Si sos un político europeo y el prestigioso Financial Times te dedica unas líneas, normalmente hay dos opciones: o estás en la cresta de la ola o se trata del peor momento de tu carrera. A Mariano Rajoy, presidente en funciones del gobierno español, le ha tocado esta segunda opción. El lunes 15 el matutino londinense –muy poco sospechoso de connivencia con la izquierda– publicó un artículo sobre los escándalos de corrupción que sacuden al Partido Popular. “Cuando sus rivales políticos se centran en la formación del nuevo gobierno, el PP de Rajoy es sacudido por una ola de arrestos, revelaciones y dimisiones”, relató el corresponsal en España del periódico, Tobias Buck. En efecto, la posibilidad de un pacto que permita a los conservadores seguir en el poder es hoy aun menor que ayer. Mientras el presidente insiste en que no hay nadie mejor que él para gobernar el país, su partido sigue cultivando una pésima imagen entre la población española, perpleja ante los habituales golpes policiales contra las estructuras del partido más votado –aunque sin el apoyo suficiente para mandar en solitario– en las elecciones del 20 de diciembre.
El penúltimo capítulo de esta historia empezó a escribirse el jueves 11, cuando la Guardia Civil irrumpió en la sede del PP en Madrid para llevar a cabo un registro. Siguiendo las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, los agentes buscaban pruebas de los posibles pagos del empresario Javier López al PP madrileño, en el marco de una trama de corrupción conocida popularmente por el nombre de Púnica. Los guardias civiles estaban particularmente interesados en el despacho de Beltrán Gutiérrez Moliner, ex gerente del partido en la Comunidad de Madrid, cuyo nombre se suma a una larga lista de cargos “populares” vinculados con actos de dudosa legalidad.
De hecho, el caso Púnica llevó a la cárcel a Francisco Granados, ex número dos del PP en Madrid. Junto a él fueron detenidos varios políticos de ese mismo partido, a quienes el juez Velasco acusó de participar en una red que adjudicaba licitaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Mientras las investigaciones avanzan, en el interior de esta formación ya se han producido movimientos muy sugerentes: la presidenta del partido en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció el domingo 14 que renunciaba al cargo. ¿El motivo? “La gravedad de las acusaciones” contra la dirección regional del PP, según sus propias palabras.
“La corrupción nos está matando a todos”, advirtió la “lideresa” –así la suelen llamar los medios de comunicación– ante los focos de los medios. Cuando aún no había concluido su intervención, todas las miradas se centraban ya en Mariano Rajoy, un viejo enemigo interno de Aguirre. La pregunta corrió como el viento por todas las redacciones: ¿acaso el actual presidente español –que además es el máximo responsable del PP a nivel nacional– también debería dar un paso al costado? Sus dirigentes más fieles –entre los que se encuentra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes– lo negaron en público, pero lo cierto es que en el interior de la formación derechista cada vez más voces plantean una renovación “urgente”, con un solo objetivo: tratar de demostrar que aún tienen dirigentes honestos. O por lo menos sin ficha policial.
Con o sin Rajoy, la tarea que les espera no va a ser nada sencilla. Si la dirección regional madrileña está ahora en manos de una gestora, las cosas no andan mucho mejor en Valencia, otro de los bastiones electorales de los conservadores. Todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de esa ciudad han sido imputados por la justicia, acusados de participar en una trama dedicada al cobro de comisiones ilegales y blanqueo de dinero. Las investigaciones de la denominada “Operación Taula” también se dirigen contra un amplio número de ex ediles y asesores del partido. En total, hasta 50 imputados por corrupción.
El listado de escándalos no termina ahí. Un día sí y otro también la prensa española ofrece amplia información sobre “la trama Gurtel” –con una gran cantidad de imputados en Madrid y Valencia– “los papeles de (Luis) Bárcenas” –en alusión al ex tesorero del PP, quien administraba una “caja B” de dinero negro, por lo que estuvo año y medio en prisión– o las polémicas “tarjetas de Caja Madrid” –despilfarro de dinero que tenía como cabecilla a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex director del Fondo Monetario Internacional. Estas tres causas judiciales son sólo algunas de las que diariamente ponen en jaque a los conservadores, cada vez más habituados a ocupar la primera plana de los periódicos con noticias devastadoras.
