Con cuentagotas

La Marcha del Silencio, que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convoca cada 20 de mayo, es la más contundente expresión del reclamo por verdad y justicia –una fórmula que sintetiza la necesidad de esclarecer totalmente todos los crímenes de la dictadura militar y de castigar a los culpables en proporción a los delitos cometidos– y también la más masiva adhesión popular a esos objetivos, más allá de ideologías y partidos políticos.

Este año, la marcha será virtual, por razones obvias, pero la adhesión será aún mayor, a la luz de los últimos acontecimientos. Diez días antes de la marcha, el gobierno dio a conocer un conjunto de documentos hallados en un calabozo del cuartel donde reside el Grupo de Artillería 5, cerca de 1.600 fojas que abarcan órdenes y partes de información fechados entre 1972 y 1986. El episodio reviste dos características relevantes: una, que el hallazgo confirma la convicción de que existen numerosos archivos militares que registran las acciones ocurridas durante el terrorismo de Estado y, dos, que el gobierno entregó ese material a la Justicia y a Familiares, y simultáneamente decidió abrir la documentación a toda la ciudadanía, mediante la publicación en la web del Ministerio de Defensa Nacional. Este hecho es excepcional y constituye un antecedente de máxima importancia: refleja el espíritu y la letra del artículo 12 de la ley de acceso a la información pública, que expresamente establece que, en materia de información sobre delitos violatorios de los derechos humanos, no puede aplicarse ninguna censura o restricción a su difusión. Aunque este gobierno ya había dado muestras de una inclinación a otorgar información referida al terrorismo de Estado –en las respuestas del Ministerio de Defensa a los pedidos de acceso a la información y en la entrega a Familiares de legajos de oficiales, uno de los cuales permitió conocer cómo había sido asesinado y desaparecido un detenido–, el compromiso del presidente Luis Lacalle y del ministro Javier García, asumido ante Familiares, permite concluir que esa práctica se convertirá en norma, algo que contrasta con la actitud del anterior gobierno y de varios organismos que aplican diversas restricciones. De todas formas, este compromiso, como se verá más adelante, fue asumido con cautela.

HOLA, ¿QUIÉN HABLA?

Elena Zaffaroni, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, recibió el lunes 10 una inesperada llamada telefónica que la desconcertó. Luis Lacalle le confirmaba, en persona, el hallazgo de la documentación en el Grupo de Artillería 5 y le reiteraba su compromiso, expresado anteriormente en varias ocasiones (véase «La era del hielo», Brecha, 30-IV-21) de colaborar en la búsqueda de restos de desaparecidos. Zaffaroni le adelantó que Familiares iba a cursar un pedido de acceso a la información para conocer el contenido de los documentos y Lacalle le aclaró que no haría falta: «¿No los llamó Javier?».

La llamada del ministro de Defensa, Javier García, no tardó en llegar, y el martes por la tarde Familiares concurría al despacho del ministro para enterarse de lo mismo que, poco antes, en la mañana, el presidente había comunicado al fiscal de Corte Jorge Díaz y a los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos Mariana Mota y Wilder Tyler, convocados a la Torre Ejecutiva. En una inspección por las instalaciones del Grupo de Artillería 5, un soldado encontró cinco libros y dos carpetas; se los entregó al oficial de guardia, quien, a su vez, se los entregó al comandante de la unidad y este lo remitió al comandante de la División de Ejército 1,«y así llegaron a mi despacho», dijo García.

La documentación hallada incluye partes especiales de información del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA), listas de requeridos, incautación de documentos a organizaciones ilegales y algunas transcripciones de interrogatorios a prisioneros.

En una primera y somera lectura, el fiscal Díaz aventuró que el material será relevante para las investigaciones que lleva adelante el fiscal encargado de delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe y también para otros fiscales. Se refería a documentos de 1986 con seguimientos y vigilancias a ciudadanos que, eventualmente, podrían merecer indagación sobre posibles delitos cometidos en democracia. Wilder Tayler opinó que la documentación puede ser un importante soporte de contexto para la búsqueda de restos de desaparecidos. Mariana Mota coincidió en la apreciación, pero opinó que, a su juicio, no se encontrarán datos sobre enterramientos en los archivos militares porque no se abrían expedientes sobre desapariciones. Nilo Patiño, integrante de Familiares, estuvo de acuerdo con que «lo más probable es que [los documentos encontrados en Artillería] no tengan nada sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos para encontrarlos», y tanto Elena Zaffaroni como Ignacio Errandonea convinieron en que este hallazgo confirma la convicción de que los archivos existen; Errandonea lamentó que «aparecen con cuentagotas». Patiño agregó un elemento significativo en una entrevista concedida a La Diaria: «En 1977 empezaron a microfilmar, y cuando microfilmás, significa que eso lo vas a guardar mucho tiempo. La mayoría de los desaparecidos en Uruguay eran detenidos, llevados a una base de operaciones y luego desaparecían. Esos operativos quedaron registrados: se anotó qué equipo lo capturó, quién era el oficial responsable y quiénes estaban a cargo de la base. Hay ejemplos de esto en el “archivo Berrutti”».

LOBO, ¿ESTÁS?

Para Familiares, una documentación clave es el archivo clasificado del OCOA; un estudio de los investigadores de Cruzar, el proyecto universitario de sistematización de archivos militares, permitió establecer su ubicación. Puesto que el OCOA operó en los dos centros clandestinos de donde desaparecieron decenas de prisioneros, y puesto que toda su documentación fue microfilmada, el acceso a esa documentación podría ser un paso decisivo en la ubicación de restos.

La documentación, con elementos precisos sobre el lugar donde se instaló el archivo clasificado del OCOA, fue entregada hace ya un año a Lacalle, pero hasta ahora no hubo noticias ni respuestas de las gestiones supuestamente llevadas a cabo. Ese archivo clasificado –que en su momento el general Esteban Cristi ordenó guardar en cajas fuertes con barreras de seguridad en el primer piso del edificio de la avenida Agraciada, asiento de la División de Ejército 1– fue parte del intercambio entre el ministro García y los delegados de Familiares en la reunión del martes 11. Cuando se le preguntó qué novedades había respecto a la documentación entregada al presidente, el ministro contestó: «Toda información y documentación que me llegue será comunicada». Se le pidieron detalles sobre las eventuales gestiones para ubicar el archivo del OCOA y el ministro se limitó a reiterar la fórmula: «Cuando me llegue…», etcétera.

La supuesta actitud pasiva del gobierno en la búsqueda de archivos militares permite varias especulaciones. Una de ellas es que, a partir de la documentación entregada al presidente, se hicieron gestiones internas en el Ejército que hasta el momento no han dado resultado. Otra posible explicación es que esas gestiones generaron reacciones en distintos niveles, que obligaron al gobierno a mantener una actitud cauta. Una tercera especulación es que el problema de la documentación sobre el terrorismo de Estado es un tema tan hermético –como la omertà de los oficiales involucrados– que el gobierno, aun con la intención de avanzar en el tema, no tiene, al menos por ahora, la fuerza suficiente como para derribar murallas.

En vísperas del 20 de mayo, la aparición de la documentación del Grupo de Artillería 5 resultó en extremo oportuna.