Este artículo reflexiona y sugiere acciones a desarrollar en una de las zonas más críticas del barrio Casavalle, que en su origen se denominó Unidad Misiones, promovida por la Intendencia y el Instituto Nacional de Vivienda Económica en el año 1972.
Así como desde fines del siglo XIX, en el Río de la Plata en particular, la renovada escuela pública fue la principal fuente para ampliar oportunidades, en la actualidad el problema central refiere a desigualdades socioterritoriales, es decir la fragmentación sociourbana que se constata en nuestro sistema de ciudades más pobladas. Las respuestas para ampliar oportunidades y derechos deben ser aun más abarcativas y renovadoras, si consideramos la perspectiva de visualizar el tema con luces largas, como ocurrió a fines del siglo XIX.
En el artículo “Recetas vencidas”, publicado en La Diaria por Lucas Silva y Natalia Uval,1 el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, planteó que la situación de Casavalle “no se arregla de forma definitiva con políticas policiales”, y que se necesita “un shock de políticas sociales, de vivienda, de urbanización”, porque el modelo de vida en ese barrio “no es sustentable”. Los objetivos de las siguientes reflexiones resultan consistentes con la opinión del ministro.
En 1998, un trabajo académico realizado por la Facultad de Arquitectura en el marco de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, sostenía: “En el 72 se inicia la construcción de 540 alojamientos transitorios de la Unidad Misiones. Las viviendas, de muy bajo estándar constructivo, se superponen en dos niveles en 27 bloques dispuestos sobre una trama de sendas peatonales”.2 “Es notorio que Casavalle necesita una estructuración de su trama vial que le dé legibilidad a su trazado y un mejoramiento de su equipamiento urbano e infraestructura de servicios (…) la Intendencia debe concretar acciones demostrativas de su voluntad de revertir la degradada situación del barrio, interviniendo radicalmente en las áreas de sus más notorios errores, percibidos por la población como jalones del proceso de descaecimiento ambiental. Proponemos la demolición de la Unidad Casavalle 1, analizando la posibilidad de mantener algún sector, y de la Unidad Misiones.”3
En el mismo trabajo, un vecino de Casavalle afirmaba: “A la Unidad Misiones habría que sacarla, eso no se puede arreglar. Toda la problemática se tira para Casavalle, es una zona roja, tendría que haber una política estatal que planificara un poco los cupos de población, que reoriente las corrientes…”.4
Veinte años después de la citada investigación, un operativo del Ministerio de Interior (MI), junto a otras instituciones estatales, permitió censar, el 23 de junio pasado, a los residentes de Los Palomares, con la idea de realojar a un conjunto acotado de familias.
Las citas referidas muestran la genealogía de un territorio que fue campo de experimentación de malas prácticas, tanto del ordenamiento territorial como de la concreción de programas urbano-habitacionales. En este sentido, Los Palomares representa un caso extremo de vulnerabilidad. La “vivienda transitoria” se convirtió en permanente, vulnerando los derechos de las personas, que padecen aún hoy la vivienda pobre para pobres. La ausencia de sensatez de las autoridades políticas en la promoción de este tipo de programas se comprueba cuando su objetivo explícito fue “erradicar cantegriles”, pero en la actualidad todo el conjunto habitacional es un asentamiento irregular. En efecto, Pablo Melgar, en el artículo de El País “Un censo policial para Casavalle”,5 registra el testimonio de Gladys, una vecina de Los Palomares, que verifica las pautas culturales de una informalidad generalizada: “Acá se crió toda la familia, uno de los pasajes es todo nuestro. Fuimos comprando de a poco. Yo le regalé una casa a mi hija, después me compré una para mí, pagué 110 mil pesos”, dijo, e informó que nadie paga las facturas de Ute y Ose.
Este caso de segmentación social y segregación urbano-residencial se localiza en un territorio cuyas características principales se configuran del siguiente modo: tejidos residenciales formales, en parte precarizados; asentamientos irregulares; y conjuntos habitacionales de pésimas calidades urbano-arquitectónicas subsidiados por el Estado. Estas tres configuraciones se constituyen en una desestructuración urbana generalizada.
Este panorama de desigualdades socioterritoriales se enmarca en un proceso estructural de agudización de la fragmentación sociourbana en Montevideo, que se construye, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Desde la redemocratización del país las dinámicas demográficas también lo evidencian. Tanto entre los censos de 1985 y 1996 como entre los censos del 96 y de 2011 crece la ciudad periférica (en esta ciudad el 70 por ciento de la población pertenece al primer y segundo quintiles de ingresos) y decrecen las poblaciones tanto en la ciudad intermedia como en la ciudad de altos ingresos. La distribución por quintiles de ingresos es consistente con el censo de 2011.
PLAN-PROYECTO-GESTIÓN. De manera sintética, nuestra sugerencia se basa en tres pilares: 1) demoler Los Palomares y quizás alguna zona adyacente, y por tanto realojar a las familias; 2) en este nodo urbano (bulevar Aparicio Saravia y avenida San Martín), localizar un complejo edilicio que sume actividades culturales muy diversas, entre ellas educación media, Utu y terciaria; así como equipamiento para biblioteca, deportes, salas de cine, teatro y exposiciones; y 3) diseñar una nueva forma de gestión, según la cual algunos de los edificios más visibles funcionen los 365 días del año y las 24 horas del día.
