Tras la maratónica interpelación de la semana pasada, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) comenzó a trabajar de cara a la denuncia penal que pretende presentar por el acuerdo del gobierno con Katoen Natie en el puerto de Montevideo. La relevancia que la oposición le adjudica al tema quedó de manifiesto durante el Día del Comité de Base del martes, cuando distintos dirigentes frenteamplistas lo incluyeron en sus discursos junto con la campaña para derogar la Ley de Urgente Consideración.
En el cuestionario que el interpelante Charles Carrera formuló al ministro Luis Alberto Heber en el Senado la semana pasada aparece un raconto de las ilegalidades que el FA entiende que fueron cometidas en el acuerdo y su proceso de negociación. Como la intención manifiesta de Carrera en la interpelación fue exigir la responsabilidad política del presidente Luis Lacalle Pou, las preguntas tomaron una curiosa forma: el senador preguntó al ministro si el presidente lo había mandatado a violar tres artículos de la Constitución, tres leyes y tres decretos. Como era de esperarse, el ministro lo negó en su respuesta.
Según dijeron desde el FA, la denuncia que pretenden presentar apuntará a Heber como firmante del acuerdo y máximo responsable del equipo negociador del gobierno, integrado además por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo. Pero desde la oposición entienden que el papel asumido por Curbelo también es «materia penal clara».
A MI MANERA
El acuerdo con Katoen Natie fue firmado el 25 de febrero sin consultas jurídicas o económicas internas ni externas que lo avalen (al menos de parte del Estado). Eso ha quedado claro. Pero, además, el 21 de abril se promulgaron dos decretos como consecuencia de ese acuerdo, ninguno de los cuales pasó por el directorio de la ANP.
El decreto 114/21 refiere a la prórroga de la concesión por 50 años. Desde la oposición sostienen que se trata de un nuevo contrato y no de una prórroga. El 7 de abril, Heber remitió una carta a Curbelo solicitándole «el asesoramiento preceptivo» de la ANP para la extensión de la concesión, amparándose en el artículo 377 de la ley de presupuesto de 2015. Allí se consigna que «las concesiones que afecten un espacio territorial del recinto portuario […] podrán prorrogarse por resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la ANP» si se establecen ciertas condiciones vinculadas a inversiones y fuentes de trabajo. Según el expediente creado en la ANP tras la misiva de Heber, la consulta fue remitida al Área Jurídico Notarial del ente y obtuvo respuesta el 12 de abril de parte del gerente Edgardo Amoza. El jurista sostuvo que «es perfectamente legítimo adoptar decisión favorable en caso de existir voluntad en tal sentido», pero en su fundamentación mencionó que la Ley de Puertos «le ha asignado al directorio de la ANP el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria, y en aquellos aspectos atinentes al desarrollo deberá seguir la política que establezca el Poder Ejecutivo». A su vez, refirió el mencionado artículo 377 de la ley de presupuesto de 2015. El expediente concluye en una respuesta favorable a la consulta de Heber, firmada por Curbelo y la secretaria general interina de la ANP, Laura Reinaldo, el 13 de abril.
En la interpelación, Carrera preguntó a Curbelo por qué motivo la respuesta enviada por la ANP al Ministerio de Transporte no pasó por el directorio del ente portuario. Esta disconformidad también fue señalada por Cabildo Abierto, que tiene allí un representante. Bien entrada la noche, el presidente de la ANP hizo uso de la palabra por primera vez para responder. A su entender, el referido artículo 377 «no dice de forma clara que el asesoramiento tenga que pasar preceptivamente por el directorio de la ANP». Curbelo se amparó en el Reglamento General de la Administración Nacional de Puertos, aludiendo que, «en lo que tiene que ver con las atribuciones a su presidente, en su artículo octavo, numeral cuarto, habla de representar a la ANP y al directorio en sus relaciones externas, por sí o por medio de apoderados. Por tanto, nosotros entendemos que es muy claro que el asesoramiento no tiene por qué ser por parte del directorio de la ANP».
En opinión de los legisladores del FA, Curbelo se excedió en sus funciones, pues representar a la ANP no es lo mismo que decidir por la ANP, potestad que corresponde al directorio. También en ese sentido se ha expresado el expresidente del organismo y experto en la materia Edison González Lapeyre en una carta enviada a Búsqueda el 5 de agosto.
A LA CARRERA
Pero los movimientos más llamativos se dieron en el expediente generado por el nuevo reglamento de atraque de buques, aprobado a través del decreto 115/21. Ese reglamento fue incluido como anexo en el acuerdo firmado en febrero y es donde se establece la prioridad –o el monopolio– para el movimiento de contenedores acordada en la negociación con la empresa. En este caso, la consulta de Heber a Curbelo fue el mismo día de la promulgación del decreto, el 21 de abril, mientras el ministro comparecía por primera vez ante la Comisión de Transporte del Senado. Todo el asesoramiento de la ANP fue resuelto el mismo día, en unos pocos minutos, nuevamente sin vista alguna a su directorio.
Así lo relató Carrera en la interpelación: «La solicitud de asesoramiento le llegó al presidente de la ANP, Juan Curbelo, a la hora 17.06. A la hora 17.42 se lo pasa a la gerenta general, Susana Pierri, quien de forma inmediata, a las 17.46, remite el informe al ingeniero Horacio Lannes, del Área Operaciones y Servicios». Lannes, que hoy es gerente general de la ANP en sustitución de Pierri, actual directora general de Secretaría en el Ministerio de Desarrollo Social, «hace un informe de dos párrafos y que, en nuestra opinión, es muy escueto por lo que se estaba discutiendo». Pero «lo más grave» para Carrera es que «fue producido y emitido tan solo nueve minutos después de que la Gerencia General lo solicitara y a tan solo 44 minutos de que la consulta entrara en la ANP», cuando el reglamento a analizar tenía «más de 30 artículos y dos anexos».
Las horas exactas de estos movimientos son comprobables por las firmas electrónicas de los expedientes. En este caso, según el expediente consultado por este semanario, el primer movimiento señalado por el senador emepepista fue a las 17.09 y no a las 17.06, pero, en lo demás, las horas son correctas. En su respuesta durante la interpelación, Curbelo no se refirió al asesoramiento de la ANP respecto a este decreto. Las fuentes del FA interpretan que la intención de estos movimientos fue generar un «hecho consumado» para que «se supiera lo que iba a pasar cuando estuvieran saliendo todas las normas que lo consolidan».
La celeridad de este trámite contrasta con la lentitud con que se movieron los expedientes generados por las impugnaciones contra estos mismos decretos, presentadas por el sindicato portuario y las empresas Montecón y Nobleza Naviera. En esos casos, los expedientes durmieron durante más de un mes en la ANP hasta que, el 2 de agosto, el gerente de jurídica del organismo, Edgardo Amoza, deslindó responsabilidades. «Al igual que los servicios jurídicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esta área no ha tenido intervención en el dictado del decreto impugnado en autos, por lo que el asesoramiento deberá serle solicitado a quienes hayan participado en su elaboración», fue su respuesta en todos los casos.
Esas impugnaciones vencen en octubre y sus impulsores ya han anunciado que recurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando se cumpla ese plazo. A esto se sumaría, eventualmente, la denuncia penal del FA, que recaería en el director de la ANP y en nada menos que el actual ministro del Interior, con todo lo que eso implica.
