Este lunes, mediante un breve mensaje grabado, el senador Guido Manini Ríos finalmente develó cuál sería su actitud en la votación del pedido de desafuero que lo tiene como protagonista. Ahora sabemos que se retirará de sala. Manini adujo que se le hizo ver que los fueros no eran del legislador, sino de la cámara, que las circunstancias habían cambiado, etcétera. En fin, sarasa. El anuncio difícilmente pudo generar sorpresa. Como ocurre en esas series torpemente guionadas, el desenlace era previsible desde el comienzo. Porque la verdad es que Manini buscó desde el principio la protección que le otorgarían los fueros, incluso antes de tenerlos, como recordó esta semana el periodista Leonardo Haberkorn. En octubre de 2019, cuando era inminente su imputación en la causa por la que ahora se pide su desafuero, su defensa promovió un recurso de inconstitucionalidad que era, a todas luces, una jugarreta para ganar el tiempo necesario y conseguir el aforamiento, cosa que obviamente iba a conseguir, y que consiguió, en las elecciones que se desarrollarían pocos días más tarde. Entonces dijo que no buscaba la protección que le otorgarían los fueros. Y si no la buscaba, ¿para qué promovió la jugarreta? ¿Por qué entorpeció el proceso? Hasta el lunes pasado Manini repitió ante cuanto micrófono le pusieron enfrente, siempre en tono marcial y desafiante, que, llegado el caso, no se refugiaría en los fueros. Era imposible creer que eso fuera verdad. El lunes quedó confirmado que no lo era.
Pocos días antes había quedado confirmada otra cosa, en este caso a través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia: la condena a los represores José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por el caso de María Claudia García Irureta Goyena.
Se trata de un caso emblemático, por muchos motivos. María Claudia García era una jovencita argentina, de 19 años, embarazada de siete meses, sin vinculación alguna con la política uruguaya. Cuando estaba detenida en el campo de concentración conocido como Automotores Orletti, en el barrio porteño de Floresta, donde los uruguayos antes mencionados operaban junto con la banda parapolicial del argentino Aníbal Gordon, un delincuente común devenido represor, y por motivos que nadie conoce, fue trasladada clandestinamente a Montevideo. El traslado ocurrió a mediados de octubre de 1976 junto con el de un contingente de uruguayos detenidos en Buenos Aires. La operación fue llevada a cabo por personal militar uruguayo, en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. La joven fue retenida en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), en la calle Bulevar Artigas. Tras dar a luz en el Hospital Militar, madre e hija volvieron al SID, donde permanecieron aisladas, en contacto sólo con los represores y con los hermanos Anatole y Victoria Julien, traídos a Montevideo luego del asesinato de sus padres en Buenos Aires. Probablemente a fines de ese año ella fue ejecutada, su cuerpo, desaparecido y su hija, entregada a un represor. Los hermanos Julien fueron trasladados a Chile, a la ciudad de Valparaíso, y abandonados en una plaza.
El caso es emblemático no solamente porque se trataba de una chica que no tenía vinculación alguna con Uruguay y que, por lo tanto, no podía ser acusada de nada, sino porque en su momento el entonces presidente, Julio Sanguinetti, presionado por una fuerte campaña orientada a la recuperación de la niña, adujo haber ordenado una investigación que no había arrojado resultados, que había pasado demasiado tiempo, que los protagonistas o testigos del caso estaban muy viejos o muertos, que no había niños desaparecidos en Uruguay y que todo indicaba que María Claudia García no había sido trasladada al país. Cinco afirmaciones; ninguna verdadera. Muy probablemente Sanguinetti no había ordenado investigación alguna; había pasado mucho tiempo, pero no tanto como para que los hechos no pudieran ser reconstruidos; los protagonistas estaban vivos, sanos y con buena memoria; había habido niños desaparecidos en Uruguay; María Claudia García había sido trasladada clandestinamente al país, ejecutada después de haber dado a luz y enterrada clandestinamente todavía no se sabe dónde.
