México Hace siete años, cuando era gobernador del estado de México, el actual presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó la represión de un movimiento por tierras en el poblado de Atenco: hubo muertos, violaciones, apaleamientos y la condena a largas penas de prisión para más de 200 campesinos movilizados. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora el gobierno quiere transar, por chauchas y palitos, con los denunciantes, que se niegan.
“No es posible que un individuo con esas características, con esos antecedentes, sea presidente. Él mandó violar a nuestras mujeres, reprimir a nuestros pueblos y encarcelarnos, asesinarnos”, exclama Felipe Álvarez, un anciano campesino de la localidad mexicana de San Salvador Atenco, en la periferia de la capital del país, ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate
