La lista de 200 empresas de mayor facturación en Uruguay está encabezada por las tres empresas públicas más grandes del país: ANCAP, UTE y ANTEL. La lista también la integran empresas como UPM y Montes del Plata, las telefónicas Claro y Movistar, varios frigoríficos y la tabacalera Monte Paz. Según fuentes consultadas por Brecha, de ese selecto grupo forman parte los tres canales privados de Montevideo: Saeta (Canal 10), Sociedad Televisora Larrañaga (Canal 12) y Monte Carlo (Canal 4).
La decisión del Poder Ejecutivo de otorgar la licencia clase B –servicio de Internet– a cinco cableoperadores del país redundará en nuevas fuentes de ingresos para los dueños de la televisión nacional. En efecto, las empresas que son de propiedad de estos grupos, Monte Cablevideo SA, Tractoral SA (TCC) y Riselco SA (Nuevo Siglo), fueron beneficiadas con las codiciadas licencias. Con esto, se les abrió las puertas a un negocio multimillonario, cuyos efectos en las finanzas de ANTEL aún se desconocen.
En este marco, SUTEL –gremio de trabajadores de ANTEL– presentó un recurso de revocación y jerárquico contra la cesión de las licencias. En sus alegatos, el sindicato aseguró que esas resoluciones son ilegales y violan flagrantemente la carta orgánica de ANTEL, que le otorga a la empresa estatal el monopolio de las telecomunicaciones. «Las licencias de televisión por cable no autorizan a las empresas proveedoras a ofrecer ni prestar servicios de acceso a Internet, y cualquier acto administrativo que otorgue estas licencias o autorizaciones, por ser inferior a la ley, viola la ley y es intrínsecamente nulo», señala el escrito elaborado por el abogado Óscar López Goldaracena.
Este proceso está enmarcado en un nuevo beneficio del gobierno a los canales de la televisión privada. Desde el comienzo de la gestión, el lobby de estas empresas logró cristalizar diversas medidas de política pública a su favor, como la cesión de las licencias para servicios de Internet y el anuncio de que la rendición de cuentas incluirá la derogación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA), norma que, aún sin aplicarse plenamente, significó un freno para el poder económico de estos grandes grupos empresariales (Búsqueda, 30-VI-22).
¿LOBO ESTÁ?
La primera transmisión de televisión en Uruguay fue a mediados de los años cincuenta. El 7 de diciembre de 1956, el empresario Raúl Fontaina pronunció las primeras palabras en la televisión nacional. El grupo De Feo-Fontaina, que dos décadas antes había adquirido radio Carve, se convirtió en el pionero de la televisión nacional. Desde entonces, construyeron un conglomerado de medios que se extendió por diversos puntos del país.
En 1961, comenzó a transmitir Montecarlo TV, propiedad del grupo Romay, que desde mediados de la década del 20 era dueña de radio Montecarlo, una de las más relevantes del dial uruguayo. Con los años, el grupo Romay también se convirtió en un holding empresarial, con radios y canales en varios departamentos; el grupo también participa del sector agropecuario y uno de sus líderes, Hugo Romay Salvo –hoy fallecido–, fue accionista de Aluminios del Uruguay (véase «A desconcentrar, a desconcentrar», Brecha, 28-VII-17).
El último en iniciar las transmisiones fue Sociedad Larrañaga, inaugurada en 1962 y liderada por la familia Scheck –dueños de El País–, a la que años después se incorporó la familia Cardoso-Pombo (veáse «Todos para uno», Brecha, 6-X-17), un grupo históricamente poderoso, accionista de grupo Disco (supermercados Disco y Géant) y propietario del semanario Búsqueda, actualmente en proceso de venta al grupo Magnolio.
Estos grupos tuvieron una fuerte competencia en la televisión abierta, pero jugaron juntos en el discurrir de nuevos negocios. Esa alianza se cristalizó en 1994, cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera les otorgó las licencias para televisión para abonados en Montevideo y una licencia de televisión paga a Multiseñal (Daltero SA), propiedad de los tres canales. Con estas licencias, las empresas acordaron dividir las zonas de la capital para hacer el cableado y coordinaron la programación y el precio a pagar por abonado. A su vez, se aliaron para formar Equital SA, el conglomerado que posee diversos servicios de televisión para abonados en todo el país. La presencia de Equital les permitió ejercer un poder sustantivo en la negociación con los cableoperadores del interior, nucleados en la Cámara Uruguay de Televisión para Abonados (CUTA).
Desde entonces, este negocio les permitió ingresos millonarios. En 2021, el sector facturó 11.854 millones de pesos. Los tres canales privados en conjunto tienen el 21 por ciento del mercado, sin contar los abonados en las empresas subsidiarias del interior. En forma directa, y bajo el argumento de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley SCA, ahora el gobierno les habilitó el ingreso al negocio de la transmisión de datos e Internet, que el año pasado facturó 19.490 millones de pesos, donde ANTEL era la empresa preponderante.
EL LOBBY
«Sí, mucho, fuerte, en todos los gobiernos. Siguiente pregunta», contestó Gustavo Gómez, director de Observacom, al ser consultado sobre si los propietarios de los canales de televisión privada tenían poder de incidir en decisiones políticas. «Los resultados de las políticas públicas en la legislación [sobre telecomunicaciones] han sido coincidentes con los intereses de estos grupos», dijo Gómez a Brecha. Con una excepción: la aprobación en 2014 de la Ley SCA, la 19.307.
