El pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández por el cobro de sobreprecios en la obra pública de la provincia de Santa Cruz desató una ola de indignación en el oficialismo y un sector de la oposición. «Doce años de prisión, uno por cada año de gobierno», ironizó la propia Cristina Fernández en su descargo mediático.
La causa, uno de los cinco procesos judiciales que enfrenta la vice, llegó al juicio oral y ya está en instancia de alegatos. Para el fiscal Luciani está probada la responsabilidad de 12 exfuncionarios estatales y empresarios en el pago excesivo con fondos públicos a algunas empresas constructoras, entre ellos la del empresario Lázaro Báez, amigo del expresidente Néstor Kirchner. Según la acusación, los costos de las obras implicadas triplicaban el valor habitual.
Por su parte, Cristina Fernández denuncia irregularidades en la tramitación de la causa. Documentos fraguados, hipótesis presentadas como pruebas, testigos que desdicen las acusaciones del fiscal y hasta falsos testigos son algunas de las observaciones que ha hecho la vicepresidenta y que según ella ni el juez instructor ni el tribunal oral han tomado en cuenta. El domingo 7, Página 12 publicó fotos del fiscal Luciani y de uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri, con quien posa sonriente en algunas imágenes. Giménez Uriburu es hijo de un militar ligado a la última dictadura y «está casado con la hija del responsable de la masacre de Margarita Belén (el asesinato de 11 militantes peronistas en la provincia del Chaco en 1976)», denunció Cristina Fernández durante un alegato de una hora y media, transmitido por su canal de Youtube luego de que la dirigenta denunciara que no le permiten hacer su descargo ante el tribunal que la juzga.
La causa se inició en 2016 bajo el gobierno de Macri por una denuncia ante la justicia federal del entonces director nacional de Vialidad, Javier Iguacel. Ya en ese momento, Fernández denunció persecución política contra ella y algunos exfuncionarios de su gobierno. También lo hizo cuando en 2017 fue condenado su exsecretario de Obras Públicas José López por ocultar bolsos con dinero en efectivo en una casa religiosa. La hoy vicepresidenta ha señalado una serie de registros telefónicos que demostrarían vínculos estrechos entre López y Nicolás Caputo y Daniel Angelici, dos empresarios del entorno de Macri, y ha sostenido que el dinero que el exjerarca buscó ocultar en aquella oportunidad provenía de una maniobra macrista y no de un entramado de corrupción kirchnerista, como se ha sostenido hasta el momento.
Para su tesis, la vice puede respaldarse en antecedentes del macrismo, como los de algunas oscuras figuras que intentaron fraguar pruebas contra personas vinculadas a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó una condena a cuatro años de prisión por extorsión contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y a dos años de prisión contra los agentes de inteligencia Hugo Barreiro y Claudio Álvarez, quienes durante el gobierno de Macri chantajearon a un grupo de empresarios cercanos a las administraciones kirchneristas. La Justicia aún tramita otras causas que involucran a D’Alessio en un estructura de extorsiones y testigos falsos que habría contado con la participación del periodista del diario Clarín Daniel Santoro, el fiscal macrista Carlos Stornelli y el hoy fallecido juez federal Claudio Bonadío, estructura que de acuerdo a la acusación habría permitido armar varias de las causas de corrupción que ha debido enfrentar Cristina Fernández.
Para el caso de la obra pública en Santa Cruz, los alegatos de la defensa de la expresidenta se iniciarán el 5 de setiembre y se espera que haya una sentencia para febrero de 2023. Los abogados de Cristina Fernández advirtieron que apelarán en caso de condena y si es necesario llevarán el caso hasta la Corte Suprema, un proceso que puede demandar varios años. Por lo tanto, la posible proscripción no tendría efectos antes de las próximas presidenciales de fines de 2023.
De las cinco causas judiciales en las que está involucrada, Cristina Fernández ya fue sobreseída en tres, pero aún restan revisiones de los tribunales superiores. Se trata de los expedientes conocidos mediáticamente como «dólar futuro», «memorándum de entendimiento con Irán» y «Hotesur». La causa de los llamados cuadernos de la corrupción ya fue elevada a juicio oral, pero aún no tiene fecha de inicio.
