Fabián Pepín Rodríguez Simón tiene una estrecha relación con el expresidente argentino Mauricio Macri. Integró su gabinete en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y fue su abogado cuando los Panamá Papers revelaron su participación en una treintena de sociedades offshore. Pero, sobre todo, Pepín se convirtió en uno de los punteros judiciales del macrismo; un operador en las sombras con llegada a las altas esferas del Poder Judicial argentino.
En diciembre de 2020, Rodríguez –diputado electo del Parlamento del Mercosur– llegó a Uruguay proveniente de Buenos Aires. Y aquí se quedó, dividiendo su vida entre Montevideo y Punta del Este; desde entonces, nunca volvió a su país. Cinco meses después, el 6 de mayo de este año, el exasesor macrista ingresó en la cancillería una solicitud de refugio, bajo el parámetro de la ley 18.076. Para pedir el refugio renunció a su residencia.
En su pedido, argumentó que era víctima de una persecución política en su país y que, en caso de regresar, existían fundados temores sobre la pérdida de su seguridad personal y su libertad, como parte de una investigación judicial que lo tiene como actor clave. Una causa que, según Pepín, presenta muchas debilidades probatorias y que avanza a un ritmo vertiginoso. «Me persigue una especie de organización supraestatal, la mafia del juego», declaró en su primera aparición pública tras el pedido de refugio (Perfil, 23-V-21).
En esencia, Rodríguez fue imputado en el marco de una indagatoria por presunto hostigamiento y asfixia financiera al Grupo Indalo,1 propiedad de Cristóbal López, un empresario con estrechos vínculos con el kirchnerismo y propietario del canal C5N, entre otras firmas. En esa causa, iniciada en mayo de 2019, también está imputado Macri.
Pero esta no es la única causa judicial que enfrenta en su país. Rodríguez también aparece en la causa denominada «Mesa Judicial», un órgano informal del gobierno de Macri para presionar a magistrados. En este expediente, fue mencionado por supuestas presiones a la exprocuradora general de la nación Alejandra Gils Carbó. Según la denuncia, Pepín se reunió con el fiscal Gabriel de Vedia y le pidió que le transmitiera a Gils Carbó que si no renunciaba, ella y sus hijas terminarían en prisión.
En este contexto, la solicitud de refugio de Rodríguez causó sorpresa y preocupación entre las autoridades uruguayas, por su eventual impacto en las relaciones bilaterales con Argentina, más en un período de tirantez política ante el planteo uruguayo de flexibilizar el Mercosur. Su caso, por estas horas, está a estudio de la Comisión del Refugiado (CORE), un órgano que funciona en la órbita de la cancillería, que tiene entre sus cometidos reconocer o no la calidad de refugiado de una persona. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Justicia uruguaya.
SU REFUGIO
Rodríguez Simón ingresó al juzgado caminando, acompañado de sus abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey. La jueza Adriana Chamsarian lo había citado para notificarlo del pedido de extradición librado por la jueza argentina María Servini de Cubría, que tiene a su cargo la indagatoria penal por las presiones a los representantes del Grupo Indalo. Se retiró igual que como ingresó.
La jueza resolvió dejar en suspenso el proceso de extradición hasta que se resuelva el trámite de refugio. A su vez, desestimó el pedido de arresto preventivo. Como medida cautelar, dispuso la fijación de domicilio y su prohibición de salir del país. Rodríguez debió entregar su pasaporte, medida que tuvo el aval de su defensa, ya que –según dijeron– no tiene intención de abandonar el país.
«Los institutos de protección humanitaria son un asunto muy serio en la tradición jurídica uruguaya e involucran fuertes compromisos con normas internacionales de derechos humanos. Es natural que en un caso de esta magnitud se haya decidido rechazar la solicitud de detención», afirmó Rey a Brecha. Según el abogado, esta decisión confirma que el pedido de refugio es serio y está fundamentado: «No fue una chicana judicial».
