral de 1,6 millones que votaron rechazo en el plebiscito de la constituyente de octubre de 2020. Logró elevar su perfil con sus apariciones constantes en la televisión –donde propuso cavar zanjas en la frontera para mantener alejados a los inmigrantes– y su alianza contra la «ideología de género» junto con los evangélicos. Boric, por otro lado, defiende una plataforma socialdemócrata moderada, que incluye un sistema nacional de salud mixto, un nuevo plan de pensiones y un sistema nacional de cuidados con subsidios para el trabajo doméstico. Recibió la misma cantidad de votos que cuando se postuló en las primarias de Apruebo Dignidad, en las que venció al candidato comunista Daniel Jadue por amplio margen.
LAS PROPUESTAS DE KAST
La política de Kast es heredada. Su padre, Michael Kast, fue un soldado nazi que logró escapar a Chile después de la guerra con documentos falsos de la Cruz Roja. Y su hermano mayor, Miguel, fue un Chicago boy que trabajó para Pinochet como jefe de Odeplan a finales de los setenta (supervisando el plan de ajuste neoliberal), luego como ministro de Trabajo en 1980 y, finalmente, como presidente del Banco Central en 1982. José Antonio estudió derecho y está en la política desde 1996: primero como concejal en el municipio rural de Buin, más tarde como diputado por cuatro mandatos consecutivos. Fue un miembro de larga data de la Unión Demócrata Independiente –el partido fundado en 1983 por el jurista y asesor de Pinochet Jaime Guzmán–, hasta que dimitió en 2016 para organizar a las elites que querían revivir el legado del exdictador. En colaboración con la Alliance Defending Freedom –una organización fundada por el fiscal homófobo estadounidense Alan Sears, que reúne a representantes católicos y evangélicos que dicen defender a la familia tradicional–, Kast organizó una cumbre internacional de políticos ultraconservadores para discutir el futuro de Chile. En 2019 lanzó el Partido Republicano, que ahora trabaja en el Congreso con la derecha evangélica.
Su programa presidencial de 2021 –que promete «restaurar el orden» y recuperar a Chile de las garras de una supuesta insurgencia comunista– propone reducir los impuestos a las grandes empresas y eliminar el impuesto a la herencia; otorgar inmunidad legal a las fuerzas armadas; que el Estado financie la defensa legal de cualquier policía que «sea detenido injustamente por cumplir su deber»; modificar los protocolos de uso de la fuerza de policías y militares, «de modo de no ser juzgados por haber hecho un uso excesivo de ella, judicial o administrativamente»; dar al presidente amplios poderes para reprimir a la disidencia; establecer una «coordinación internacional antirradicales de izquierda» para «identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados»; cerrar el Instituto de Derechos Humanos; salir de las Naciones Unidas; derogar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas; decretar «el término del Ministerio de la Mujer»; crear incentivos económicos solo para «parejas casadas legalmente» (la intención es beneficiar solo a los matrimonios heterosexuales), y eliminar la «ideología de género» de los planes de estudio.
CENTRISMO RADICAL
Cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta, la centroizquierda comenzó a entrar en pánico. Los candidatos de la derecha «renovada» y de la ex-Concertación obtuvieron el 24 por ciento. Además, un independiente que representa el segmento aspiracional y meritocrático de las clases populares y medias, Franco Parisi, fundador del populista Partido de la Gente –que se compromete a aliviar las presiones sobre consumidores y emprendedores–, obtuvo el 12,8 por ciento. Dado este panorama electoral, Boric tiene que elegir: o bien corteja a los votantes centristas, separándolos de la extrema derecha, o bien se dirige al 53 por ciento del padrón que optó por no participar en absoluto de las elecciones (cuya mayoría proviene de las clases populares y ha sido marginada o desatendida por todos los partidos del espectro político).
Las cifras de participación electoral han disminuido de manera progresiva desde la transición chilena a la democracia en 1990. La euforia inicial de las elecciones libres posdictadura fue rápidamente reemplazada por la apatía, gracias al estado de parálisis e indiferencia que caracterizó a los sucesivos gobiernos de centroizquierda. El Frente Amplio, una coalición arraigada en los movimientos estudiantiles de 2011, con los que Boric estuvo asociado, inicialmente pareció ofrecer una alternativa. Sin embargo, ya ha abandonado también su carácter antisistema por una postura más «madura» y «responsable». Sus críticos de izquierda hace tiempo que lo tildan de «amarillo», por su tendencia a evitar la confrontación y adoptar posturas complacientes y a mitad de camino. No fue sorprendente, por tanto, que, una vez comenzada la campaña electoral, Boric decidiera atender principalmente las preocupaciones de los votantes pro-establishment, alarmados por los ataques a la propiedad producidos a raíz del levantamiento de octubre de 2019.
El candidato socialdemócrata ha seguido hasta ahora la fallida estrategia de intentar derrotar a la extrema derecha en su propio terreno. Consiguió el respaldo del Partido Demócrata Cristiano después de reunirse con sus líderes y buscó ganarse a los grandes empresarios de la Confederación de Producción y Comercio, con los que inició conversaciones para calmar sus «legítimas ansiedades y temores». Tras rechazar el reclamo popular de liberar a todos los presos de la revuelta (véase «La revuelta encarcelada», Brecha, 23-X-20), Boric ha pedido mano dura contra los manifestantes acusados de quemas y saqueos, a pesar de que tales denuncias en muchos casos han sido inventos de la Policía (de hecho, cinco informes separados han documentado violaciones de derechos humanos perpetradas por carabineros y casos de agentes provocadores infiltrados en las manifestaciones e involucrados en actos vandálicos, incluida la destrucción del Hotel Principado). Como miembro de la Cámara Baja, Boric aprobó la llamada ley antibarricadas, que criminaliza la protesta e impone penas de prisión de entre dos meses y cinco años a quienes ocupan espacios públicos o construyen barricadas. Más tarde se disculpó por respaldar esa ley, admitiendo que daba más poder arbitrario a la Policía y los jueces, pero hasta hoy se niega a apoyar los indultos para quienes han sido encarcelados a causa de ella.
