Matrimonios y algo más - Semanario Brecha
Cabildo Abierto designó como director de Inmayores al coronel Daniel Bonelli

Matrimonios y algo más

Fiel al patrón que aplica desde el inicio del gobierno para la asignación de cargos, Cabildo Abierto recambiará a Malva Torterolo por un militar retirado, esposo de la presidenta del INISA, Rosanna de Olivera. En este organismo también han ingresado policías a importantes cargos en forma irregular, según la directora por el Frente Amplio.

Irene Moreira y Guido Manini Ríos en la explanada del Palacio Legislativo luego de asumir el nuevo parlamento en 2020 /Mauricio Zina

La designación de Alejandra de Mello, viuda de Eleuterio Fernández Huidobro, como asesora en el Ministerio de Vivienda, que encabeza Irene Moreira –donde renunció el jefe de gabinete Gonzalo Reissig y se prevé un rearmado del equipo (El País, 27-IV-21)–, no fue el único movimiento en las filas de Cabildo Abierto (CA) durante esta semana. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) comunicó el martes 26 la designación del coronel retirado Daniel Bonelli como nuevo director del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) en el lugar que deja vacante la psicóloga Malva Torterolo, quien dio «un paso al costado», según dijeron a Brecha desde el MIDES. La dirección de Inmayores fue asignada a CA y era ocupada por Torterolo desde el principio del gobierno.

El nuevo director de Inmayores es el esposo de Rosanna de Olivera, presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). De Olivera tiene como asesor al mayor retirado Jorge Lewis, egresado en 1980 de la Escuela Militar en la misma promoción que Bonelli. A ambos los une una amistad personal, según pudo saber Brecha. A su vez, Lewis es socio en una empresa de seguridad del mayor retirado Eduardo Radaelli. La ilación puede seguir largamente, en recorrida por los organismos del Estado, poblados aquí y allá por la familia militar a instancias de CA (véase «Agencia de Colocaciones», 7-V-21; «La parentela», 2-VII-21, y «Vigencia de la agencia», 14-X-21).

Pero en el INISA, bajo la presidencia de De Olivera, también hay policías que ocupan importantes cargos de responsabilidad. Este semanario accedió a los expedientes de dos designaciones que tuvieron el voto contrario de la representante del Frente Amplio en el directorio, Andrea Venosa, por entender que son irregulares. Una de ellas corresponde al comisario mayor retirado Luis María Rodríguez, que fue contratado a instancias de De Olivera el 7 de octubre de 2020 como docente dentro de un programa de formación del personal. «El titular constituye un pilar fundamental en la gestión de este directorio, siendo referente institucional ante el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado» de la Unión Europea, que colabora en la creación de una academia de formación penitenciaria impulsada por la presidenta del INISA. El contrato docente de Rodríguez fue renovado por un año en abril de 2021 y por un año más el 22 de marzo de 2022, con los votos de De Olivera y de la representante del Partido Nacional (PN), Rosario Pérez. Venosa se opuso, señalando que su designación vulnera el artículo 153 de la ley 19.438, que habilitó al INISA a celebrar contratos docentes remunerados de acuerdo a la escala de remuneraciones de la Universidad de la República (Udelar). Esa ley establece que para los ingresos «se realizarán concursos de oposición y méritos o de méritos y antecedentes». Rodríguez, sin embargo, ingresó por designación directa. Además, el reglamento del INISA para el personal contratado por horas docentes establece para las prórrogas de los contratos un máximo de 22 meses, que se supera con la última renovación de Rodríguez. Al expolicía se le adjudicó una remuneración correspondiente a la de un profesor grado 5 de la Udelar.

De Olivera estuvo enfrentada con la anterior directora por el PN, Sandra Etcheverry, pero su relación con Rosario Pérez fluye mejor. Pérez –que pasó al INISA desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, en un enroque con Etcheverry– llevó a trabajar a su secretaría al funcionario policial Jorge Roberto Namús, en pase en comisión desde el Ministerio del Interior. Pero en la sesión del directorio del 5 de abril, Namús fue trasladado como director del Programa de Privación de Libertad y Semilibertad, fundamental para el instituto. Venosa también votó en contra, fundamentando que «no corresponde que un asesor de una de las directoras sea director en la institución», dice el expediente. A pesar de que el artículo 24 de la última ley de presupuesto establece que los pases en comisión se habilitan para desempeñar tareas de asistencia a los directores, Namús fue trasladado a una función jerárquica dentro de la estructura del organismo.

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