La declaración de Rodríguez se dispuso tras el pedido de captura internacional solicitado por la jueza Servini, que lo investiga «por haber amedrentado mediante amenazas a [los empresarios] Fabián de Souza y Cristóbal López», quienes habían presentado una denuncia por asociación ilícita contra Macri y otros integrantes de su gobierno. Las figuras que investiga la Justicia argentina son amenazas y extorsión.
La orden de detención señala que Rodríguez les avisó a estos empresarios, por medio de una tercera persona, que seguir adelante con esa denuncia traería consecuencias negativas en sus negocios de juegos de azar, con la revocación de las concesiones otorgadas por el gobierno nacional y el de CABA; el grupo es propietario de las empresas Hipódromo Argentino de Palermo SA y Casino Club SA.
De acuerdo a lo que informó el diario Ámbito Financiero –perteneciente al Grupo Indalo–, esta investigación confirmó la incidencia de Pepín en el sistema judicial argentino. Un entrecruzamiento de interceptaciones telefónicas reveló, entre otras cosas, las llamadas a personas vinculadas con el proceso de quiebra de la petrolera Oil Combustibles, también propiedad de ese grupo.
Su salida de Argentina se produjo con anuencia judicial. Rodríguez argumentó que vendría a Uruguay por motivos laborales y presentó una copia de un pasaje de Buquebus, que tenía como fecha de regreso el 15 de mayo (Ámbito Financiero, 24-V-21). Pero no retornó. Por eso, la jueza Servini lo declaró en rebeldía, solicitó su captura internacional con fines de extradición y dispuso la inhibición general de bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. En su resolución, apuntó que Rodríguez sabía perfectamente cuál era la situación procesal y que solicitó medidas de prueba que serían complementarias de sus descargos: «Sumado a ello, los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines». En este sentido, la solicitud de refugio en Uruguay «es absolutamente improcedente y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación [ya que,] luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener».
DE PARTES
La defensa de Rodríguez insistió ante la Justicia que están dadas las condiciones legales y formales para que se le otorgue la calidad de refugiado. Se afirmó en que existe una autopercepción fundada sobre el riesgo de su traslado hacia Argentina. Para esto, la defensa presentó un trío de consultas jurídicas firmadas por dos excancilleres y un grado 5 en Derecho Constitucional: Didier Opertti, Gonzalo Fernández y Martín Risso Ferrand.
En efecto, Opertti afirmó que Rodríguez tiene derecho a solicitar la protección de las autoridades uruguayas «al asumir que se trata de un perseguido en el Estado de su nacionalidad por razones básicamente políticas». En tanto, Risso Ferrand aseguró que existen indicios objetivos de que en Argentina se está produciendo una persecución político-judicial contra integrantes del gobierno de Macri y que la causa contra Rodríguez «tiene serios visos de influencia del poder político».
Por su parte, Fernández sostuvo que, sea cual sea la decisión sobre el pedido de refugio, no corresponde otorgar su extradición, ya que los delitos imputados son menores o inexistentes. En su consulta, Fernández afirmó que el delito de amenazas en Uruguay se castiga con pena de multa, por lo cual no es pasible de extradición, y que no existen elementos para inferir que pueda ser imputado por extorsión.
Más allá de esto, la jueza Chamsarian está a la espera del informe técnico del CORE para adoptar su resolución. Este organismo tiene 90 días para pronunciarse, pero se estima que lo hará antes, por el interés del gobierno uruguayo de resolver esta situación «lo antes posible». La comisión, presidida por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, sin embargo, aún no avanzó en su análisis formal, dijeron fuentes a Brecha.
Independientemente de ese informe, la decisión de fondo recaerá en Chamsarian. Si decide rechazar el refugio, la defensa puede apelar el fallo; si, por el contrario, lo acepta, la causa quedará sellada, ya que ni el fiscal Ricardo Lackner ni el Estado argentino pueden apelar. Fuentes consultadas por Brecha estiman que el desenlace dependerá del tono de ese informe del CORE y qué argumentos utilice para fundar su posición.
1. El Grupo Indalo es un conglomerado de empresas de distintos rubros: medios de comunicación, petroleras, banca, industria de la alimentación, entre otros.
