Por más de dos décadas Estados Unidos multiplicó sus “fuerzas del orden”, las dotó de equipo militar y dio respuesta policíaca a casi cualquier problema social. Ahora, la combinación explosiva de pandemia, desempleo, racismo y brutalidad represiva reabre el debate sobre la reforma de la seguridad.
Desde Washington
La muerte de afroamericanos a manos de agentes policiales es un hecho repetido en Estados Unidos, y los juicios habitualmente concluyen con la exoneración de los encausados. Por ello, muchos de los participantes de la revuelta que por estos días estremece el país se mantienen enfocados en el enjuiciamiento de los cuatro policías involucrados en la muerte de George Floyd.
Pero la masificación inédita de las protestas ha instalado el debate sobre propuestas más generales y, en cierto modo, más radicales, que van desde la desfinanciación hasta la abolición de la Policía. Quienes proponen la abolición promueven una idea casi sin antecedentes y sin muchos detalles prácticos, que ahora es utilizada por Donald Trump para proclamar que los “extremistas” dejarán el país en manos de la delincuencia irrestricta.
La desfinanciación es una propuesta más detallada y consiste, básicamente, en reasignar los recursos que ahora se vuelcan en la Policía a distintos servicios sociales, para que se encarguen de problemas en los que la Policía no debería estar involucrada y, frecuentemente, sí lo está. Ese es muchas veces el caso de la delincuencia juvenil, la violencia doméstica y la drogadicción. Un fortalecimiento de los servicios de asistentes sociales, consejería psicológica, intervención en conflictos, tratamiento de los drogadictos, construcción de refugios y facilidades para adquirir viviendas quitaría a la Policía de situaciones en las que la prevención es más necesaria que la represión.
El reclamo ha sido recogido esta semana por el Consejo Municipal de Mineápolis, que el domingo 7 prometió desmantelar el actual Departamento de Policía de la ciudad. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, se oponía hasta la semana pasada a considerar un redireccionamiento de los fondos de los uniformados bajo su mando. Tras la permanencia de las protestas en la calle, anunció que, pensándolo bien, ahora sí está dispuesto a hacerlo. Algo similar dijo a comienzos de mes su par de Los Ángeles, Eric Garcetti, que prometió un recorte de 150 millones de dólares al gasto policial de su ciudad.
LA POLICIALIZACIÓN. En Estados Unidos hay casi 18 mil agencias policiales. Desde la del municipio o condado hasta las de cada uno de los 50 estados, más distritos federales y otros territorios, más las federales, como el conocido Buró Federal de Investigaciones (Fbi), y los contingentes policiales que trabajan para una maraña de agencias del gobierno federal.
Desde los ataques terroristas en setiembre de 2001, la policialización de la sociedad estadounidense ha crecido a razón de unos 2.500 agentes añadidos cada año. Tan sólo del lado civil del gobierno federal hay unos 132 mil agentes policiales, mientras que las unidades de investigación y Policía militar incluyen unos 2 mil agentes en la fuerza aérea, 1.200 en la Policía naval, 900 agentes en la división criminal del Ejército y más 40 mil miembros de la Guardia Costera, una fuerza que opera como Policía en los ríos, lagos y océanos del país.
A todo ello puede sumarse la multiplicación y presencia ubicua de las cámaras de seguridad, que nos vigilan a todos en sitios públicos y de otros. Y la proliferación de los vigilantes privados, que, con uniformes parapoliciales, custodian los bancos, tiendas, centros comerciales, escuelas y universidades, y los que sin uniforme sirven de guardaespaldas armados de quienes pueden pagarlos.
LA MILICALIZACIÓN DE LA POLICIALIZACIÓN. En 1990 el Congreso aprobó el Programa 1033 del Departamento de Defensa. El Pentágono ha distribuido a través de él y entre las Policías de todo el país excedentes de equipos militares que incluyen tanquetas blindadas, transportes de personal diseñados y fabricados para resistir minas en Afganistán o Irak, fusiles de asalto, uniformes y cascos de combate, y millones de balas.
Entre 1997 y 2014 –fechas de los datos disponibles más recientes– el Pentágono distribuyó pertrechos por 5.100 millones de dólares a unas 8 mil agencias policiales. Casi un tercio de los equipos era material nuevo, y el ramo de transferencia más común fue la munición. Hasta setiembre de 2014 las Policías de más de 20 distritos escolares habían recibido material militar mediante el Programa 1033.
