Meses atrás, la revelación de una serie de audios que involucraban a altos funcionarios hondureños dejaba al descubierto una amplia red operativa transregional destinada a socavar los gobiernos de México o Colombia y, más en general, a atacar a figuras de las izquierdas latinoamericanas (véase «Si hay que regresar a la represión se va a hacer», Brecha, 8-V-26).
Las conversaciones, conocidas como Hondurasgate y cuya veracidad fue confirmada, explicitaban algunos de los interlocutores a los que aludían aquellos funcionarios: entre ellos, destacaban los presidentes de Estados Unidos y de Argentina, Donald Trump y Javier Milei, así como «los israelíes». Más allá de los actores externos, parte de las conversaciones que se escuchaban tenían que ver con temas de la política doméstica local. Entre amenazas más o menos veladas, insinuaciones de poder y advertencias varias, las voces hacían por demás evidente la debilidad del presidente Nasry Asfura respecto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), que permanecía en Estados Unidos una vez indultado por Donald Trump. A la vez, otro elemento que se destacaba era que el regreso de JOH a su país se produciría muy pronto, algo que al final se concretó el pasado domingo 26.
LOS PASOS PREVIOS
Anteriormente, tal y como se advertía en los audios, debieron cumplirse ciertas instancias. Parte de la agenda de recomposición de la impunidad y castigo a la oposición local preveía intensificar las labores de espionaje. Una nota de voz del presidente Asfura al titular del Congreso, Tomás Zambrano, de fines de febrero, dejaba en claro que debía aplicarse la «fuerza» para «recuperar la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía» y, de esa manera, «mover todos los hilos». Entre las cuestiones que el Congreso liderado por Zambrano debía apurar, según Asfura, estaba aprobar un «decreto» para «el control de las redes sociales», lo que suponía «quitar el anonimato, como lo pidieron los israelíes». Pocos días más tarde, el 7 de marzo, el presidente hondureño completaba que «los israelitas» le dijeron que tenían la capacidad para rescatar cualquier información sobre esas comunicaciones siempre que fueran «dentro de Honduras», pues el «software que ellos tienen» se limitaba a «la colaboración de Tigo y Claro».
La otra dimensión de la ofensiva desde el Congreso se concretó con la moción de destitución del fiscal general Johel Zelaya y el nombramiento de Pablo Emilio Reyes como sustituto el 25 de marzo. Las destituciones y el vaciamiento de otras oficinas e instituciones estatales sugieren que se trata de una acción política de persecución bastante generalizada. La necesidad de un ajuste fiscal, que parece fundamentar lo anterior, puede ser puesta en duda si se sigue el derrotero de Monique Asfura, hija del presidente y su acompañante en su gira por Europa. Conocida por sus gustos suntuosos, joyas y compras extravagantes, no podría acompañarlo en tanto no es funcionaria pública. Aunque los medios locales ocultaron su rol y el viaje, se lo conoció gracias a las fotos oficiales divulgadas en medios europeos.
Ello no impidió despidos masivos en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional y en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, todos ellos sitios que habían destacado por su labor de recuperación, conservación, promoción y divulgación de la historia del país. Zambrano, uno de los siempre presentes interlocutores en los audios y presidente del Congreso, dijo que él estaba «convencido que [Libre, el partido progresista del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, y su esposa, Xiomara Castro, también expresidenta y predecesora de Asfura en el cargo] nunca más van a volver a estar sentados… ni en el gobierno ni en ninguna institución del Estado» pues «este Congreso se va a encargar de que ese partido no vuelva a tocar el poder». Toda una batalla cultural en la que debe incluirse el retiro de la imagen de Castro del salón de retratos de expresidentes ubicado en Casa Presidencial o la eliminación del memorándum que respetaba la identidad de género. Todo indica que se está ante una figura política en ascenso y cuya intensidad supera la agenda local: a finales de abril viajó a Nueva York, donde fue distinguido con el Premio Richard M. Nixon «Freedom Over Socialism» («Libertad sobre el socialismo»). La ceremonia reunió a líderes políticos, empresarios y representantes del pensamiento conservador estadounidense.
