La controversia sobre la compra de una camioneta por Yamandú Orsi, aprovechando una rebaja jugosa y un canje sustantivo, cobró una fatídica notoriedad. Los intentos de explicarlo no evitaron sentir que aquel que se imaginaba distinto termina aprovechando ventajitas como los otros. Aunque al final el presidente anunció que donará el vehículo, seguramente cargará con esa mochila hasta el final de su mandato, con consecuencias que también afectan a todos los políticos.
En efecto, presenciamos un debate que erosionó la política en sus sentidos más amplios, aquellos que los clásicos referían a la virtud, la justicia y el bienestar. Por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, justificó el hecho afirmando que lo importante era que Orsi estuviera «seguro», y eso le bastó en un principio para dar por cerrado el asunto. Si se sigue su razonamiento, serían aceptables otras atenciones empresariales, como una nueva casa o apartamento para que el presidente viva más seguro. Esos dichos revelaron que Pereira, como Orsi y muchos otros políticos, entenderían que es correcto recibir atenciones empresariales sin necesidad de explicarlas en detalle a menos que les explote un escándalo mediático, tal vez creyendo, cándidamente, que las empresas otorgan regalos porque serían altruistas benefactores que no esperan ni consiguen nada a cambio. Otros sostendrían que esto es un hecho menor, incomparable, por ejemplo, con los regalos que recibe el presidente Donald Trump, como el lujoso y enorme Boeing 747 obsequiado por el emir de Qatar, para poder viajar más cómodo. Sin embargo, la duda persiste: ¿es moralmente aceptable que un líder político reciba obsequios? ¿Es posible asegurar que los regalos nunca influyen en las decisiones políticas?
Se volvió inevitable que se señalara la moto o la camioneta que usaba el anterior presidente. Eso permite recordar el desprolijo desempeño de aquel gobierno, repleto de escándalos mucho más graves. De todos modos, así también se abona el descrédito en toda la política y se refuerza la idea de que, al final de cuentas, son todos iguales.
Es así que el paisaje político se vuelve un desierto, sin ideas sustantivas, sin propuestas concretas novedosas, incapacitado de resolver los problemas de la gestión pública o la ineficiencia estatal. Mientras tanto, los vecinos en los barrios se sienten golpeados por los problemas, que en unas familias pueden ser económicos y en otras tienen que ver con la protección ante la violencia en las calles, unos con salarios tan exiguos que los hunden en las deudas y otros entreverados en la burocracia estatal, en la que siempre falta otro trámite o pago.
En ese desierto, un presidente se entretenía con una enorme moto y el otro se sentaba en una exuberante camioneta. Sin embargo, esos vehículos solo son síntomas del deterioro político en general y de su institucionalidad. El verdadero problema es la desertificación.
Para fundamentar ese diagnóstico basta repasar algunos ejemplos recientes. El Ministerio de Desarrollo Social no logra pagar a tiempo los sueldos de quienes trabajan en los refugios; los ministerios de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Publicas o la Biblioteca Nacional anuncian inversiones en obras que luego son desmentidas desde el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Ministerio de Ambiente, en vez de resolver alguno de los más serios problemas ecológicos del país, otra vez convoca a una expoferia. Estas y otras carencias tal vez no sean reconocidas por todos o tengan consecuencias acotadas, pero en su conjunto revelan una incapacidad en la gestión diaria del gobierno, y eso también alimenta la percepción de políticos inefectivos.
El estilo del actual gobierno es distinto al del anterior, ya que se dejaron atrás las políticas pompitas que ofrecían rimbombantes anuncios repetidos por los medios convencionales y que terminaban desinflándose. La mesura de hoy es buena cosa, pero el problema es que, aunque de otro modo, seguimos sin medidas efectivas ni claridad en los rumbos políticos.
Es que, pongamos por caso, se podrá coincidir o no en la necesidad de reparaciones en la Biblioteca Nacional, pero lo que resulta insólito es que dos ministros anuncien obras para que otra cartera luego las niegue y que, incluso, un jerarca declare que la información presidencial estaba equivocada. Hechos como esos quedaron opacados por el lío de la camioneta, pero no puede desatenderse que muestran un gabinete sin adecuada coordinación, lo que, a su vez, refleja limitaciones en la conducción del Ejecutivo. Hay momentos en que parecería que ese equipo no estaba preparado para gobernar, puesto que no terminan de controlar la gestión cotidiana y recién en este segundo año presentaron algunos planes. Lo grave es que esto no es una novedad, porque la administración de Luis Lacalle Pou estuvo repleta de ministros que parecería que hacían pasantías para ir aprendiendo cómo manejar sus carteras.
Hay políticos que no aprenden del pasado. Es inexplicable que el actual Ministerio de Industria, Energía y Minería esté entusiasmado con otra inversión basada en recursos naturales, subsidios, agua gratis y escaso empleo, muestra que no aprendieron nada de lo ocurrido con las plantas de celulosa.
Tampoco discuten de manera adecuada el futuro. Uruguay enfrenta enormes desafíos que van, por ejemplo, desde las turbulencias en el comercio internacional por lo cambios geopolíticos a los efectos de la penetración de la inteligencia artificial y la robotización sobre el empleo. Los actores políticos son quienes deberían abordar esas cuestiones, pero prefieren entretenerse en peleas en las redes, lo que por momentos lleva a preguntarse si realmente comprenden los riesgos que enfrentamos. No miran con atención lo que ocurre en los países vecinos. Esa desertificación de la política acabó con los ciclos progresistas, por ejemplo, en Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador, para desembocar en extremas derechas, una circunstancia que ahora amenaza también a Colombia.
Los modos de ser y los cánones de la vieja política, aquella de los favores, del olfato, dejaron de ser efectivos porque las circunstancias son mucho más complejas y enmarañadas. Sin embargo, como nuestra política criolla no logra lidiar con esas cuestiones, produce ese desierto. Los espacios vacíos que quedan pasan a ser controlados, en los hechos, por otros actores, en especial los empresariales o sus representantes (como sucede con Javier Milei en Argentina o Rodrigo Paz en Bolivia). Los ejemplos nos rodean: como no está clara cuál es la política industrial, ese vacío lo ocupan unos inversores extranjeros del hidrógeno verde; como no se repiensa la política agropecuaria, se sigue apostando a los monocultivos de árboles para los negocios corporativos, y así sucesivamente. Al languidecer la política, se retraen criterios tales como el compromiso con el bienestar general para ser reemplazados por la racionalidad económica de la maximización de ganancias. Entonces, tanto la camioneta como la moto son síntomas de un problema más profundo.
