Fue cuando le apuntaron con un rifle de alto calibre y mira láser en la puerta de su casa, a los 22 años, que el militante salvadoreño por los derechos humanos Víctor Aragón decidió huir de su país. Ya estaba acostumbrado a las amenazas de muerte y a las camionetas con ventanas polarizadas que lo seguían a donde fuera, pero esta vez fue diferente.
“Quedamos perplejos, mis compañeros y yo. Cuando te pasa eso te hielas y ya no piensas en nada”, recuerda este representante de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador (Iepes), que llegó a Uruguay hace tres años y fue reconocido como refugiado por la persecución que sufrió por promover una reforma en la política de drogas de su país, y por defender el matrimonio igualitario y modificaciones en las políticas de salud sexual y mental.
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