El 28 de julio de 2022 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el medioambiente saludable como un derecho humano. Los Estados miembros afirmaron que estamos experimentando una triple crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, que ponen en riesgo la vida en el planeta. Estas crisis se relacionan con la actividad humana, con la sobreexplotación del sistema productivo dominante. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)1 advierte que el capitalismo no es sostenible; los modos de producción del sistema agroindustrial, en particular, contribuyen a estas crisis. Además, se afirma que esta situación no afecta a todas/os por igual, en especial, quienes sufren y sufrirán las peores consecuencias son los/as niños/as, mujeres y personas de bajos ingresos, así como los países del sur global. En 2021, el relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y la eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos informó sobre la grave situación de Uruguay.
¿Cuáles son las obligaciones del Estado para proteger este derecho? ¿Cómo podemos monitorear, fiscalizar y cuidar que las políticas de Estado no destruyan nuestro ambiente?
Esta nueva disposición de la ONU se suma a otros instrumentos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico interno, especialmente al Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, que nos sirven como herramientas para exigir responsabilidades a los gobiernos e impugnar políticas que ponen en riesgo nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, limpio y sostenible.
¿Qué obstáculos enfrentamos en Uruguay para hacer realidad el derecho a vivir en un ambiente saludable, sostenible y socialmente justo? En este marco, evaluamos algunas de las últimas políticas que promueve el Estado con relación a la producción agroindustrial. Este modo de producción depende de combustibles fósiles, fertilizantes, plaguicidas y del monocultivo, genera emisiones de carbono, contamina e insume grandes cantidades de agua y reduce la biodiversidad. A pesar de ser una de las más grandes industrias a nivel mundial, no garantiza la seguridad alimentaria de gran parte de la población del planeta ni la de nuestro país.
En Uruguay existen una serie de nuevas políticas estatales con respecto a la producción de alimentos que, vistas en conjunto, atentan contra la protección del ambiente y la salud humana. Por un lado, se desarmó el sistema de certificación orgánica vigente desde 2008 (decreto 557/008) y, al mismo tiempo, a través de un decreto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) (175/2022), se inhabilitó el Sistema Participativo de Garantía (SPG) de la Red de Agroecología del Uruguay, que era la entidad autorizada desde 2015 para la certificación. Es decir, mediante este decreto hay un retroceso jurídico al no reconocer los SPG como forma de certificación. Se crea así una situación precaria para productores/as que invirtieron en producir con base en principios agroecológicos e incertidumbre para la confianza de los/as consumidores/as en las garantías de producción ecológica de nuestro país. El decreto 175/022 también desdibuja el concepto de producción orgánica e iguala la producción orgánica con la agricultura integrada.
Por otro lado, gracias a la resolución 672/022 de la Dirección General de Servicios Agrícolas, los sistemas de fiscalización del uso de agroquímicos en la producción agropecuaria retroceden en garantías para la protección de la salud de las personas o el ambiente, pues se dispone que estos informes sean voluntarios para productores que usan agroquímicos en cultivos propios o con tanques de 1.000 litros. Así, se abandonan, de hecho, los registros completos o fiables que permitan un monitoreo de la situación. No se producen datos, por lo que no se puede saber si existen impactos por el uso de agroquímicos en la salud humana ni en el ambiente.
Esta falta de información sobre el uso de agroquímicos pone en riesgo la salud del ambiente y las personas. Estudios recientes de la Universidad de la República (Udelar) muestran que existen rastros de agroquímicos en la sangre de personas que trabajan y viven en zonas donde se utiliza este tipo de insumos para la producción agropecuaria, y también se identificaron gran cantidad de consecuencias en la salud.2 Los y las trabajadores reunidos en la Unatra (Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines) también criticaron la medida porque flexibiliza disposiciones que protegen su salud.
