Conviene empezar despejando un par de inexactitudes. Se repiten tanto en los últimos días que amenazan convertirse en versión unánime. La primera atribuye la reforma propuesta a un sector minoritario del movimiento sindical. No es así. La Mesa Representativa que la aprobó el 7 de setiembre del año pasado lo hizo por 44 votos contra diez, que se pronunciaron a favor de la propuesta de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) de prorrogar la discusión.
Además de COFE votaron por la postergación las maestras, los bancarios, los papeleros, los molineros, los judiciales, los policías y los plenarios de Maldonado, Florida y Cerro Largo. Los representantes de los trabajadores del comercio, de los municipales de Montevideo, de los de UTU y del puerto optaron por abstenerse. La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida no estuvo presente. Todo el resto de los sindicatos apoyó la papeleta propuesta (véase «Es la economía, compañero», Brecha, 15-IX-23).
Más dividida había estado la Mesa anterior, del 10 de agosto del año pasado, que fijó los contenidos generales de la propuesta por 16 votos contra 14 (que iban por un nuevo aplazamiento) y con diez abstenciones. La moción triunfadora había sido planteada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y apoyada por el llamado Grupo de los Ocho. La moción derrotada fue propuesta por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines y apoyada por los sindicatos que se alinean con la agrupación Gerardo Cuesta. Se habían abstenido los sindicatos orientados por dirigentes de las agrupaciones Articulación y En Lucha.
En la sesión siguiente del Secretariado Ejecutivo no hubo ningún pedido de reconsideración. Si la agrupación Gerardo Cuesta hubiese querido frenar la iniciativa plebiscitaria, habría contado con los votos de los que se habían abstenido y habría alcanzado la mayoría. La ATSS había anunciado que estaba dispuesta a buscar firmas para su propuesta, aunque no contara con el apoyo del PIT-CNT. Pero evidentemente la Gerardo Cuesta decidió que buscar la consulta popular era más importante que la coincidencia plena sobre el contenido.
Luego, además, hubo cuatro semanas de negociaciones para fijar el contenido de la papeleta, que se aprobó, como se ha dicho, el 7 de setiembre. Los participantes en esa instancia no la describen como alegre y sencilla, pero terminó en un acuerdo. Puede decirse que los contenidos generales fijados el 10 de agosto estaban planteados con mucha rigidez y que entonces aquellos encuentros harían poco más que darle una redacción jurídicamente adecuada (véase «La entrañable independencia», Brecha, 18-VIII-23).
Pero aquella moción de la ATSS en que se basaban tenía 384 caracteres, 68 palabras, mientras que la papeleta acordada tiene 4.734 caracteres, 762 palabras. No son lo mismo. La primera disposición transitoria, por ejemplo, que define que «la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo de derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social», no deriva de ninguna parte de la moción original. Y no es una cláusula inocua. «De esto se deriva que tampoco será posible realizar cambios que eliminen privilegios vigentes que afectan la equidad intrageneracional actual, como, por ejemplo, los que surgen del régimen de la denominada caja militar», se argumenta en un documento de trabajo del centro de estudios Etcétera firmado por los economistas Jimena Pardo, Martín Vallcorba y Braulio Zelko.1
La redacción del inciso que equipara jubilaciones y pensiones al valor del salario mínimo nacional pudo terminar diciendo otra cosa, aunque la moción original estableciese precisamente eso. El abogado Juan Ceretta, que intervino en las negociaciones como asesor jurídico, explicó al semanario que estuvo en discusión una fórmula distinta que evitaba dejar en manos del Poder Ejecutivo –que es el que, en definitiva, fija el valor del salario mínimo– el monto de las prestaciones. Pero finalmente se optó por reproducir la formulación inicial, a riesgo de que el Ejecutivo vacíe su contenido por la vía de rebajar el mínimo. «A mí me gustaba más la otra redacción, te soy sincero», nos había dicho el abogado.
