“No es una denuncia penal”, aclaró Petit a Brecha, sino una medida para que graves situaciones de salud y de encierro “sean atendidas a la brevedad”. El amparo, junto con el hábeas corpus o la denuncia penal, son parte de las atribuciones que tiene el comisionado. Es una medida judicial que debe tener sentencia la semana próxima.
El recurso será presentado este viernes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tca) por el comisionado y la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar, luego de comprobar desnutrición extrema y otras condiciones de encierro que vulneran los derechos más básicos de siete personas de entre 25 y 30 años privadas de libertad, que presentan “graves carencias de alimentación, salud, higiene, agua y actividades socioeducativas”.
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