Casi dos décadas de intervenciones continuadas en Afganistán, Irak y otros escenarios en todo el planeta han dejado 2,7 millones de veteranos y veteranas de guerra. Muchos de ellos, al retornar a Estados Unidos, a veces después de varias asignaciones en teatros bélicos, hallan empleo en las agencias policiales o en las compañías de vigilancia privadas. Y algunos pocos encuentran su hogar en las milicias de supremacía blanca, o entre los paramilitares que se aprestan para sobrevivir al colapso de la civilización.
Estos ingredientes han sazonado la labor de la Policía en Estados Unidos y la han hecho propensa al uso de la fuerza excesiva, al despliegue de armamento, chalecos antibala, cascos, y guantes y rodilleras de combate. Las comisarías se han convertido en minifortalezas rodeadas de muros, y dentro de ellas los agentes, apartados de la comunidad, aguardan la llamada para salir en incursión por los barrios donde ellos no viven y donde la población los ve como extraños.
COPS. Durante los últimos 32 años, una de las series de más alta audiencia televisiva en Estados Unidos ha sido Cops. Esta semana, cuando apenas se han apagado las fogatas y millones de estadounidenses claman por cambios radicales en la Policía, Paramount anunció que no reanudará el show, como estaba programado para el 15 de junio.
Cops y sus imitaciones han mostrado miles de intervenciones policiales en casos de drogas, violencia doméstica, robos, prostitución, tráfico humano, homicidios y todo tipo de malandrería. Los agentes policiales, con bala en la recámara de pistolas y fusiles, revientan puertas y ventanas, irrumpen en residencias de sospechosos, esposan gente, apabullan y arrastran o golpean a los detenidos, particularmente de noche y en medio de ladridos de perros policía.
Como, en general, la criminalidad de los pobres coincide con que estos son en su mayoría negros o latinos, las escenas del reality show abundan en redadas, allanamientos y capturas de negros o latinos, sin que poco o nunca se vea a los estafadores, a los financistas que vacían cajas de ahorro, a los inversionistas de malabarismos bancarios o a los ejecutivos de empresas que las han llevado a la bancarrota.
La cadena Fox, que en años recientes se ha convertido en una máquina de propaganda del presidente, Donald Trump, inicia cada noche su informativo con cuatro o cinco noticias de crímenes que, sorpresa, habitualmente ocurren en los “barrios malos” y entre “gente de color”. Arraigada en el racismo de siglos y regada con la abundancia de estas escenas, en la mente de los estadounidenses que no viven en esos barrios se ha nutrido la asociación entre “negro” o “latino” y “crimen”, acompañada por la noción de que contra esos “elementos” se justifica el uso de una fuerza policial abrumadora, estremecedora, aplastante.
CRIMEN Y CASTIGO. Los índices de delitos contra la propiedad en Estados Unidos han estado disminuyendo desde 1990, al igual que la tasa de homicidios cometidos por afroamericanos. Pero desde 1971, cuando el entonces presidente, Richard Nixon, lanzó una “guerra contra las drogas”, la población de cárceles y prisiones federales, estatales y de condado subió de unas 400 mil personas a más de 2,3 millones.
Con el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene ahora el 25 por ciento de la población carcelaria mundial. A esto ha contribuido un fenómeno complementario al crecimiento y expansión de la Policía: las leyes sobre sentencias y el funcionamiento de los tribunales. Desde 1993, un número creciente de estados ha adoptado leyes que estipulan sentencias mínimas identificadas por la expresión “three strikes you’re out”, que viene del béisbol y significa más o menos “la tercera es la vencida”. Bajo estas leyes, los jueces están obligados a imponer las penas máximas a quienes reincidan tres veces en delitos similares, aun cuando se trate de delitos no violentos. Una de cada cinco personas tras las rejas está allí por delitos de droga no violentos.