Boric ha sido tanto alabado como criticado por su actitud conciliadora hacia la derecha. Un mes después del levantamiento de 2019, fue uno de los líderes opositores invitados por el gobierno para negociar los términos del proceso constituyente. Una conversación que se inició en un baño de hombres con el senador de extrema derecha Juan Antonio Coloma terminó 15 horas después con el Acuerdo por la Paz Social, firmado a las dos de la madrugada (véase «El pulso por el futuro», Brecha, 6-XII-19). Este acuerdo estipulaba que se requería una mayoría cualificada de dos tercios en la Convención Constitucional para aprobar nuevos artículos constitucionales, dando poder de veto efectivo a los intereses de la elite, y creaba la obligación de respetar los tratados comerciales existentes. (Desde entonces, el presidente Piñera ha estado presionando al Congreso para acelerar la ratificación del Acuerdo Transpacífico-TPP11, que obligaría al Estado a pagar multas abrumadoras a empresas privadas en caso de que se decidiera nacionalizar recursos naturales.)
Boric ya se ha congraciado con la ex-Concertación e, incluso, apuesta a hacerlo con la coalición de gobierno, a la que implora unirse contra la amenaza del fascismo. Su nueva directora de campaña para las elecciones del 19 de diciembre, Izkia Siches, ha anunciado que un eventual gobierno de Boric considerará la continuidad en el cargo de la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza (aunque Daza pidió licencia sin goce de sueldo para hacer campaña por Kast). Siches también invitó a sumarse al equipo de campaña de Boric a Sebastián Sichel, candidato presidencial de la derecha y exministro del gobierno de Piñera. Semejante alianza electoral solo podría formarse a costa de abandonar la lucha contra el modelo neoliberal y contra los partidos que lo han administrado durante tres décadas.
¿PARÁLISIS CONSTITUYENTE?
Si bien se espera que el porcentaje de votos de Kast alcance el 40 por ciento en la próxima vuelta este domingo, dado que todos los partidos de derecha lo respaldan, Boric cuenta con el apoyo de todos los partidos de la ex-Concertación, aunque algunos líderes democratacristianos permanezcan escépticos. Parisi se ha negado a respaldar a Kast, pero hasta ahora guarda silencio sobre Boric. De todos modos, la estrategia «antifascista» de Boric parece estar dando resultados y las encuestas lo sitúan entre 3 y 13 puntos porcentuales por delante de su rival. A este ritmo, el socialdemócrata tiene todo para ganar por un cómodo margen, aunque será inevitable un estancamiento legislativo, ya que los partidos de derecha capturaron la mitad de las bancas en ambas cámaras del Congreso.
Dado que se prevé que la nueva Constitución sea ratificada en setiembre de 2022, Boric tendrá que comenzar a implementarla por decreto o retrasar su promulgación hasta que cambie la aritmética legislativa. Si elige la segunda opción, provocará la indignación y la frustración generalizadas en la clase trabajadora. Esto podría abrirle la puerta a Kast, quien saldría beneficiado de una mayor erosión de la confianza en la democracia liberal. Con un Congreso paralizado y un presidente socialdemócrata que podría no estar dispuesto a gobernar por decreto para evitar que lo llamen tirano, las perspectivas de transición a un nuevo orden sociopolítico lucen sombrías. La olla a presión está otra vez sobre el fuego.
Si la esperanza es superar el miedo y la parálisis, se necesitarán nuevos mecanismos políticos para aflojar el control de las fuerzas reaccionarias y reformular radicalmente la Constitución. En los últimos meses, la Convención Constitucional ha escuchado testimonios de organizaciones populares que demandan poder de decisión a nivel local y procedimientos de democracia directa para descentralizar el poder, proteger el medioambiente y combatir la corrupción. Dar a los ciudadanos el derecho a la iniciativa legislativa, a derogar leyes corruptas, cancelar proyectos extractivistas y destituir a sus representantes no solo permitiría transformaciones estructurales urgentes (como la derogación del injusto sistema de pensiones), sino que también les daría un ritmo adecuado a esas transformaciones. El paso de un modelo neoliberal a uno socialdemócrata requiere un intenso trabajo legal y de políticas públicas en lugar de negociaciones muertas e inmovilidad política. La estabilidad que espera Boric será esquiva. Retrasar la aprobación de reformas socioeconómicas esenciales no evitará futuras erupciones de descontento popular: solo pondrá en peligro el frágil statu quo al que está tan apegada la clase dominante.
* Doctora en Teoría Política especializada en Derecho Constitucional por la Universidad de Columbia y docente e investigadora de la Iniciativa Eric H. Holder para los Derechos Civiles y Políticos en la Columbia Law School. Es autora de República plebeya. Guía práctica para constituir el poder popular (Sangría Editora, 2020) y Corrupción sistémica. Ideas constitucionales para una república antioligárquica (Princeton University Press, 2020).
(Tomado de New Left Review. Traducción de Brecha.)
