a ley número 18.831 erradica los efectos de un acto legislativo contrario a derecho en forma manifiesta, como fue la sanción, promulgación, aplicación e interpretación de la ley de caducidad (número 15.848). Esta fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (scj) en 2009, repudiada internacionalmente y uno de los argumentos de la sentencia de condena en el caso Gelman. La scj falló por unanimidad que el artículo 1 de la ley 18.831 es constitucional. Se blinda a los fiscales y magistrados en el ejercicio de la acción punitiva. Ningún fiscal o magistrado puede ampararse en la ley de caducidad para no cumplir sus cometidos, ni ninguna investigación podrá interrumpirse o archivarse. No tienen ninguna restricción ni tienen que pedir permiso al Poder Ejecutivo. Este no podrá...
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