Nuestra noción de derechos ha ido expandiéndose y transformándose a lo largo de la historia. La complejidad de la dinámica filosófica, ética y jurídica por la que se ha conceptualizado la relación humanos-naturaleza muestra por lo menos dos concepciones: una en que se conciben como separados (la naturaleza es un hábitat) y otra como parte de un mismo todo (somos naturaleza).1 Por su parte, el concepto de ambiente también se ha transformado a través del tiempo. Actualmente se lo concibe como un sistema complejo, integrado por diferentes elementos interdependientes y que se definen mutuamente. Estos elementos son de carácter ecológico y social.2 En el contexto histórico actual existen movimientos sociales, perspectivas científicas y filosóficas que reconocen que los seres humanos formamos parte de este sistema complejo, que es sensible a nuestras acciones y afecta nuestras circunstancias de vida. Por lo tanto, pensar en el significado de vivir una vida digna en clave de derechos incluye actualmente reflexiones sobre las condiciones ambientales ecológicamente sanas y socialmente justas, necesarias para sostener la vida en el planeta. La crisis de la biodiversidad, el cambio climático, el deterioro del suelo, la contaminación e, incluso, la pandemia de covid-19 son problemas ambientales que muestran nuestra interrelación con el ambiente.
El derecho a vivir en un ambiente sano no forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.3 Sin embargo, 150 de las naciones miembros de la Organización de las Naciones Unidas registran este derecho en sus Constituciones. El derecho al ambiente sano está explicitado en el artículo 11 del Pacto de San Salvador, instrumento que complementa la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, hay un reconocimiento de cómo el ambiente afecta derechos como la salud y la alimentación, y también acuerdos multilaterales que ofrecen herramientas, como el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia para tratar cuestiones ambientales en el funcionamiento de nuestras sociedades (por ejemplo, el Acuerdo de Escazú). En Latinoamérica también se está dando un debate sobre los derechos de la naturaleza, que integra distintos tipos de saberes (como el de comunidades originarias, la teología de la liberación y los movimientos sociales) en la búsqueda de nuevas conceptualizaciones y formas de relacionarnos entre las personas y con el resto de la naturaleza. Por otro lado, existe en la academia una teorización de nuestra relación con la naturaleza que ofrece nuevas formas de conceptualizarla (antropoceno, biocentrismo, capitaloceno, hipótesis Gaia, entre otras nociones). Estos debates en los ámbitos político, social y académico revelan la necesidad de un cambio de paradigma respecto a cómo pensamos, investigamos y actuamos en defensa de derechos en relación con problemas complejos. El reconocimiento de estos derechos implica una definición de quiénes somos y cómo nos relacionamos con el ambiente, pero también construye criterios que asignan valor y justifican prácticas sociales con consecuencias materiales y simbólicas en la vida de todos quienes somos parte del planeta. Es necesario abordar estas cuestiones desde una concepción holística que reconoce nuestra identidad como seres situados y parte de un sistema interrelacionado, reconociendo de distintas maneras que los seres humanos somos parte integral del ambiente. Desde esta perspectiva, defender los derechos humanos requiere visibilizar las conexiones ocultas entre las prácticas productivas, las prácticas culturales y la integridad de la vida humana y no humana. Esta aproximación también implica una revisión de modelos culturales de interpretación y valoración, ya que estos modelos configuran las relaciones y las prácticas, al mismo tiempo que ofrecen formas de darle sentido a nuestra experiencia. La fundamentación de derechos y obligaciones del Estado en nuestra comunidad implica reconocer que para la realización de una vida digna necesitamos valorar la interdependencia de todas las formas de vida. No pueden garantizarse los derechos humanos a la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el agua si no hay derechos ecológicos que protejan los ecosistemas, los cuales sostienen la vida.
En el marco de las actividades de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos en 2021, lanzamos una línea de trabajo cuyo objetivo es expandir la discusión pública y académica sobre derechos humanos incluyendo una perspectiva ambiental. Buscamos visibilizar el trabajo de diferentes grupos de investigación, enseñanza y extensión en la Universidad de la República (Udelar), en torno a problemáticas ambientales en clave de derechos. Es un grupo de trabajo abierto a equipos e investigadores de la Udelar de diferentes disciplinas interesados en construir una agenda común e intercambiar experiencias. En este momento el grupo incluye docentes de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento (arquitectura, sociología, biología, biología humana, ecología, recursos naturales, ciencias ambientales, química, geografía, antropología, agronomía, comunicación, relaciones internacionales, nutrición y derecho) y de distintas zonas del país (Montevideo, Maldonado, Rivera).