Lo que intenta mostrarse es que, se piense lo que se piense de la propuesta de reforma, es difícil presentarla como el fruto de un día de suerte de la ATSS y sus amigos «radicales». Pasaron muchos días y unas cuantas manos más sobre la moción original hasta llegar al 44 a diez.
La segunda inexactitud circulante refiere al papel que le cupo al Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Además del director, Ramón Ruiz, y de sus suplentes –Carlos Clavijo, Lorena Luján, Pablo Torrens, Diego Tacoronte y Sol Maneiro–, integran el equipo técnicos como el economista Hugo Bai, y la versión en que se insiste es que no se los había consultado en la etapa de la formulación de la propuesta.
«Eso yo lo desmiento categóricamente», afirmó al semanario Sergio Sommaruga, dirigente de los trabajadores de la educación privada, intensamente comprometido con el plebiscito desde las primeras instancias. «Ramón [Ruiz] estuvo presente conmigo en muchas discusiones. Y yo mismo le dije que quería que estuviese presente en las reuniones del comando y él prefirió no estar. Dos veces se lo dije. Admito que las discusiones no fueron fáciles, pero ahí hubo una decisión de un compañero que estimo muchísimo como Ramón, que yo no comparto», añadió.
Horas después Brecha recogió otro desmentido, esta vez del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Pero formulado en otros términos. «Eso es falso, porque Carlos Clavijo es miembro del ERT y participó en representación del ERT en todo el proceso de construcción de la papeleta.»
UNA ROSA PARA MILEI
En definitiva, las divergencias internas no afectaron de ningún modo visible la campaña. «El caudal de firmas alcanzado es el mayor que se haya logrado en los últimos años para iniciativas que buscaban cambiar la Constitución, tomando en cuenta tanto la que en 2019 impulsó Jorge Larrañaga sobre seguridad como la que en 2009 buscó anular la ley de caducidad o la que en 2004 puso en manos exclusivas del Estado el suministro de agua potable a la población», razonó Sommaruga. Tampoco parece haber hecho mella que los recursos económicos empeñados en la tarea fueran la décima parte de los que se volcaron cuando se buscaba derogar 135 artículos de la última Ley de Urgente Consideración.
«Si uno analiza las posibilidades de un proceso de este tipo en la perspectiva de las direcciones del movimiento sindical, en ese marco esta iniciativa estaba complicada», admitió Abdala. «Si, a mitad de la campaña, hacías un paneo de opiniones sobre si íbamos a andar por arriba de las 400 mil firmas, probablemente la inmensa mayoría de la gente te iba a decir: “No, está difícil”», graficó. Pero luego el aluvión de firmas «desbordó a la organización».
Para el metalúrgico una de las claves de que el resultado superara estas expectativas fue que «los énfasis se pusieron atendiendo siempre a las cuestiones de la unidad». «En ningún momento la campaña funcionó con cobro de cuentas. Ni al principio, ni durante la recolección de firmas, ni ahora. Y esto es muy importante: que las organizaciones sociales hagan lo que tienen que hacer sin dañar el capital político acumulado, atentas a no producir lastimaduras que después se pagan caras», explicó.
Así, las discrepancias en el ámbito de la dirección no se tradujeron en una retracción equiparable de la militancia. Aunque la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay no apoyó la campaña, «en la feria de mi barrio yo vi asociaciones de jubilados juntando firmas. Muchos militantes de los diez sindicatos que votaron contra la papeleta juntaron firmas. Si no hubiera sido así, no se explican las 430 mil firmas. Más allá de las diferencias legítimas que se plantearon a nivel de dirección, a nivel de base el apoyo fue arrollador», argumentó Sommaruga.
El docente y el metalúrgico –integrantes de corrientes sindicales que han sabido de enfrentamientos ásperos– coinciden en su lectura sobre lo que hay detrás de ese fenómeno. En palabras de Sommaruga, «la campaña supo interpretar un malestar social significativo que existe sobre la situación del país en general y con respecto a la reforma jubilatoria en particular, y de representar una voluntad de lucha, de no resignarse a los límites que impone la racionalidad instrumental».