En Estados Unidos, cuando una persona es detenida, la fiscalía habitualmente la encausa por más de un delito, desde los menores hasta los de más gravedad que puedan encontrarse. Con los tribunales sobrecargados de trabajo, los encausados que son más pobres y no pueden pagar una defensa eficaz en general reciben el consejo de la defensoría de oficio de que se declaren culpables del delito que acarrea la sentencia más baja. Cumplida la sentencia, miles, millones de personas –¡oh, sorpresa!, en su mayoría negros, latinos y pobres– salen de prisión con las lecciones que allí se aprenden y con un historial criminal que saldrá a luz cuando luego busquen empleo.
Los blancos son el 64 por ciento de la población de Estados Unidos, pero son el 30 por ciento de los reclusos en cárceles y prisiones. Los negros son el 12 por ciento de los estadounidenses y los latinos, el 16, pero son el 33 y el 23 por ciento de los enrejados, respectivamente.
COYUNTURA. La pandemia de covid-19, el índice de desempleo más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930 y la muerte de un afroamericano bajo la rodilla de un policía blanco levantaron en todo el país protestas sin precedentes. No sólo por el número de manifestantes, sino por la concurrencia masiva de latinos y blancos a lo que, hasta ahora, había sido mayormente una queja de los negros.
La revuelta ha estremecido al Estado policial, especialmente después de que Trump sacó a la calle contingentes sin identificación de sus unidades y destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército federal. Las protestas han llevado a las autoridades de varias ciudades y estados a prohibir, de inmediato, el uso del chokehold, una técnica que consiste en el estrangulamiento controlado del detenido, que le impide respirar y, según como se aplique, también obstruye el flujo de sangre al cerebro.
La crisis también ha puesto en el debate nacional el papel que desempeñan los gremios de policías, cuyos contratos estipulan que los prontuarios de agentes que cometan infracciones se mantengan reservados. De esa manera, los abusadores siguen empleados o, en ausencia de un registro nacional de antecedentes, los despedidos de una agencia policial pueden encontrar empleo en otras.
Los gremios y la Orden Fraternal de la Policía –una especie de cofradía que es la mayor asociación de agentes policiales del mundo– defienden, además, la noción de “inmunidad calificada”. Básicamente, esta es una doctrina legal en la que tú no puedes demandar a un agente por comportamiento irregular, a menos que otro tribunal de la misma zona del país haya tratado un caso estrictamente idéntico al tuyo y haya dictaminado que la acción policial fue ilegal.
El jefe de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, en línea con lo prometido por el Consejo Municipal, anunció este miércoles 10 la cancelación de negociaciones con el gremio policial de la ciudad donde murió George Floyd. Pero los sindicatos policiales de otras ciudades –que suelen recibir cuantiosas donaciones para defender a agentes acusados de abusos– han salido a anunciar que contratarán a los policías ahora sancionados por los abusos ocurridos durante las protestas.
[notice]La reforma policial de Camden
En el debate de estos días ha surgido como prueba de laboratorio lo ocurrido en Camden, una ciudad de unos 77 mil habitantes en el estado de Nueva Jersey. Allí, en 2012, la tasa de homicidios era de 87 por cada 100 mil residentes, esto es, un 50 por ciento mayor que la tasa de homicidios en Baltimore (Maryland), que es la más alta entre las de las ciudades grandes del país.
Ahora bien, el año pasado la tasa de homicidios en Camden fue casi dos tercios más baja que en 2012. El primer paso en la reforma realizada allí consistió en la disolución del gremio policial mediante el desbande de la fuerza en 2013. Por entonces, gracias al convenio colectivo, el costo anual promedio del agente policial era de 182.168 dólares, lo que permitía a la ciudad emplear apenas a 175 policías.
Con el despido de todos los policías antes agremiados y la recontratación de muchos de ellos como empleados del condado, el costo promedio por agente bajó a 99.605 dólares. En un par de años, la fuerza policial creció a más de 400 agentes, es decir, poco más de 50 por cada 10 mil residentes, lo que es casi el triple del promedio nacional en ciudades de tamaño similar. Se invirtieron recursos en la instrucción de los policías, el establecimiento claro de normas para el manejo de conflictos y los protocolos de toma de responsabilidades que antes estaban vedados por el convenio colectivo.
Otro aspecto de la reforma en Camden fue una función policial más vinculada a los barrios, a las comunidades. Se apostó a la participación de la ciudadanía en la prevención o manejo de los delitos menores, en sustitución de una intervención de la fuerza para cualquier problema secundario.
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