El grupo de trabajo abre un espacio para compartir saberes sobre problemáticas sociales relacionadas con la emergencia planetaria causada por la crisis climática, la soberanía alimentaria, la pérdida de biodiversidad y la contaminación (entre otras), además de crear instancias de articulación con otros actores sociales y comunidades organizadas en defensa de derechos vulnerados por estas situaciones. Proponemos explorar estos problemas a través de una serie de actividades que permitan diálogos y el fortalecimiento de vínculos entre grupos dentro y fuera de la academia. Algunos de los asuntos que proponemos explorar incluyen:
• cuestiones normativo-filosóficas, como el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho o recomendaciones al Estado uruguayo en el marco de sus obligaciones (por ejemplo, considerar el valor intrínseco de la naturaleza más allá de los valores instrumentales que podamos asignar los seres humanos al tomar decisiones sobre el uso del territorio o el desarrollo de megaproyectos);
• cuestiones teórico-sociales, como la relación entre modelo productivo, modelos de consumo, conservación del ambiente y derecho al agua (por ejemplo, examinar las conexiones entre el uso de fertilizantes sintéticos en la agroindustria, la calidad de las aguas de los ríos y las floraciones de cianobacterias, que afectan el acceso al agua potable o los usos recreativos);
• cuestiones político-programáticas, como las tensiones prácticas que surgen al promover simultáneamente justicia social y ambiental y modelos extractivistas o políticas públicas que no consideran derechos humanos o de género al planificar el territorio (por ejemplo, la contradicción entre políticas públicas que promueven el monocultivo intensivo con organismos genéticamente modificados mediante beneficios fiscales y mecanismos para la promoción de inversiones extranjeras y al mismo tiempo la generación de normas de ordenamiento territorial que crean espacios donde conservar la naturaleza y apoyar a pequeños productores familiares agroecológicos);
• cuestiones epistemológico-metodológicas, como las formas de coproducción del conocimiento, los mecanismos de participación pública en temas de ambiente y los procesos de toma de decisiones, la construcción de agendas locales de investigación e, incluso, la reflexión sobre los diferentes modelos de educación ambiental o de aproximación a la comprensión de las problemáticas ambientales.
La mirada multidimensional, transdisciplinar, multiescalar con perspectiva de género nos brinda la posibilidad de tejer redes de sentido y articular acciones con el fin de defender derechos y contribuir a la comprensión de las causas de estas crisis. Nuestra primera actividad fue una charla del abogado argentino especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria Marcos Filardi. Su exposición es un ejemplo de cómo esta mirada permite conectar los derechos humanos con la naturaleza, la ciencia con las políticas públicas y el conocimiento con la movilización social en pos de alternativas que permitan vivir vidas que merezcan la pena ser vividas.4 Los problemas que enfrentamos actualmente demandan que ampliemos nuestra definición de derechos incorporando la interdependencia de seres humanos y naturaleza como valor a defender en nuestra lucha por sostener la vida planetaria para generaciones futuras.
1. Véanse Eduardo Gudynas (2011), «Los derechos de la naturaleza y la construcción de una justicia ambiental y ecológica en Ecuador», y Eugenio Zaffaroni (2011), «La naturaleza como persona: de la Pachamama a Gaia», ambos artículos en Espinoza Gallegos-Anda y Pérez Fernández (eds.), Los derechos de la naturaleza y la naturaleza de sus derechos, Quito, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, págs. 95-122ypágs. 3-33, respectivamente.
2. Inés Gazzano y Marcel Achkar (2013), «La necesidad de redefinir ambiente en el debate científico actual», Revista Gestión y Ambiente, vol. 16 (3), págs. 7-15.
3. John Knox (2020), «Constructing the Human Right to a Healthy Environment», Annual Review of Law and Social Science, n.º 16, págs. 79-95.
4. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KkVNNyqyR2s.
