Dos ex jerarcas de la filial argentina de Ford están acusados en una causa que persigue la responsabilidad de diversas empresas en delitos de lesa humanidad y su participación en la represión de trabajadores durante el terrorismo de Estado de la última dictadura militar en ese país.
Francisco Sibilla, ex jefe de seguridad de la planta automotriz de la Ford en la localidad de Pacheco, al norte de Buenos Aires, y Pedro Müller, ex gerente de manufacturas de Ford Motors Argentina, junto al ex general Santiago Omar Riveros –titular del área militar que ocupaba el Gran Buenos Aires, donde se encuentra la planta– están imputados de secuestros, desapariciones y/o torturas sufridas por 24 obreros de la empresa. Otros dos imputados en la causa fallecieron el año pasado: el entonces presidente de Ford Argentina, Nicolás Courard, y el ex gerente de relaciones laborales, Guillermo Galarraga, un hombre clave en la vinculación entre el gobierno militar y la empresa.
El caso es seguido de cerca desde Estados Unidos, donde se encuentra la casa matriz, Ford Motor Company, y donde se intentó llevar adelante, sin éxito, una demanda por los delitos cometidos por la filial argentina.
CAMINO AL JUICIO ORAL. El martes 19 de diciembre se inició el juicio oral y público en la localidad de San Martín, después de vaivenes que demoraron en casi un año la llegada a sala del caso.
El tribunal oral está integrado por tres jueces titulares y uno suplente. Entre los titulares figura Diego Barroetaveña, cuestionado por los organismos de derechos humanos por haber participado del tribunal oral que hace un mes absolvió al ex jefe de inteligencia de Institutos Militares Ricardo López Fader, en una causa por secuestro y torturas en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo en 1978.
Fue recién en la segunda jornada del juicio, el jueves 28, cuando se inició la presentación de los testimonios de un proceso que durará algo más de un año, por la cantidad de testigos citados.
De los obreros secuestrados que sobrevivieron a la dictadura llegan al juicio sólo 12. “Varios compañeros que lucharon por llegar a esta instancia y ver a los responsables de la masacre en un juicio se murieron por el camino, lamentablemente”, señaló en declaraciones a la prensa Carlos Propato, uno de los querellantes, a la salida de la primera audiencia.
En el año 2001, tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se abrió la posibilidad de accionar penalmente en las causas abiertas en 1984 por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. En noviembre de 2002 el ex obrero de la Ford Pedro Troiani se presentó como querellante para demostrar la complicidad de los empleados de la empresa con la dictadura en el secuestro y tortura de 24 obreros de la planta automotriz de Pacheco. La causa recayó sobre el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado. Recién en 2006 la acumulación de pruebas permitió llamar a declaración indagatoria –paso previo al procesamiento– a los cuatro jerarcas de la empresa.
Una serie de reclamos entre diferentes departamentos judiciales llevó la causa desde la capital hasta San Martín, donde quedó en manos de un juez subrogante que, según sostienen los querellantes, sólo demoró el expediente. En 2012 la jueza Alicia Vence asumió como titular del juzgado federal de San Martín y reactivó la causa. Ordenó una inspección ocular del predio de Ford, volvió a llamar a declaración indagatoria a los cuatro acusados y en mayo de 2013 decidió procesarlos. Para la magistrada las pruebas eran contundentes. Uno de los obreros reconoció la voz de Sibilla como la de la persona que lo interrogaba mientras lo torturaban con los ojos vendados en el quincho de la fábrica, en 1976. La esposa de otro obrero, ya fallecido, recordó que Galarraga la recibió en su oficina y le mostró una lista entregada a los militares en la que figuraba el nombre de su esposo. Desde 2013, los 12 obreros sobrevivientes esperaron para que se llevara a juicio oral y público a los imputados.
EL QUINCHO. El extenso predio de la empresa incluía canchas de fútbol y un quincho para el personal. A fines de 1975 unos cien militares del Ejército se establecieron en el quincho “como si se tratara de una unidad militar”, sostuvo en su declaración Propato. “Incluso tenían horarios para comer en el comedor de la empresa, mientras dejaban una guardia en el quincho. A partir del golpe de 1976 en ese quincho funcionó un centro clandestino de detención organizado por el Ejército, y esas instalaciones fueron facilitadas por la empresa”, agregó. Después de terminar con “la subversión en las fábricas”, como la llamó el líder del radicalismo Ricardo Balbín, Sibilla fue ascendido en 1978 a teniente general, se retiró y fue incorporado como personal de seguridad de la embajada estadounidense en Buenos Aires, cargo del que se jubiló en 2004.