Ya en mayo, en medio de una serie de protestas, ocurrió una masacre que derivó en el asesinato de 20 personas en la comunidad de Rigores, ubicada en el Bajo Aguán, una región históricamente afectada por los conflictos agrarios, las disputas territoriales y el narcotráfico. Este ataque, ejecutado por hombres armados con uniformes policiales falsos contra jornaleros, provocó una condena internacional que lideró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La matanza es una muestra elocuente de una nueva correlación de fuerzas donde los históricos grupos sienten un más o menos directo respaldo institucional. Al igual que en muchos países de la región, pero muy en especial en Centroamérica, el debate sobre la aplicación del modelo del salvadoreño Nayib Bukele estuvo muy presente entre la dirigencia partidaria y los especialistas en criminología. Todo ello acompañado por una amplificación mediática significativa que procura como estrategia la «mano dura». Entre los más destacados voceros está el muy visible y solicitado por los medios general Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad. En marzo, el jerarca profundizó en la necesidad de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra los «grupos terroristas», vale decir, las pandillas, y prometió «ser contundente contra esas organizaciones».
Arribados a junio, los tiempos se aceleraron: el día 29, la Corte Suprema de Justicia respondió de manera favorable a la solicitud de JOH de que se revoque la orden de captura vigente en su contra y admitió su presentación voluntaria para responder por un caso pendiente de fraude y lavado de activos en una audiencia estipulada para el próximo lunes.
LA MANO DE DIOS
Mientras aguardaba en Estados Unidos que se allanaran los caminos legales, JOH se encargó de intentar lavar su imagen, lo que incluyó repetidas apariciones con videos motivacionales o apariciones espontáneas en la vía pública mientras hacía compras. Los medios hondureños se encargaron de encontrarle espacio para hacerle varias entrevistas en las que parecía fungir como un estadista hablando de una variedad de temas delante de una amplia biblioteca. Las comparecencias mediáticas lo mostraron repitiendo una y otra vez que los audios del Hondurasgate eran parte de «una operación política basada en hechos falsos para construir una narrativa» que lo afectase políticamente y, de esa forma, «proteger a la izquierda radical en Latinoamérica». En esa línea, él era víctima de los esfuerzos de la izquierda por «atacar a figuras como Javier Milei, Donald Trump o a mí». En una nota con el periodista conservador Armando Villanueva, de CHTV Honduras, de casi dos horas, se escucharon voces grabadas de un «pueblo» que clamaba y agradecía el inminente retorno del líder. Allanados los caminos legales, tuvo lugar lo que, en palabras de la madre de JOH, entrevistada por la tevé local a las puertas de una iglesia, había sido un «milagro»: el tan ansiado regreso de su hijo al país que le vio nacer y el final de su profunda «angustia».
En el viaje desde Estados Unidos JOH estuvo bien acompañado: además de su abogado, arribaron junto con él sus escoltas y tres generales. Todos ellos llegaron en un jet privado, «donación de amigos nacionales y extranjeros» que cubrieron el costo de unos 16 mil dólares sin incluir el pago de impuestos y tasas de ingreso. El recibimiento fue, en primer lugar, una demostración de fuerza: parte de la estructura política del Partido Nacional de Honduras que JOH aún controla trasladó en numerosos buses a cientos de personas que llegaron al aeropuerto a recibirlo como un hijo pródigo. Fue en especial llamativo cómo parte de la institucionalidad del Estado parecía al servicio del expresidente. El recibimiento también fue un sentido reencuentro familiar que movilizó emociones intensas. El color blanco, asociado a la pureza, fue la tónica de los atuendos; el abrazo a su mamá al bajar del avión y luego a su esposa, quien aprovechó la ocasión para colocarle el anillo de matrimonio que había dejado en 2022 cuando fue extraditado a Estados Unidos. Al cabo de unos instantes, toda la familia quedó de rodillas para agradecer a Dios con una oración colectiva. Cada uno de los cuidados pasos fueron rigurosamente documentados por reporteros que siguieron, filmaron y fotografiaron lo que parecía una serie televisiva.
Al momento de las palabras, el empleo de la religión, como sugirió un analista disidente, desarmó y transformó por completo lo que era un caso judicial en un «milagro». Las hijas dijeron que se había tratado del «triunfo de Dios»; JOH agradeció su libertad al «Señor». En definitiva, «la familia no necesitó refutar el proceso de Nueva York» pues «le bastó producir una imagen más conmovedora que el expediente», dijo el analista.
