En verano, Cañada Real fue un infierno. En el asentamiento de chabolas ubicado en las afueras de Madrid, en las noches tropicales de los últimos meses, fue casi imposible dormir. Las más de 4 mil personas que viven allí, la mitad niños y niñas, llevan dos años sin luz y, desde junio, con cortes de agua potable durante todo el día. Mientras las zonas más pudientes se daban el lujo de encender los aires acondicionados a toda potencia –con facturas este año al doble de precio–, el barrio más pobre de la capital española, sin ventiladores ni heladeras, sufría en carnes las consecuencias más asfixiantes de una España que arde.
En julio y agosto es normal que Madrid se vacíe. Las personas suelen tomar sus vacaciones, expulsadas por las altas temperaturas que la hacen inhabitable. Pero este año el calor empezó en mayo, y casi no hubo otro tema de conversación hasta que llegó el otoño. Una seguidilla de olas de calor, que triplicaron el promedio de la última década, encadenaron más de 40 días en los que se superaron los 40 grados. Pero no solo en la capital española: estaciones meteorológicas de todo el país alcanzaron registros históricos de temperaturas máximas. Todo indica que el verano de 2022 podría haber sido el más caluroso desde que se tienen datos.
Nadie se puede sorprender. Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) señalan que España es uno de los países europeos más amenazados por el calor extremo. Los científicos alertan que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual, las olas de calor inusuales, que antes sucedían una vez cada 50 años, tendrán lugar todos los años. No hay nada que esperar: o se toman medidas ahora o el impacto será cada vez más irreversible.
«Evidentemente, siempre ha habido olas de calor, pero lo que estamos viendo son olas más largas, porque los eventos climatológicos se están volviendo más extremos. En España está pasando lo mismo que en el resto del arco mediterráneo. Está subiendo el nivel del mar, lo que está afectando las costas, estamos teniendo episodios mucho más largos de sequía y las lluvias tienen un formato mucho más torrencial. Por desgracia, hemos esperado a verlo para creer lo que nos estaban diciendo desde hacía tiempo», señala a Brecha Luisa F. Cabeza, doctora en Ingeniería Industrial y profesora en la Universidad de Lleida, coordinadora por España de uno de los capítulos del último informe del IPCC, Cambio climático 2022: mitigación del cambio climático.
SIN AIRE
Más de la mitad de la población española vive en zonas donde la temperatura promedio ha superado en 1,5 grados centígrados los niveles preindustriales, límite climático establecido en el Acuerdo de París. Incluso hay municipios que han registrado más de 3 grados de aumento promedio en los últimos 60 años. Este verano, cerca de 5 mil personas fallecieron por causas asociadas al exceso de temperatura; un número importante fueron trabajadores que se encontraban desarrollando tareas al mediodía, sobre todo repartidores, albañiles, agricultores y personas que se desempeñaban en servicios de limpieza. La normativa laboral advierte sobre los golpes de calor, sin embargo, muchos empleadores se saltaron las prohibiciones exponiendo a sus trabajadores a jornadas extenuantes al rayo del sol.
También los niveles de ozono troposférico, el «ozono malo», que afecta la calidad del aire, superaron en varias estaciones los límites establecidos. Pero los indicadores en su máximo color rojo no activaron ningún plan para reducir la contaminación. El protocolo solo establece que se informe a la población a través de los medios de comunicación. La exposición al «ozono malo» recrudece la aparición de accidentes cardiovasculares, episodios de insuficiencia respiratoria y enfermedades pulmonares crónicas, como el enfisema y la bronquitis. Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre cómo el cambio climático amplificará y redistribuirá las afecciones existentes, y también causará enfermedades zoonóticas derivadas de la destrucción de ecosistemas, como ha sido la covid-19.
Las altas temperaturas también atizaron los incendios forestales, poniendo en riesgo a distintas poblaciones y destruyendo viviendas y ecosistemas. Este año hubo cerca de 400 incendios forestales, que quemaron un total de 236.197 hectáreas. El cambio climático no es el único factor que provoca este tipo de desastres, pero sí influye en que sean cada vez más comunes, destructivos y difíciles de apagar. Los fenómenos extremos también ocurren cuando bajan las temperaturas. En enero de 2021, la nevada Filomena dejó a una persona en situación de calle sepultada por el temporal de nieve, y también otras tres fallecieron debido a la borrasca.
