El miércoles pasado Elena Quinteros hubiese cumplido 81 años. La desaparecieron cuando tenía 31, y de eso hace ya 50 años. Hace 50, también, que el apartamento donde vivía y de donde fue secuestrada estaba en manos del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), que se apropió del bien y lo «blanqueó» a través de decretos de la dictadura que sirvieron para hacer, de este y otros oprobios, algo legal.
Este mismo miércoles, para recordar aquel cumpleaños que no fue, en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, se anunció que el inmueble pasó a propiedad del Ministerio de Educación y Cultura y que este, a su vez, lo cederá en comodato a la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, que será la encargada de llevar adelante el sitio de memoria que allí funcionará. La asociación, integrada entre otros por Raúl Olivera, Mirtha Guianze, Marcos Carámbula y Lilián Celiberti, había sido la promotora de toda la idea, como forma de reparación simbólica ante el crimen de Elena.
La decisión, en la que intervino directamente el presidente, dejó sin efecto una resolución anterior del MDN, que el 5 de diciembre de 2025 entregó en comodato el apartamento a la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), pero mantuvo la titularidad de la propiedad. Esa decisión había motivado el cuestionamiento de la organización civil, que advirtió que, si Defensa continuaba siendo la dueña del bien, entonces el inmueble seguía siendo parte del «botín de guerra» de la dictadura, y cuestionó también que el acuerdo de comodato –que especificaba que el local solo podría destinarse «a los fines que la Constitución y la ley le asignan» a la ANEP– impidiera la declaración del apartamento como sitio de memoria (véase «Ni memoria ni reparación», Brecha, 20-III-26).
* * *
Las expresiones de los jerarcas participantes en la conferencia –los ministros José Carlos Mahía, de Educación y Cultura, y Sandra Lazo, de Defensa Nacional–, además de las del presidente y las de Olivera –en representación de la asociación civil–, dejan claro que llegar a este resultado no fue fácil: «Pasó, seguramente, más tiempo del que debiera», afirmó Mahía; «hubo que dar pasos, y hubo encuentros y desencuentros», dijo Lazo; «se precisaron muchas voluntades políticas», acotó Olivera; «quienes estuvimos en esto de resolver lo de la casa sabemos que había mucha tela para cortar y muchas cosas para resolver», adujo el presidente Orsi, que aclaró que algunos nudos que parecen fáciles de desatar no lo son tanto. También dijo: «Si esto fue posible, es porque la buena voluntad, el diálogo permanente, la discusión de cómo hacer las cosas siempre se dieron de frente y en un marco de cordialidad».
Aunque nadie explicitó los desacuerdos ni los nudos ni las telas que cortar, lo cierto es que el traspaso de propiedad y la declaración de sitio de memoria a un bien robado por la dictadura y mantenido en esa calidad por gobiernos de todos los colores políticos hizo crujir varias maderas. Y dejó en evidencia, otra vez –más allá de la sensibilidad mostrada por el presidente y su capacidad para desandar el entuerto–, que el Estado sigue sin tener una política de memoria y de reparación claras que impidan las idas y venidas, las marchas y contramarchas atadas a opiniones y sensibilidades personales y los corporativismos institucionales. Como dijo meses atrás a Brecha Javier Correa, magíster en Historia y Memoria y exintegrante de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), sobre la primera decisión de traspasar el apartamento a la ANEP: «Los sitios de memoria son para reparar de manera simbólica el daño que se generó a las personas. ¿Dónde está la reparación si el colectivo que se movió, que hizo el pedido, no está conforme? ¿Cuál es el sentido último de esa estrategia de reparación?».
La falta de una política clara se hará sentir otra vez cuando comience a formularse el sitio de memoria, porque las políticas de reparación existentes no prevén recursos para ello. La CNHSM tiene un presupuesto de unos 200 mil pesos por año, que alcanzan para hacer las placas que señalan los sitios, reponerlas cuando son vandalizadas (son 34 sitios, más 33 señalizaciones, que es una categoría diferente), pagar algún pasaje cuando se trata de lugares en el interior, y poca cosa más. Eso en los casos en los que la caja queda en cero antes de cerrar el año. Así las cosas, cada organización civil es encargada de financiar el mantenimiento y las actividades que se hagan en el sitio. Algo así como financiar una autorreparación, un abrazo del que el Estado no quiere participar. Así es siempre, salvo para el sitio que se ubica en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, antiguo local del Servicio de Información de Defensa, que cuenta con funcionarios que organizan actividades, hacen visitas guiadas y mantienen el espacio.
* * *
No está claro cuántos inmuebles robados por la dictadura están todavía en manos del MDN. Si bien en 1985 se decidió la restitución a sus dueños, no todos fueron devueltos; en algunos casos, como el del apartamento de Elena, porque fue comprado para su organización (el Partido por la Victoria del Pueblo [PVP]) con documentos falsos, por lo que el «legítimo dueño» no existía. Cuando una investigación de Brecha dio cuenta de que el apartamento seguía estando en manos del MDN, el PVP comenzó gestiones para que fuera declarado sitio de memoria. Así comenzó el largo camino de recuperación del bien. Pero hay por lo menos una chacra confiscada al MLN (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) que sigue apropiada y sobre la que el ministerio asentó el Grupo de Artillería Antiaérea 1. Se sabe también que la casona de Punta Gorda, donde funcionó el 300 Carlos, fue objeto de varios chanchullos militares. Recuperada la democracia, por obra y gracia de no se sabe qué señor, el inmueble fue vendido a la esposa del almirante Eladio Moll (recordado por su vinculación a las coimas del caso Cangrejo Rojo, ampliamente investigado por Brecha), que ese mismo día lo revendió al doble del precio a la hermana de Daniel García Pintos, exdiputado pachequista y antiguo integrante de la Juventud Uruguaya de Pie. Ese «acto con apariencia delictiva», así como otros delitos económicos de la dictadura, jamás fueron investigados por la Justicia, a pesar de que no estaban comprendidos en la ley de caducidad.
Por eso, el logro que obtuvo la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros tiene que ser valorado no solo por la recuperación de un bien robado a base de sangre y fuego, sino porque trae al presente que, como dijo el presidente, hay «mucha tela para cortar» en el campo de la reparación simbólica a las víctimas de la dictadura.