Sin embargo, hubo más en ese cerco que blindó al exconvicto indultado. Junto con los medios tradicionales, y muy a tono con el clima de época, el influencer y creador de contenidos digitales Jorge Medina, cuyo portal Punto Joven es seguido por varios cientos de miles de personas, se plegó a dar la bienvenida a JOH. «Ese hombre es como Messi en el fútbol», expresó en uno de sus videos, criticando a los políticos de antaño que sienten envidia por JOH, un «tipo brillante» que «tiene [el] liderazgo» que a otros les falta y que, en suma, «fue indultado por el presidente de la nación más poderosa del mundo». Lester Alberto Cardona Meza, también conocido como Supremo, otra de las figuras jóvenes creadoras de contenido digital –tiene más de 3 millones de seguidores–, clamó, a su vez, un «Viva Juan Orlando». Poco después, en un live de TikTok que se viralizó rápidamente, invitó a JOH a un partido de fútbol que disputarán tiktokeros hondureños contra pares peruanos.
VOCES DISIDENTES
Más allá de lo anterior, el camino no luce despejado por completo para JOH. Una encuesta de opinión señala que hay un alto porcentaje de hondureños que no creen en su inocencia y, quizás por eso, hubo parte de la dirigencia nacionalista que mantuvo una prudente distancia. Entre ellos, el propio presidente Asfura, quien no se hizo presente en el recibimiento.
En Estados Unidos, mientras tanto, fueron varias las voces críticas que de nuevo se levantaron para condenar el indulto decidido por Trump. Liderados por Jamie Raskin, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes también emitieron un mensaje de rechazo ante el regreso del exmandatario. En una publicación de su cuenta oficial, el grupo legislativo recordó que hace dos años un tribunal federal condenó a Hernández a 45 años de prisión por liderar una de las conspiraciones criminales más grandes y violentas del mundo. Sin embargo, «este traficante convicto, traficante ilegal de armas y expresidente corrupto está de camino de regreso».
Particularmente expuesto quedó Jay Clayton durante la audiencia de confirmación del pasado 15 de julio en el Senado para asumir un cargo en Inteligencia Nacional. Clayton, que era fiscal del Distrito Sur de Nueva York y que en setiembre de 2025 se vanaglorió de su labor tomando como ejemplo del trabajo de su oficina contra organizaciones criminales el caso de JOH, fue interrogado de manera incisiva por dos senadores demócratas. Visiblemente nervioso y bajo juramento, debió reconocer que Trump había liberado a «un traficante convicto».
El mes anterior, el senador Tim Kaine pronunció un duro discurso en el pleno del Senado en el marco de la presentación de una resolución legislativa sobre derechos humanos en Honduras. Kaine aprovechó la sesión para calificar el indulto a JOH como «uno de los peores abusos del poder de indulto presidencial en la historia de Estados Unidos». En buena medida, sus argumentos se sostenían en que «gran parte de la investigación fue hecha por los propios funcionarios del presidente Trump en el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York». De hecho, las investigaciones habían abarcado a tres administraciones: comenzó durante la presidencia de Barack Obama, se desarrolló en su mayor parte bajo el primer mandato de Trump, continuó con Joe Biden y culminó con una condena en el último año de ese gobierno. Kaine, siguiendo a los fiscales del caso, señaló que JOH es «uno de los traficantes más poderosos y peligrosos jamás condenados en la historia de Estados Unidos» y que no había «explicación lógica» para su liberación.
Lejos del desconcierto, los audios divulgados en el Hondurasgate ofrecen algunas pistas sobre la solidez y pervivencia de una mentalidad concesionaria en las élites locales y en la dirigencia que tradicionalmente han colocado a su país al servicio de poderosos intereses transnacionales. En ese sentido, el sueño libertariano de ciudades-empresa libres de impuestos y regulaciones estatales ha vuelto a emerger tras declararse inconstitucional durante el gobierno de Xiomara Castro; una parte de la estratégica isla de Roatán en el caribe hondureño ha sido entregada, y todo indica que el país centroamericano puede constituirse en punta de lanza de variados experimentos, así como en plataforma de ataque y control sobre otros espacios en una zona por demás sensible de la geopolítica imperial estadounidense. Colocado en términos históricos, nada ilógico parece: Honduras fue el «país de alquiler» que el propio Estados Unidos empleó a fondo junto con la United Fruit Company en 1954 para orquestar el golpe en Guatemala y, dos décadas y media más tarde, para hostigar por medio de la contra a la triunfante revolución sandinista en Nicaragua.