Aún no es claro lo que pasará en invierno. Lo que sí, la agencia estatal meteorológica pronostica para otoño lluvias torrenciales, conocidas como DANAS (depresión aislada en niveles altos), episodios intensos en períodos cortos de tiempo. Son fenómenos habituales del Mediterráneo, pero que ahora suceden en zonas que no están preparadas para recibir tanto caudal de agua, por lo que provocan grandes inundaciones y destrozos. El año pasado, cientos de madrileños llegaron tarde a sus trabajos cuando las líneas de metro de Madrid se inundaron por trombas de agua nocturnas que afectaron a buena parte de los desagües de la ciudad.
NO HAY PLANETA B
¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo? El IPCC elabora informes de adaptación y mitigación que plantean acciones para que la población se adecúe a los cambios que generó el cambio climático y otras para detenerlo. Según la investigadora Cabeza, el período de confinamiento durante la pandemia, que obligó a reducir la actividad humana de manera excepcional, demostró que todavía hay margen para detener los impactos más nocivos. «La naturaleza revivió. Se veían animales en las ciudades, que nunca vemos, se vio un tipo de vegetación mucho más fuerte. Pero cuando volvimos a la actividad normal esto se revirtió rápidamente. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan una vida mejor que la nuestra, tenemos que hacer algo para cambiar ahora», dice la científica del IPCC.
En 2019, previo a la emergencia sanitaria, Madrid fue sede de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, conocida popularmente como Cumbre del Clima (COP25). Toda la ciudad estaba empapelada con el lema: «Tiempo de actuar», y las intervenciones del presidente español, Pedro Sánchez, apuntaban a un solo camino: «Pasar de las palabras a la acción» (véase «De ambiciones y luchas», Brecha, 12-XII-19). Desde entonces, se han aprobado leyes, creado dependencias y elaborado planes con diagnósticos sobre cómo poner en práctica este compromiso. «Las políticas están ahí, pero los recursos económicos no son suficientes para implementarlas», indica la profesora de la Universidad de Lleida. También Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de la organización Ecologistas en Acción, entiende que no existe una ambición real de promover una transformación. En materia de emisiones, el objetivo del gobierno español se queda corto frente a lo que exige el IPCC. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo, plantea una reducción de emisiones del 23 por ciento para 2030 respecto a 1990, pero los científicos establecen que es necesaria una reducción de, por lo menos, el 55 por ciento.
España es uno de los países europeos más afectados por la escasez de agua. Los acuíferos están sobreexplotados, principalmente por el incremento de las zonas dedicadas a los cultivos de regadío y por el uso de las hidroeléctricas. Andaluz considera que el plan diagnóstico elaborado por el gobierno identifica bien el problema con el agua, «pero no tiene la valentía política para decirle a toda una comunidad de regantes que hay que reducir el número de hectáreas de regadíos o poner freno a algunas prácticas del sector hidroeléctrico. Y hablo de estos lugares porque son el gran volumen de consumo de agua en España, el doméstico no llega ni al 20 por ciento del total». Actualmente, grandes hidroeléctricas, como Iberdrola o Naturgy, están siendo investigadas por el vaciado de embalses en comunidades como Galicia y Castilla y León. Estas compañías cuadruplicaron su beneficio en 2021, superando sus propias previsiones, debido al incremento del precio de la luz.
El invierno duro que se avizora y el miedo a la escasez energética llevaron a la Comisión Europea a plantear por primera vez la posibilidad de un impuesto a las petroleras y gasistas, denominado por la organización como una «contribución de solidaridad» sobre los beneficios extraordinarios. La iniciativa aún no se aprobó, pero tiene el beneplácito de varios países del bloque que se han visto arrinconados por la guerra en Ucrania, que dejó al descubierto la gran dependencia de los combustibles fósiles. España no está supeditada al gas de Rusia, pero, desde hace meses, el gobierno socialista negocia con el Partido Popular un gravamen para recortar las ganancias de las empresas energéticas, además de las de la banca, y utilizarlas para dar apoyo a los consumidores. Luego del anuncio de Bruselas, los populares, que se mostraban reacios a aplicar este tipo de medidas, señalaron que apoyarán el proyecto si sigue la línea europea que se enfoca en las compañías energéticas y no en los bancos.
MÁS AUTONOMÍA
La pobreza energética plantea más que nunca el uso de energías renovables que generen un contexto de autonomía. «Mucha gente está tomando conciencia del tema de la energía por el bolsillo, por la factura tan alta de luz que estamos teniendo. Nos damos cuenta de que el modelo energético que tenemos permite que la gran eléctrica ponga el precio que quiera y se siga beneficiando, mientras nosotros tenemos que pagar lo que nos pide el Estado, que no puede intervenir», señala a Brecha Marta Bordons, integrante del colectivo juvenil Fridays For Future Sevilla. Este verano, varios barrios obreros de Sevilla se movilizaron contra los cortes de luz intermitentes y las elevadas facturas de energía. «En los barrios ricos esto no sucede. Claramente, hay un tema de justicia social», afirma Bordons.