“ALARMA SOCIAL”. “En estos últimos cuatro años ha habido muchos casos, quizás tantos como nunca”, afirmó a Brecha el presidente de Transparencia Internacional en este país, Jesús Lizcano. Hace algunas semanas esta organización dio a conocer los datos relativos al índice de percepción de la corrupción en 168 países. De acuerdo al informe, España ha registrado en 2015 el peor dato de su historia, algo que tampoco ha asombrado a los responsables del estudio. “El hecho de que haya una alarma social se debe a la frecuencia con que están apareciendo estos temas, con procesamientos de hombres públicos y con una buena cantidad de ellos entrando en la cárcel”, comentó Lizcano.
Alcanza con mirar al gabinete de ministros durante el último gobierno de Aznar (2000-2004) para entender estas cifras: de 14 altos jerarcas que le acompañaban en su mandato, al menos 11 están vinculados –en mayor o menor grado– con episodios de corrupción. Entre ellos está el propio Rajoy, a quien Bárcenas acusa de haber cobrado “sobresueldos”. En un libro publicado recientemente, el ex tesorero del PP asegura tener una grabación en la que se ve al presidente español recibiendo un sobre con 4.900 euros, fruto de la contabilidad ilegal del partido.
“España tiene un problema de corrupción política muy serio que se tiene que afrontar de manera integral y sin parches”, considera Transparencia Internacional. “Los efectos de estos datos en la imagen del país son negativos, sus efectos sobre posibles inversiones podrían también dañarnos. La crisis política y la debilidad institucional pueden ser un problema para la continuidad de las reformas, pero pueden ser una oportunidad para el cambio profundo y la llegada de nuevas fuerzas realmente comprometidas con la transformación institucional que se necesita en este terreno”, añade.
En ese sentido, Lizcano lamenta que aún no se haya alcanzado “un gran pacto contra la corrupción”. “Los partidos deben ponerse las pilas y conseguir ese acuerdo. Al fin y al cabo, son ellos los que tienen la llave del cambio, dado que controlan todos los órganos del Estado. Los políticos tienen la obligación de alcanzar un pacto contundente, claro e inmediato contra la corrupción. Si así lo hiciesen, se andaría una parte importante del camino.”
“REFORZAR LOS CONTROLES.” A falta de ese acuerdo político aparecen nuevos informes que cuestionan seriamente los procedimientos para impedir las malas prácticas en la administración pública. “La corrupción es uno de los puntos esenciales que llevan a que el Estado de derecho se debilite en España, porque hace que la gente confíe menos en las instituciones, además de vulnerar directamente la ley”, indicó a Brecha la politóloga Carlota Tarín, integrante de la Fundación Hay Derecho. “Para evitarlo hay que reforzar los controles, sobre todo a nivel local.” La fundación ha elaborado un estudio sobre corrupción institucional y controles administrativos preventivos. En el capítulo de las conclusiones, el documento establece que la administración local “presenta un mayor nivel de corrupción institucional”. En ese sentido, se detectó que la contratación pública “está asociada con la mayor parte de los casos de corrupción política, y se produce casi exclusivamente en los niveles autonómico y local”.
En otro tramo de su informe la organización denuncia la “falta de garantías de independencia y neutralidad” por parte de quienes deberían impedir estos hechos, fundamentalmente por su “dependencia del poder político al que deben controlar”, lo que provoca “uno de los principales problemas para prevenir la corrupción política en España”. Además, se advierte sobre la “falta de datos fiables y objetivos” relacionados con este tipo de delitos, lo cual “revela la falta de voluntad política para abordar con seriedad este problema que tanto preocupa a la sociedad española. La negación de la extensión y profundidad del fenómeno ha sido la tónica dominante –y lo sigue siendo en parte– entre nuestra clase política”. En el PP, por lo menos, ya no pueden negarlo.