Construir este canal de expresión habría significado un acierto relevante en la era de las multitudinarias nuevas derechas. Así lo dijo el docente: «Cuando uno analiza el trasfondo que ha acunado la emergencia de las extremas derechas como alternativa de masas, tiene que ver con que estas han sabido capitalizar el malestar social que el propio sistema genera en favor de su versión más salvaje. Y, de alguna manera, esto interpela las mediaciones que la izquierda y los movimientos populares han construido para comunicarse con esa sociedad aplastada, porque no le permiten ser interlocutores de un aplastamiento que terminan encarnando Jair Bolsonaro o Javier Milei o casi, casi José Katz en Chile… y podemos seguir. Por esto también es importante, desde una perspectiva histórica, el hecho de que el movimiento sindical y el movimiento popular hayan interpretado ese malestar y le hayan dado una canalización humanista, basada en una ética de la solidaridad».
Lo mismo resonó en la respuesta del presidente del PIT-CNT a la pregunta sobre los aprendizajes que la campaña dejaba. «Dos cosas», dijo. «Una es ratificar el valor de las reservas del campo popular. Y eso va unido a una reafirmación conceptual sobre el poderío del camino por abajo», afirmó, y el metalúrgico eligió detenerse en esto un largo trecho: «Se abrió paso la metodología de crecer desde el pie. Un elemento de reafirmación, pero que siempre es aprendizaje: la importancia de la línea directa con los trabajadores, con el pueblo. Muchas veces se habla de la cúpula del movimiento sindical. En una concepción que va más allá de lo sindical, que pretende ser revolucionaria, yo digo que esa cúpula debe ser invertida. Es decir, es muy importante que actuemos en defensa de los intereses de los trabajadores en la institucionalidad, pero es tan o más importante la asamblea en el lugar de trabajo, entre iguales. Esas 430 mil firmas, esa fuerza, abreva de eso. Del estado asambleario del movimiento sindical. Y eso, además, es una vacuna desburocratizante. Porque las instituciones –y el PIT-CNT es una institución– tienen sus problemas, a veces de burocratización creciente. Lo que dice Rosa Luxemburgo en Huelga de masas, partido y sindicatos sobre los fenómenos de este tipo es que una buena organización trabaja para desplegar su militancia con métodos, acciones, que hacen que las causas prendan al punto que luego la gente desborde a la organización. En cierta medida eso fue lo que nos pasó en el último tramo de la campaña. Acá al final nos llegaban papeletas que ni recordábamos haber distribuido. Ojo, esa magia la enciende la militancia. Pero su propia acción llevó al desborde».
NI VOS ARIEL NI YO CALIBÁN
Ahora se trata de multiplicar por tres el número de voluntades reunidas. No ya invocando el derecho a decidir, sino ganando la adhesión para una fórmula concreta. «Yo creo que hay que plantear un eje que tiene que ver con el acceso a los derechos versus privilegios, porque esto masifica, incluso hace que a nivel popular la adhesión sea transversal a las distintas orientaciones políticas», respondió Abdala sobre la dirección que deberá tomar el discurso.
A su juicio, la equivalencia de las pasividades con el salario mínimo, la posibilidad de jubilarse a los 60 años y la prohibición del lucro en el sistema jubilatorio deben verse como «tres medidas cautelares, digamos de autodefensa de los derechos de la gente en materia de seguridad social en el camino de una reforma realmente integral».
La cuestión de cuánto sale esto y cómo se paga no se resuelve por adoptar esa perspectiva. «Este es el momento de poner esos fundamentos arriba de la mesa, entre otros; no era necesario hacerlo cuando lo que se trataba era de habilitar que el pueblo decida. En mi opinión personal, en esto podrán aportar el Instituto Cuesta Duarte y economistas amigos», sostuvo Abdala.