Por último, en el artículo 194 del proyecto de rendición de cuentas, actualmente en discusión, se cambia el sistema vigente de bioseguridad (decreto 353/008). Se restringen los actores institucionales que participan del comité técnico que evalúa la aprobación de organismos genéticamente modificados y abren las posibilidades de uso de nuevas técnicas de mejoramiento en cultivos sin previa información o discusión a nivel nacional. La edición génica, otra forma de ingeniería genética, se utiliza en la producción agropecuaria con el objetivo de mejorar cultivos, con resistencia a plagas o a sequías, por ejemplo. El principal problema de esta nueva tecnología es que no existe una evaluación de los potenciales riesgos que presenta a la salud humana y al ambiente. Quienes impulsan fuertemente estas tecnologías están vinculados a grandes corporaciones multinacionales que miran los beneficios económicos a corto plazo y utilizan como criterio minimizar riesgos en vez de priorizar la precaución de daños. A su vez, el artículo 193 del proyecto de ley abre la puerta a la evaluación privada de riesgos. Por lo tanto, las mismas empresas desarrolladoras de tecnologías podrán evaluar sus productos e incidir en el diseño de políticas públicas alimentarias. Esto infringe el derecho a la participación y la elaboración pública y democrática de la población, también consagrado en el Acuerdo de Escazú. ¿Dejaremos en manos de empresas privadas la evaluación de riesgos sobre los alimentos de todos y todas las uruguayas?
El Colectivo TÁ de la Udelar difundió una declaración pública en la que solicita al Parlamento la no aprobación de estos artículos, ya que incumplen normas jurídicas constitucionales e internacionales a las cuales el país adhiere, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en sus beneficios, además del ya mencionado Acuerdo de Escazú, entre otros. Este último acuerdo reconoce el derecho a la información, la participación y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. En este caso, la Unesco también promueve un debate abierto sobre la aprobación de metodologías de edición génica, ya que tienen implicaciones en el ámbito bioético, porque, una vez aprobados estos organismos, transforman los ecosistemas sin que se pueda dar marcha atrás. En un contexto de pérdida de biodiversidad, crisis hídrica y empobrecimiento de los suelos, la precaución parece ser un principio a tener en cuenta si lo que buscamos es defender el derecho a vivir en un ambiente sano.
Estas normas recientes no respetan el principio de no regresión en derechos humanos y ambientales, que estipula que no puede haber retroceso una vez alcanzados ciertos niveles de protección jurídica sobre derechos individuales y colectivos. En Uruguay, este principio está expresamente consagrado en el artículo 6, literal C, de la Ley General de Protección del Ambiente (17.283), lo que lo hace un principio de aplicación obligatoria en políticas públicas y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país. ¿Quién se beneficia con estos cambios? ¿Qué se necesita para que reaccionemos ante este tipo de ataques a la sostenibilidad de la vida?
El reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano, limpio y sostenible ofrece un horizonte de posibilidades dentro del que luchar por garantizar una vida digna. Desde la Universidad y en colaboración con la sociedad civil proponemos generar espacios donde podamos informarnos, reflexionar y decidir colectivamente qué políticas públicas garantizan nuestro derecho a sostener la vida para nosotros y las próximas generaciones. Como miembros del Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar, les invitamos a participar de instancias públicas donde intercambiar y llegar a consensos sociales que nos permitan construir una vida en común con justicia ambiental y justicia social.
1. IPCC, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 2022.
2. F. Alfonso, N. Bajsa, M. Garau y C. Martínez Debat, «Detección y cuantificación de glifosato en orina mediante ensayo de ELISA», póster, VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología, 2020. A. Bozzo, M. Cadenazzi y R. de Souza, «Importancia de los plaguicidas organofosforados y carbamatos en la salud de la población afectada al trabajo en la producción hortifrutícola de Salto-Uruguay», XIII Jornada Académica Retema, Regional Norte Udelar, Salto, 2015. M. Burguer y D. Pose Román, D. (2012), Plaguicidas, salud y ambiente: experiencia en el Uruguay, ONPLI, Montevideo, 2012. M. Laborde, CIAT, Facultad de Medicina, Udelar, Montevideo, 2022.