España es el segundo país europeo que produce más energía eólica y solar, por lo que tiene una gran ventaja respecto a sus compañeros de zona. Sin embargo, el proceso de transformación ecológica no es el ideal. Las empresas renovables salen a la caza de amplias extensiones de territorio para instalar sus placas solares, desplazando a los agricultores que quieren seguir produciendo, pero no son dueños de la tierra. «Pasa mucho que la persona que la trabaja no es la misma que la posee. Entonces, si el trabajador de la tierra te da una renta agraria de 1.000 euros por año, mientras la empresa a lo mejor te la da por mes, mucha gente que no está ligada afectivamente a ese territorio le dice al campesino: “Lo dejo porque voy a usar el terreno para este proyecto de renovables nuevas”», indica Andaluz.
La falta de respuesta del gobierno de España frente a la emergencia climática originó que distintas organizaciones ecologistas decidieran llevarlo ante los tribunales. Lejos de las calles, los juicios climáticos son otra herramienta de activismo que presiona a los Estados para que implementen realmente las políticas de mitigación y adaptación. En Francia, la Justicia ordenó al gobierno de Emmanuel Macron que repare, antes del 31 de diciembre de 2022, los daños ecológicos causados por sobrepasar el presupuesto de carbono entre 2015 y 2018. «Muchas veces las organizaciones sentimos que nos hacen perder el tiempo. Hemos hecho muchísimas reuniones de incidencia política, donde nos marean y postergan porque no hay voluntad política. Y sí hay una dependencia total a un cierto lobby, como es el de los combustibles fósiles o de las energéticas», dice la integrante del colectivo juvenil Fridays For Future Sevilla. Recientemente, España reactivó el proyecto del gasoducto Midcat, que busca conectar la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa de Barbaira. «Al final es seguir dependiendo del gas, en lugar de hacer una transición necesaria de justicia climática», sentencia Bordons.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética está compuesta por 40 artículos y múltiples disposiciones. Uno de los pocos cambios que los movimientos ecologistas reconocen como efectivo es el que permite el autoconsumo energético, que habilita a vecinas y vecinos a compartir la energía solar. «Aunque todavía puede ser muy mejorable, al menos ahora hay una posibilidad abierta para que las comunidades y las cooperativas energéticas puedan compartir electricidad hasta un rango de 500 metros a su alrededor. Que si se aumentase a 2 quilómetros, por ejemplo, sería maravilloso. Son pasos hacia adelante en solventar la crisis energética desde la justicia social», señala la integrante de Fridays For Future.
En Cañada Real, donde vive principalmente población gitana y personas migrantes, la falta de energía hace que funcionen de manera muy precaria este tipo de ayudas, a partir de asociaciones vecinales que se juntan para comprar generadores o placas solares. «Eso permite mantener los alimentos refrigerados. Pero no se pueden poner lavadoras al mismo tiempo, hay que alternar, y eso impacta en las labores del hogar. Las mujeres tienen que lavar la ropa a mano», dice María José Sobrino, integrante de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz en Cañada Real. Este verano el barrio priorizó a las personas de edad avanzada que necesitan máquinas de oxígeno, y que en plena ola de calor vieron que su situación se agravaba. «Estas personas necesitan tener electricidad las 24 horas del día, y la verdad lo han pasado realmente mal.»
El viernes 23 de setiembre, distintos colectivos ecologistas participaron de la marcha Acción Global por el Clima, que se desarrolló por el centro de Madrid. Mayoritariamente eran jóvenes, aunque también se podía ver a algunos activistas que desde hace más tiempo vienen exigiendo medidas urgentes al gobierno. Pero a diferencia de las movilizaciones de 2019, que explotaron las avenidas del Paseo del Prado, esta vez la manifestación agrupaba solo dos cuadras largas. «No hemos logrado reunir de nuevo los números que teníamos antes de la pandemia, momento en el que despegamos y había mucha más atención mediática. Eso, dentro del movimiento, ha supuesto frustración y cansancio», dice Bordons. El calor asfixiante del verano encendió las alarmas, aunque, pasados los días, la preocupación frente a un posible futuro abrasador comienza a desaparecer. «Esperemos que los debates continúen, porque si no… pues estamos en problemas».