Desde que Sanguinetti respondió lo que respondió pasaron poco más de 20 años. En ese tiempo ocurrieron dos cosas. En primer lugar, bajo el gobierno de Jorge Batlle, a quien no siempre se le reconoce suficientemente el mérito, se le imprimió un giro importante al tratamiento de Estado de estas cuestiones. En segundo lugar, bajo los tres gobiernos frenteamplistas se ingresó a los predios militares, se constató la existencia de enterramientos clandestinos, se encontraron algunos cuerpos y, en algún caso puntual, como el de Julio Castro, se halló evidencia de que aspectos relevantes del relato negacionista sobre el terrorismo de Estado eran palmariamente falsos. Me refiero a cosas como que los represores uruguayos habían sido más benignos, más humanos, más benévolos, más piadosos que sus compinches de la región (especialmente los argentinos), que en Uruguay no había habido ejecuciones, etcétera. El cráneo horadado por una bala de quien fuera fundador y jefe de redacción de Marcha, cuyo único delito había sido oponerse a la dictadura, porque tampoco a él se lo había podido ni se lo puede vincular con actos violentos de naturaleza alguna, ni secuestros, ni asesinatos, ni bombas, ni nada, porque Julio Castro sólo combatió con la pluma, destruyó en 2011, cuando fue encontrado, las paparruchadas negacionistas que en aquel sentido fueron esparcidas durante lustros.
Esta semana Manini hizo un anuncio que a nadie puede haber sorprendido. No puede decirse lo mismo de las declaraciones del senador José Mujica.
Manini y Mujica se parecen. No por el hecho de que ambos sean algo así como nacionalistas populares, sea eso lo que sea que quiera decir, si es que quiere decir algo. Se parecen porque ambos juegan (o jugaron en algún momento) a ser parresiastas, hombres que hablan y actúan con parresía: audacia, llana franqueza, valentía, rechazo de dobleces, resuelta determinación, sin hacer cálculos, sin medir costos ni consecuencias personales, a cara descubierta y al descampado. El expresidente jugó esa carta retórica durante muchos años; ahora sólo sus más fieles admiradores lo ven de esa manera. Manini también la jugó. Hasta el lunes pasado.
Mujica, de una manera en principio indescifrable, salió a decir el sábado en Rocha que si Manini perdía los fueros, el Frente Amplio, llegado el caso, no votaría afirmativamente su reincorporación a la cámara; votación que no es necesario llevar a cabo, porque la Constitución no la exige y resulta insólita, pero que una interpretación de tantas que andan por ahí afirma que sí. A diferencia de lo que ocurrió con las declaraciones de Manini del lunes, nadie sabe muy bien en qué diablos estaba pensando Mujica cuando hizo las suyas del sábado. Sin embargo, cuando Manini hizo su anuncio el lunes por la noche, una interpretación empezó a ganar fuerza: que el viejo zorro lo había hecho de nuevo, que Mujica había empujado a Manini a que se retratara como un cobarde y un calculador; esto es, que lo había empujado a abandonar su personaje.
Esto puede ser cierto, o puede que no. Puede ser que el expresidente haya actuado para conseguir lo que aparentemente habría conseguido. Una acción así está plenamente en la lógica de lo que los políticos uruguayos vienen haciendo en las últimas semanas en referencia a los temas del pasado reciente, ya no tan reciente. Es la estrategia que en la retórica latina se llamaba tu quoque (tú también) y que en el mundo de Internet es el meme de los dos Spiderman señalándose ente sí. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Y también: ¿qué viene después?
La estrategia de los tres primeros gobiernos democráticos posteriores a la dictadura respecto de las heridas que esta dejó fue el olvido y la impunidad. No funcionó. El último gobierno colorado marcó un punto de inflexión en la materia. Los tres gobiernos del Frente Amplio fueron en otra dirección. ¿Qué quiere hacer el gobierno de la coalición multicolor al respecto? ¿Tiene una propuesta de fondo? ¿Es la propuesta de Manini de reinstalar la ley de caducidad? ¿Es otra? ¿Cuál?
El honor es un bien privado. La justicia, en cambio, es un bien público. Si nuestros políticos carecen del primero, al menos que no nos priven de la segunda.
