En la actualidad se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino y el gobierno uruguayo es cómplice. La posición de la coalición multicolor ante la matanza indiscriminada de decenas de miles de civiles inocentes por parte de Israel, la comisión flagrante de crímenes de guerra, la hambruna intencionada que probablemente cobre más víctimas que las bombas y la intención manifiesta de llevar a cabo una limpieza étnica que genere espacios para construir aún más asentamientos ilegales sobre tierra usurpada es de defensa acérrima y sin matices. Luis Lacalle Pou, sus ministros y legisladores cierran filas detrás de quienes asesinan a mansalva a periodistas y médicos, quienes arrasan con iglesias, mezquitas, cementerios, archivos administrativos, escuelas y campos de refugiados sin un atisbo de crítica. Ellos duermen tranquilos justificando las violaciones masivas a los derechos humanos en los crímenes cometidos por Hamás, como si pudiese caber una fundamentación que haga tolerable una campaña de extermino de los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el marco de la solicitud de establecimiento de medidas provisionales presentado por Sudáfrica, falló el 26 de enero que el genocidio de palestinos por parte de Israel es una posibilidad real, que existe un peligro inminente de violación a los derechos consagrados en la Convención sobre el Genocidio. En su dictamen, se exigió a Israel que se abstenga de matar palestinos, de causarles daños físicos y psíquicos graves, de crear condiciones de vida con la intención de destruir su existencia (como bloquear la entrada de agua, comida y medicamentos a la Franja de Gaza) y de aplicar medidas para evitar que nazcan miembros del grupo (como bombardear todos los hospitales con guardia de maternidad en el territorio). Además de ni siquiera intentar enlentecer su campaña criminal, Israel no ha hecho nada para castigar la incitación al genocidio que numerosas figuras del gobierno emitieron en estas semanas.
En la misma línea de la abstención de nuestro país en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se votó el establecimiento de un alto el fuego en Gaza, nuestra cancillería se mantiene en un estruendoso silencio con respecto al fallo de la CIJ. A pesar de la magnitud de la masacre, no hubo declaraciones sobre los derechos humanos de los palestinos por parte de Luis Lacalle Pou, ni de Omar Paganini ni de Nicolás Albertoni. Queda preguntarse qué asuntos más importantes captaron su atención e impidieron que Uruguay comunique su irrestricto apoyo a la institucionalidad internacional y a la resolución de conflictos por la vía de la justicia y del derecho internacional. En la CIJ se está jugando el futuro del sistema internacional de reglas que garantiza los derechos humanos y la existencia de los países pequeños al ponerle mínimos frenos al uso de la fuerza y la violencia de los más poderosos, y las autoridades uruguayas no tienen nada para decir.
El único comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en las últimas semanas que menciona a Israel fue el anuncio de la apertura de su mercado para las exportaciones de carne ovina y bovina con hueso el 11 de enero, el mismo día en el que empezaban las audiencias públicas en La Haya. La intencionalidad es clara y prueba una vez más que política y comercio no son dos asuntos separados: las aberrantes posturas de Uruguay en complicidad con las violaciones de derechos humanos por parte de Israel en los últimos meses se pagan con beneficios para el sector agropecuario.
Tal vez deberíamos estar agradecidos de que no haya habido una comunicación de la postura oficial de Uruguay sobre el genocidio que se está cometiendo, porque cualquier declaración sería una perla más en el collar de las faltas de respeto de este gobierno hacia las tradiciones de la política exterior de nuestro país. Porque si la hubiese, probablemente se alinearía con la falta de criterio de las declaraciones del senador Jorge Gandini en la sesión especial de la Comisión Permanente por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 29 de enero. Además de manejar como si fuesen indistintos conceptos tan cargados de significado como terrorismo, crímenes de guerra y genocidio, saludó la presencia de la periodista española Pilar Rahola en las barras del Palacio Legislativo. Esta activista sionista, en una conferencia organizada por Kehila –Comunidad Israelita del Uruguay–, dudó de la cantidad de niños muertos en la Franja de Gaza, acusó a todos los periodistas asesinados por Israel de ser parte de Hamás y calificó de «mentira» la cifra de 28 mil muertos, felicitó al Ejército de ocupación por sus actos y declaró que van en la dirección correcta. A estas personas saluda «por su compromiso» el senador Gandini.
Además de estimar que los comentarios sobre el actual genocidio que está siendo cometido en Gaza podían quedar para otro día, propuso que nuestro país se convierta en miembro pleno de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés), organización que establece que cualquier crítica a Israel como Estado es equivalente a antisemitismo y que, en consecuencia, ha tildado de antisemitas a organizaciones defensoras de los derechos humanos tan respetadas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El gobierno multicolor ni siquiera es capaz de honrar la tradición de sometimiento de todo conflicto a tribunales internacionales, noción que Uruguay inauguró al ser el primer país en la historia en proponer la creación de un Tribunal Arbitral Internacional en la Segunda Conferencia de Paz en La Haya en 1907. En lugar de tomar esa posición principista, Uruguay se está poniendo de lado de Israel y Estados Unidos, países que se niegan a reconocer el derecho internacional y lo que sus organismos deciden. Un compromiso real con el «Nunca más» por parte del Estado uruguayo necesariamente debería implicar el apoyo a todas las iniciativas que busquen evitar que los horrores del Holocausto se repitan contra otros pueblos. Si el gobierno tuviese algo de dignidad, debería apoyar el caso sudafricano en la CIJ, insistir en un alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria, y en la condena a los responsables del genocidio que está siendo cometido hoy en día.
