Los testimonios de Graciela Borelli, Graciela Sobrino Berardi y Dardo Artigas en el juicio oral por los delitos cometidos en el circuito compuesto por los centros clandestinos de detención argentinos Pozo de Banfield, Quilmes y Brigada de Lanús aportaron datos para circunscribir, al menos, las fechas en las que se produjo una serie de «traslados», una expresión militar en código que podía implicar la muerte directa de los detenidos o, en el caso de víctimas uruguayas, su efectivo traslado a Uruguay. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, donde se volcaron esos testimonios, analiza desde octubre de 2020 los casos de 419 víctimas. De ellas, 22 son uruguayas, casi todas militantes de los GAU (Grupos de Acción Unificadora), secuestradas entre fines de diciembre de 1977 y los primeros días de enero de 1978.
En su testimonio ante el tribunal, Adriana Chamorro, una argentina residente en Canadá que compartió cautiverio con algunos uruguayos, recordó que su compañera de detención María Asunción Artigas de Moyano le contó que los responsables del centro de Quilmes habían ordenado a las prisioneras mujeres preparar sándwiches de milanesa porque al día siguiente iban a trasladar a cinco detenidos a Uruguay. «Era mayo de 1978 y allí ya pierdo contacto con los uruguayos detenidos, porque al día siguiente me liberaron», narró Chamorro. Su testimonio llevó, a fines de junio, a la abogada querellante Pía Garralda a pedir al tribunal que, vía cancillería, libre un oficio al Estado uruguayo para que este notifique cuántos y quiénes son los uruguayos desaparecidos en territorio argentino.
El dato pone el dedo en la llaga. Obligaría a Uruguay a tomar cartas en el asunto de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. Hasta ahora no hubo en este país –desde que fueron retomados los juicios en 2006– participación ni interés de involucrarse en el tema de parte de los sucesivos gobiernos uruguayos. Ningún embajador ni cónsul asistió a las audiencias ni tomó medidas oficiales para seguir los casos de víctimas uruguayas. En 2011, la embajada argentina en Montevideo sirvió de base para que los familiares de uruguayos que habían sufrido secuestro y torturas en Automotores Orletti siguieran las alternativas de la sentencia por televisión en directo. Los diplomáticos uruguayos en Argentina, mientras tanto, no conocen los detalles de los juicios en los que se ventilan casos de ciudadanos uruguayos desaparecidos, según confirmaron a Brecha fuentes diplomáticas de la embajada en Buenos Aires.
PISTAS URUGUAYAS
Por su parte, en las últimas audiencias la fiscal Ana Oberlin hizo hincapié en preguntar a los testigos si estuvieron en contacto con los 22 uruguayos y si saben de la presencia de personal militar o policial oriental en los centros de detención. Pese a que en las últimas jornadas del juicio se han ventilado los nombres de José Gavazzo, Tabaré Daners y Jorge Tróccoli, no se ha imputado aún a ningún militar ni policía uruguayo. Se ha repetido el nombre de una mujer, aparentemente policía, cuyo sobrenombre era Sargento Pepper y cuyo nombre sería Graciela, según algunos de los testigos uruguayos, y el apodo de Saracho, que correspondería a Gavazzo, según los mismos testimonios. El nombre de Daners lo aportó la testigo Soledad Dossetti, quien citó, a su vez, al portero del edificio donde fueron secuestrados sus padres, los uruguayos Ileana García y Edmundo Techeira, el 22 de diciembre de 1977. El portero declaró en el juicio de Roma, donde fue condenado Tróccoli (véase «Culpables, en varios idiomas», Brecha, 16-VII-21), y el tribunal platense ya pidió las actas de ese juicio para incorporar información.
Todos los declarantes aseguran que tanto en los operativos de secuestro, de los que fueron testigos, como en los centros de detención participaron varios represores uruguayos. «Nos dimos cuenta de que eran uruguayos por los datos que manejaban sobre nosotros y por el acento con el que hablaban», declaró el 5 de julio Juan Cardozo, detenido en el Pozo de Quilmes en 1978.
