Un millón cuatrocientas mil toneladas. La prensa agropecuaria habla de una de las mayores cosechas arroceras en la historia de Uruguay. Cada hectárea sembrada produjo 8.500 quilos de grano.
La empresa Arrozal 33 plantó 7 mil hectáreas. Habría cosechado no menos de 59 mil toneladas. Al precio todavía provisorio que se maneja hoy (diez dólares la bolsa de 50 quilos del grano con cáscara) significan casi 12 millones de dólares.
La multa que la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social impuso a esta empresa a fines del mes pasado por no cumplir con la intimación que la obliga a realizar el traslado del personal en vehículos que cumplan las condiciones exigidas por las normas fue de 49.401,5 pesos (50 unidades reajustables). “Es como arrancarle un pelo a un conejo”, graficó, conversando con Brecha, Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).
La imagen no sólo representa bien la incidencia de una salida de ese monto de la caja de Arrozal 33. También, a pesar del peligro que implican los traslados en camionetas con cajas carentes de las barandas obligatorias por caminos bien surtidos de pozos y otros obstáculos, y a pesar de que esa práctica ya ha dado lugar a caídas con consecuencias, la infracción parece un pelo en el peludo cuero de incumplimientos patronales que los trabajadores describen.
Once años lleva Arrozal 33 sin cumplir el acuerdo sectorial de abonar a los trabajadores los jornales no trabajados por razones ajenas a su voluntad, típicamente por lluvias abundantes (calculando dos jornales perdidos por mes la empresa debería 232 mil pesos a cada trabajador). La empresa alega que el hecho de no pertenecer a la Asociación de Cultivadores de Arroz, que firmó en representación de los empleadores el convenio que establece ese derecho, la exime de su cumplimiento.
DIOS LOS CRÍA. Ya hace bastante tiempo que Arrozal 33 pertenece a capitales brasileños. En 2012, en una nota publicada en Búsqueda, Sergio Israel identificó a Érico Ribeiro como el accionista principal, y los trabajadores creen que sigue siendo así. Hay que decir “creen”, porque según explicó a Brecha Richard Olivera, representante sindical de los trabajadores de la empresa, tanto él como sus antecesores han solicitado audiencias con el directorio sin que nunca éstas hayan sido concedidas.
Ribeiro es un hombre poderoso en Río Grande del Sur, de acuerdo a la ficha biográfica que publica en su página web el Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Su carrera política comenzó en 1965 en la Aliança Renovadora Nacional, el partido creado durante la dictadura para darle al régimen sustentación política, y en esa línea ha seguido, acompañando las sucesivas transformaciones de aquella fuerza. Todavía durante la dictadura alcanzó la presidencia de la Cooperativa Arrozeira Extremo Sul, con sede en Pelotas, y en 2002 ocupó la vicepresidencia de la Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Para entonces llevaba cuatro años como diputado estadual y ese mismo año conseguiría ingresar al parlamento federal, pero su carrera política sufriría un duro golpe en 2006, al ser involucrado en una trama de sobrefacturaciones de equipamientos médicos colocados en licitaciones fraguadas. Aunque finalmente fue absuelto, ya no sería reelecto.
“El propietario actual es brasileño, pero la administración es uruguaya”, enfatizó sin embargo el dirigente de la Unatra César Rodríguez en la sesión del 19 de abril de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a la que concurrió junto a Amaya y Olivera para denunciar las prácticas violatorias de las normas de seguridad laboral y los ataques contra la libertad sindical que se viven en Arrozal 33. Álvaro Platero García Pintos conduce la administración “hace varios años” y “desde entonces estas prácticas se han venido sosteniendo en el tiempo hasta hoy”, puntualizó Rodríguez.
¿Hasta qué punto Ribeiro y Platero son corresponsables de lo que sucede en la empresa? Para Rodríguez la pregunta no es ociosa. Ya habría pasado que algún administrador de Arrozal perdiera su cargo por pasarle al directorio un presupuesto en salarios que no se correspondía con lo que efectivamente se abonaba. El hecho de que la administración pueda alterar a su gusto los partes que documentan la cantidad de horas cumplidas ha hecho que el sindicato reclame la colocación de un reloj tarjetero y que surjan sospechas sobre el destino de las “horas robadas”. El preacuerdo por el que se levantó el conflicto que los empleados de la empresa mantuvieron de febrero a abril estableció, entre otras cosas, que ésta abonaría el equivalente a una hora de trabajo diaria más a los trabajadores que vienen desde Vergara, pero al otro día la empresa modificó lo establecido, restringiendo el beneficio a los trabajadores del sector chacra, excluyendo a la gente que trabaja en los talleres, en la administración y en la planta de secado.