El plan debe consensuarse con los vecinos de la zona para que tenga éxito, lo cual no resulta una tarea fácil. Así lo demuestran los realojos en la reciente y acertada demolición del CH 20 en la Rambla Sur. En este caso la cantidad de hogares a realojar lo transforma en un tema de mayor complejidad. Desde nuestro punto de vista, las nuevas viviendas deben responder a las aspiraciones de los vecinos, sin descartar ninguna hipótesis: quedarse en la zona; migrar hacia el interior del país, o radicarse en la ciudad intermedia de Montevideo; es importante que resulten en pequeños agrupamientos de diez o quince unidades, sin descartar viviendas individuales. Es decir, aplicar una política urbano-habitacional de acupuntura urbana, evitando la nueva guetización de estas familias.
El proyecto Faro Ciudadano que se plantea para contribuir a la construcción de ciudadanía necesita de un programa que lo preceda. Para ello es primordial la participación de los vecinos, de manera de responder a sus demandas. Las características de los servicios y sobre todo la ubicación estratégica del lugar amplifican su radio de acción a muchos barrios de la ciudad periférica. En este sentido, la característica transversal de bulevar Aparicio Saravia resulta trascendente ya que vincula una serie de barrios periféricos, así como el carácter de la avenida San Martín, que conectaría este nuevo hito urbano con el centro de la ciudad.
Otro aspecto sustantivo del lugar es su topografía, es un lugar alto. De manera que las edificaciones tendrán en Montevideo un perfil propio muy destacado en el paisaje urbano de la ciudad. Este programa además resignificará de una manera acumulativa y estructurante tanto la actual Plaza de Convivencia del barrio como su Centro Cívico. La concreción de una obra de estas características quizás tendrá su correlato en los debidos ajustes del transporte colectivo de la ciudad.
Es importante que la propuesta edilicia derive de la organización de un concurso público, con asesoramiento de la Sociedad de Arquitectos, para potenciar la participación de las diferentes generaciones de colegas. Y además porque, en términos generales, en Montevideo nuestras mejores obras con particular carga simbólica resultan de este procedimiento. Desde el edificio del Bps (Chiappe y Payssé) y la sede de Aebu (Lorente, Lorente hijo y Lussich), hasta el memorial de nuestros detenidos desaparecidos (Cohen, Otero y Sagradini).
La gestión se relaciona con el plan y el proyecto, de modo que resulta sustantivo, tanto para brindar los mejores servicios a los usuarios como por razones de seguridad, que su funcionamiento sea continuo; se puede prever este funcionamiento, por lo menos para una parte de los edificios.
La capacitación laboral (Inefop) es una necesidad prioritaria para los pobladores de la zona, pero también es importante que estudios terciarios, como formación docente, la Utec y la Udelar integren el programa. Es fundamental mitigar, aunque sea en parte, la agudización de la fragmentación sociourbana de Montevideo. Este programa de mejoramiento barrial incidirá positivamente en la autoestima de los habitantes de la ciudad periférica de Montevideo. A la vez, de este modo resultará un shock de políticas sociales, de vivienda, de urbanización. En este sentido, los parques-bibliotecas construidos en la periferia de Medellín resultan un precedente inspirador.
El equipo económico dirá que este programa es muy costoso y que debemos bajar el déficit fiscal, argumento que es de recibo. La respuesta, sin embargo, continúa siendo afirmativa para la concreción de esta obra, ya que por un lado inevitablemente se hará por etapas, y por otro porque para su financiamiento quizás se pueda instrumentar una sinergia de aportes de instituciones nacionales e internacionales: las empresas públicas, los ministerios, la Intendencia de Montevideo y los organismos multilaterales de crédito. Obviamente, por sus funciones, parece sensato que la Intendencia, el Mvotma, el Mides y la Opp lideren este plan-proyecto-gestión.
El financiamiento por etapas se facilita por la configuración urbana de Los Palomares en cuatro manzanas; el proceso en etapas vale tanto para la relocalización de las familias como para la simultánea construcción del programa multifuncional propuesto.
Es importante recordar que entre 1985 y 2011 la ciudad periférica continuó incrementando su población, densificándose y a la vez ampliando la mancha urbana. La actual crisis de inseguridad en la zona debe transformarse en un escenario de oportunidades para los pobladores de diferentes barrios y a la vez para jerarquizar el paisaje del perfil urbano de Montevideo junto a sus preexistencias más visibles: la fortaleza del Cerro y la iglesia del Cerrito de la Victoria.
- La Diaria, 26-II-18.
- La gestión urbana. En la generación de los tejidos residenciales de la periferia de Montevideo. Marta Cecilio, Jack Couriel, Mario Spallanzani. Facultad de Arquitectura, Udelar. 1999. Pág 105.
- Ibídem, pág 117.
- Ibídem, pág 117.
- El País, 24-VI-18.