SINDICATOS Y PATRONES. Los reclamos de los obreros habían comenzado en 1973 con la llegada del peronismo al poder. No eran exclusivamente salariales, también tenían que ver con los ritmos y condiciones de trabajo en la empresa. En 1975 los delegados de base de la fábrica se enfrentaron al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata) y lograron firmar un acuerdo que llevó a la empresa a hacer concesiones. A partir de ese momento Ford y el Smata buscaron eliminar la resistencia de los delegados de base. La instalación de militares dentro del campo de la empresa fue el puntapié inicial. Ford donó más de cien camionetas al Ejército, y entre los testimonios de la causa varios señalan que los detenidos eran sacados de la fábrica en camionetas provistas por la empresa. El Smata, que sigue funcionando, nunca reclamó por los obreros.
Algo similar ocurrió en la planta de la alemana Mercedes-Benz, donde la connivencia entre empresarios, dictadura y jerarcas sindicales quedó plasmada en el documental Milagros no hay, de la periodista alemana Gaby Weber. En ese caso, además, durante los llamados “juicios por la verdad” desarrollados en La Plata entre 1998 y 2004, fueron citados varios jerarcas sindicales, como Raúl Amín, ex secretario adjunto del Smata en 1975, quien criticó a los delegados de base de 1975 y consideró que “por ese tipo de reclamos desaparecieron”. Según Propato, “las cúpulas sindicales de esos años son las grandes ausentes en estos juicios, porque si no vendieron y marcaron compañeros, por lo menos mantuvieron un silencio cómplice con esas desapariciones”.
REPERCUSIONES INTERNACIONALES. Mientras en 2004 en Buenos Aires se reiniciaban los juicios por delitos de lesa humanidad, en plena época kirchnerista, en California un bufete de abogados encabezado por Paul Hoffman aceptó iniciar una demanda contra la casa matriz Ford Motor Company basándose en la ley de reclamación por agravios contra extranjeros, una ley estadounidense conocida como Atca (Alien Tort Claims Act), que permite entablar acciones judiciales en los tribunales federales estadounidenses cuando un extranjero se considere agraviado por una acción cometida por una empresa o un ciudadano estadounidense fuera del territorio nacional. La demanda se presentó ante un juzgado de primera instancia, pero antes de que la empresa fuera notificada, Hoffman misteriosamente desistió de seguir representando a los 24 obreros de Ford Motors Argentina. El punto fuerte de la demanda era que el hilo conductor entre la casa matriz y la subsidiaria argentina se podía demostrar por la visita de Henry Ford II a la planta de Pacheco, meses antes del golpe de 1976. Por otra parte, documentos desclasificados en 2002 por el Departamento de Estado estadounidense dan cuenta de viajes del titular de Ford Motors Argentina a Estados Unidos para gestionar la exportación a Cuba del modelo Ford Falcon, en plena dictadura argentina. “Nosotros seguimos a la espera de que algún otro estudio de abogados en Washington acepte nuestro reclamo y nos represente ante la justicia estadounidense”, señaló Propato a la salida de la primera jornada del juicio oral, el pasado 19 de diciembre.
Si bien el primer empresario condenado por complicidad con la dictadura argentina fue Marcos Lavin, propietario de la compañía de transporte público La Veloz del Norte, hace tres años, son varios los casos que esperan sentencia. El de Ford será el segundo ejemplo de un juicio a empresarios que colaboraron con el golpe de 1976. En Jujuy resta la sentencia contra el propietario de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier; y en Buenos Aires siguen a la espera de avances judiciales los casos de Mercedes-Benz, las metalúrgicas Acindar y Techint, y Papel Prensa. Pese a que estos no son buenos tiempos para enjuiciar a empresarios, la tozudez de los sobrevivientes y de los organismos de derechos humanos sigue señalando el camino de la justicia.