Esa norma implicó varias restricciones al poder de los propietarios de los medios. Se dispuso un límite a la concentración de licencias, se fijó el pago de un canon por el uso de espectros y un plazo de vigencia para las autorizaciones de servicios de radio (diez años) y de televisión (15 años). También que las autorizaciones para servicios de comunicación audiovisual se otorgarán por llamados públicos y abiertos, y ciertos límites para el carácter hereditario de las licencias.
Gómez, quien tuvo activa participación en la redacción de la Ley SCA, afirmó que los aspectos relacionados con la libertad de expresión fueron el centro de las críticas públicas, pero que, en todo el proceso de debate de esa disposición –que se extendió entre 2010 y 2014–, el foco de los cuestionamientos apuntó a temas comerciales: «Los canales privados percibían un cambio en las reglas de juego y tenían razón. Se habían acostumbrado a tener licencias eternas y hereditarias, sin pagar nada y sin límites de licencias. Esta norma representó una pérdida de esos derechos».
En este marco, Gómez consideró que los canales privados «han perdido poder económico», por el ingreso de operadores como Direct TV y Cablevisión (Bersabel SA), pero mantienen su poder de influencia, ya que conservan «el poder de audiencia». Para el especialista, pese a la irrupción de las nuevas tecnologías, los informativos de televisión abierta mantienen su capacidad de incidir en la agenda pública: «La fuente de los temas que se debaten públicamente están en esos informativos». Por eso se trata de un sector difícil de regular, ya que el sistema político aún los necesita: «Durante el gobierno los necesita para mostrar los avances de la gestión, pero antes de las elecciones los necesita para ganar». En este sentido, Gómez aseguró que la incidencia de estos grupos es real y simbólica.
En esta línea, el trabajador social y magíster en Historia Económica Juan Geymonat, que estudia las lógicas del poder económico en Uruguay, dijo a Brecha que este «es un medio bastante chico, con grupos grandes muy concentrados y con diversidad de medios bajo su control. Esa estructura de mercado concentrado seguramente hace que tengan un poder de lobby importante. Si bien son grupos bastante dependientes de las acciones del Estado, porque es el Estado el que les otorga las señales y la publicidad estatal es importante para su financiamiento, tienen poder de incidencia».
TODAS LAS CANCHAS
En 2013, el gobierno liderado por José Mujica abrió un llamado público para la asignación de cinco canales de televisión comercial digital abierta. Con esto se abrían dos nuevas señales, que contaron con seis interesados. En ese llamado se estableció, a texto expreso, que los tres canales privados obtendrían la licencia con solo presentarse «en atención a sus antecedentes como radiodifusores y con el objetivo de continuar sus servicios en la transición digital». En una decisión controversial, la licencia se les renovó por 15 años.
Pero, con la asunción del actual gobierno, el lobby de los canales privados parece encontrar un campo fértil para sus intereses. Ese poder quedó de manifiesto ni bien asumieron las actuales autoridades. Sobre el final del gobierno del Frente Amplio, el Poder Ejecutivo otorgó tres canales de televisión para abonados que debían ser incluidos en la grilla de los cableoperadores de todo el país.
La asignación de ese llamado público culminó con la cesión de licencias a Eutopía TV (dirigido por Federico Fasano), TV Libre Multimedio La República (dirigido por Néstor Molina) y Canal U (dirigido por Manuel Soto), quedando fuera la propuesta de Cardinal TV, impulsado por CUTA. La asignación de las frecuencias fue cuestionada por esa cámara y por los tres canales privados, cuyos planteos tuvieron eco en el gobierno, y fue revocada por el gobierno. Se argumentó que el proceso estuvo plagado de irregularidades y distintos vicios de legalidad desde su origen.
El devenir de los hechos implicó otras medidas favorables a los canales. Sobre fines de 2020, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que eximió a los titulares de los servicios de comunicación audiovisual de los pagos por licencia y por el uso del espacio radioeléctrico previstos en la Ley SCA. En el caso de las licencias por televisión para abonados, implicó un beneficio de 1,7 millones de dólares al año. Los derechos de uso del espectro radioeléctrico, en tanto, suponían un costo anual de 23 millones de pesos, de los cuales la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación cobró solo 8 millones de pesos, que debió devolver.
En los últimos días, en tanto, el gobierno les otorgó las licencias clase B –un negocio millonario– y los tres canales privados firmaron un contrato con ANTEL para transmitir sus señales a través de la plataforma Vera TV. Por este acuerdo, la telefónica estatal les pagará 1,2 millones de dólares al año a cada canal (83.338 dólares, más IVA, por mes) durante tres años. A esto se le suma un incremento en los pagos por publicidad oficial, que este año aumentó en forma significativa, en comparación con 2021, dijeron fuentes del sector a este medio.
Como corolario, el gobierno presentó dentro de la rendición de cuentas un artículo para derogar los aspectos sustanciales de la Ley SCA. No solo el artículo 56, que impide la propiedad cruzada de licencias de telecomunicaciones, sino todas las disposiciones cuestionadas por los canales privados y que suponían una restricción a sus apetencias comerciales.