EL JUICIO
El juicio incluye la presentación de más de 400 testigos. En su momento, tenía 30 militares y policías imputados, pero ahora son 15, por las sucesivas muertes de la mitad de ellos. La última fue la del exjefe de investigaciones de la Policía bonaerense, el comisario Miguel Etchecolatz, uno de los más sanguinarios represores de la provincia, fallecido en una clínica el 1 de julio (véase «Desobediencias», Brecha, 15-VII-22).
Entre los testimonios orales vinculados a los 22 uruguayos y uruguayas que pasaron por Banfield y Quilmes, presentados de manera presencial y, en algunos casos, por medios virtuales durante el último mes, están los de: Dossetti; Graciela Sobrino Berardi, hermana de Guillermo Sobrino Berardi; Graciela Borelli Cattáneo, hermana de Raúl Borelli Cattáneo; Carlos D’Elía, hijo de Julio César D’Elía y Yolanda Casco; Paula Eva Logares, la hija del matrimonio de argentinos secuestrados en Montevideo compuesto por Mónica Sofía Grinspon y Claudio Logares; Juan Cardozo, exdetenido en el Pozo de Banfield, y Dardo Artigas, hermano de María Asunción Artigas.
Han sido centrales también los aportes de Chamorro, Alberto Derman, otro argentino que pasó por ese circuito de detención clandestina, y Clara Petrakos, quien no solo busca a sus padres desaparecidos en Banfield, sino también a su hermana, nacida allí. A partir de su paciente y exhaustiva búsqueda, Petrakos aportó a la investigación los nombres de media docena de represores ligados a los escalafones más bajos de la Policía, cuyos nombres ni siquiera fueron mencionados en los llamados juicios por la verdad, desarrollados en La Plata entre 1999 y 2007, en los que se buscó conocer el destino de las personas secuestradas sin penalizar a los responsables.
Con la salvedad del juicio por los crímenes cometidos en Automotores Orletti, el centro clandestino regenteado por los servicios de inteligencia y capitaneado por Aníbal Gordon y su banda de paramilitares, no ha habido en Argentina otra causa con tantos uruguayos involucrados como víctimas.
BACACAY Y LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO
Mientras la causa de Quilmes y Banfield abre la puerta a indagar con más énfasis la situación uruguaya, nuevas pistas se suman gracias al hallazgo, en 2020, del centro de detención de la calle Bacacay, en la capital argentina (véase «El lento desmonte de la mentira», Brecha, 10-VII-20).
El juez federal Daniel Rafecas supone que allí funcionó un centro previo a Orletti, por donde pudieron haber pasado no solo detenidos uruguayos, sino los mismos represores del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas que participaron luego en aquel centro de detención, es decir, Gavazzo, Manuel Cordero y compañía. Por eso Rafecas hizo recientemente un pedido de búsqueda de fichas de militares y policías uruguayos en los archivos del viejo Servicio de Información de Defensa argentino (véase «Nombres y señas», Brecha, 6-V-22), una base de datos que en 2019 la exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño ordenó revisar, sistematizar y poner a disposición de la Justicia.
La nueva gestión de la AFI continúa el trabajo en esa dirección y prometió para fines de octubre los primeros resultados abiertos al público. «Es casi imposible que no haya huellas de militares uruguayos en esas fichas», aseguró a este semanario uno de los investigadores que trabaja en la sistematización de este archivo. «Especialmente porque dentro del organigrama represivo –no solo del operativo Cóndor, sino de la colaboración bilateral entre Argentina y Uruguay– ya había intercambio previo de información, como sucedió con la llegada a Buenos Aires de policías, como Nelson Bardesio en 1972», señaló el investigador.
De esos documentos puede salir nueva información que nutra las causas judiciales y proporcione información a las investigaciones para conocer los puntos de traslado de uruguayos, tanto por vía terrestre como marítima o aérea. La información será, sin dudas, un aporte para profundizar en el destino de casi 150 uruguayos secuestrados en Argentina.
