Un “contrato social” –o un compromiso político y social en torno a un modelo de desarrollo nacional– supone no solamente un régimen de protección social, sino también un patrón de desarrollo económico y un sistema político-institucional. Implica una inclusión amplia y el desarrollo de la ciudadanía política y de la ciudadanía social, mediante progresos democráticos, asignación de derechos y respaldos de cultura cívica. La experiencia histórica de América Latina, como la de Europa, indica que un contrato social o un estado de compromiso es primordialmente obra del liderazgo político, debiendo distinguirse los casos en que median sistemas de partidos, plurales y competitivos, de aquellos casos en que esto no ocurre. La alternativa de ejercicios políticos con partidos o sin partidos se ha pr...
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