Sommaruga, por su parte, explicó que una de las propuestas que el comando de la campaña llevará a la próxima Mesa Representativa es encomendarle al Cuesta Duarte la preparación de un documento técnico que inscribiría el debate en un «plan de desarrollo económico nacional, en el que hay un elemento central que es discutir la matriz productiva y el rol social y económico del Estado en la generación de valor y en la apropiación del valor generado para tener espalda económica para financiar un conjunto de políticas públicas que vaya más allá de la previsión social».
Porque, a diferencia de las voces ansiosas con los efectos inminentes que traería el cambio, el docente entiende que los desafíos económicos que plantea la reforma propuesta son una discusión para el medio plazo, el largo plazo y más allá. «Mirá, acá tengo el informe actuarial del BPS, todo subrayado porque lo estudié como diez veces. Desde el título lo dice: “Análisis de la propuesta de enmienda constitucional y de su impacto en el largo plazo”. Te leo: “La columna adicional, fondo de ahorro provisional, corresponde al saldo actual acumulado de las AFAP, el cual se vertería al BPS. Dichos fondos cubrirían el déficit del sistema previsional por invalidez, vejez y sobrevivencia hasta 2037 de acuerdo a los supuestos asumidos”».
Y sobre lo que suceda en el corto plazo, hay una cuenta que a Sommaruga le da distinto que al BPS. En la cuenta del equipo del BPS sobre el costo que tendría el aumento de las pasividades al nivel del salario mínimo, se asume que el aumento es por prestación, no por persona. Debe recordarse aquí que una persona puede recibir más de una pasividad. Si se asume que el aumento es por prestación puede darse el caso que una persona que cobra una pasividad superior al mínimo y otra inferior a este, deba recibir un aumento en la segunda. Y esto determina una diferencia grande con la que resulta de interpretar que cada pasivo debe recibir un monto equivalente al mínimo. A Sommaruga, que parte de esta base, la cuenta le da 510 millones de dólares anuales; al BPS, el doble.
¿Cuál de los dos procedimientos es el correcto? «Ninguna jubilación, ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional», reza el inciso 6 del nuevo artículo 67 que propone la reforma. Pero tanto Abdala como Sommaruga consideran que la reglamentación de la reforma debería determinar que el monto se calcule por persona y no por prestación. Y podría no ser el único punto en torno al cual se plantea la posibilidad de corregir aspectos «mejorables» de la enmienda.
De todos modos, la más convincente de las fundamentaciones ha sido insuficiente cuando el principal aliado político del movimiento sindical, el Frente Amplio (FA), faltó a la cita. Así sucedió cuando en 2009 la propuesta de anular la ley de caducidad fue derrotada por una diferencia ínfima.
—¿Expectativas de que el FA modifique su posición y apoye la reforma? –inquirió por eso Brecha a Abdala.
—No manejamos expectativas. Ni en una dirección ni en otra.
Sommaruga había dicho que otra de las iniciativas del comando es tener un encuentro a la brevedad con las autoridades del FA. Pero el objetivo de ese diálogo no sería incidir en la resolución de fondo, sino en acordar el trámite de las eventuales discordias. «A mí me interesa dar la discusión sobre la sostenibilidad de la reforma», puso por caso el docente, «pero no a los gritos, que a veces vienen de los compañeros, de Mario Bergara en el almuerzo de ADM [Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay], por ejemplo. Yo estoy dispuesto a darte la razón en algunas cosas, pero no así. No podemos caer en aquella dicotomía entre Ariel y Calibán, entre civilización y barbarie. Lo que hay acá es otra racionalidad estratégica», sentenció.
1. Análisis de política: la iniciativa de reforma constitucional sobre seguridad social y su impacto en la equidad y la sostenibilidad del sistema. Etcétera, octubre de 2023.