EL TRESVEINTIUNO. Olivera narró a Brecha que lleva 30 años en la empresa. “Pero antes era un buen operario y ahora no”, ironizó el trabajador. “El Platero éste me lo dijo hace poco y nos discutimos. Yo había venido a Montevideo a la negociación colectiva, y cuando vuelvo veo que en la motoniveladora en que yo andaba, andaba otro. ‘¿Y dónde voy yo?’, le pregunté. ‘Ahora te tenés que ir a enfardar’, me respondió. ‘¿Y en qué voy a enfardar?’. Y me señaló un tractor sin frenos, el asiento sin estabilidad, el embrague hecho un desastre, tenía pérdidas por todos lados y sin cabina. Y enfardar es el trabajo más sucio para andar sin cabina. Le dije que si no ponían el tractor en condiciones yo no iba. ‘Entonces no tenés más trabajo’, me dice. ‘Y bueno, no tendré más trabajo. Vos sabés lo que hacés. Seguro que a vos mi trabajo nunca te ha servido’, respondí. ‘No, la verdad que últimamente no me está sirviendo’, dijo él. ‘Mirá qué raro, ¿no? Treinta años de servicio y recién ahora no te está sirviendo’, le largué, y él quedó sacudiendo la cabeza y yo ya me iba pa las casas. Porque ya era demasiada persecución sindical. Por ser delegado sindical y porque le pido todo lo que está en el 321.”
El “321”, el decreto 321 del 9 de julio de 2009, reglamenta la política nacional en materia de seguridad laboral en las actividades agropecuarias. Fue editado como libro, con tapas bordó que en las pesadillas de algunos aparecerán rojas.
Su decimoctavo artículo dice que las zonas de peligro de las máquinas de trabajo deben estar cubiertas, los cardanes por ejemplo, que son las piezas que normalmente unen un eje que sale del motor del tractor con el de la máquina que se articula con éste para realizar un trabajo específico. Cuando está en funcionamiento gira a 540 revoluciones por minuto y, si no ha sido cubierto y uno se le acerca demasiado es casi seguro que el dispositivo enganche alguna parte de la ropa y el miembro que ésta viste, mucho más rápido de lo que se tarda en contarlo.
Eso ya le pasó en el Arrozal 33 a Domingo Anselmo, que tenía poco más de 20 años. El cardán le arrancó un brazo y a las pocas horas falleció. La historia fue divulgada en estos días aunque, por alguna confusión, el nombre del fallecido fue alterado. “No es nada, gurises, estoy bien”, contó Olivera que decía Anselmo cuando se lo llevaban al médico.
Y los “accidentes” no han dejado de repetirse. El 26 de abril, por razones que Olivera no termina de entender, apareció fuego en la zaranda de granos de una cosechadora en plena tarea y rápidamente tomó la máquina entera. Por fortuna las puertas de la cabina estaban en condiciones y el operario pudo saltar del vehículo a tiempo. “En el tanque de esa máquina había 700 litros de gas oil”, comentó el sindicalista. Uno de los varios expedientes abiertos que la Inspección de Trabajo tiene sobre la empresa se basa en que ésta carece de protocolos para proceder ante situaciones de emergencia. Otros tratan de accidentes laborales no debidamente aclarados.
César Rodríguez insistió en la sorprendente impunidad con que tanto en el Arrozal 33 como en otras empresas del ramo se trabaja con máquinas que no reúnen las condiciones exigidas. “No hay que andar investigando mucho”, afirmó. “Durante la cosecha todo el mundo podía verlas en la banquina de la ruta 18.”
—¿Y no es posible denunciar esas situaciones amparándose en la ley de responsabilidad penal empresarial?
—Nosotros hicimos la denuncia policial en Vergara acogiéndonos a esta ley, pero todavía no tenemos noticia. En el caso del incendio de la cosechadora la justicia podría haber actuado de oficio, pero no ha habido actuaciones, respondió Rodríguez.
LOS MIMOS DE PLATERO. En un clima laboral de estas características, la suspensión por tres días de dos delegadas que hicieron uso de licencia sindical para participar de una asamblea de la Unatra realizada en Tacuarembó (convocada a efectos de tomar posición sobre la propuesta que el Ministerio de Trabajo había presentado al consejo de salarios) motivó un conflicto que se extendió hasta abril.
La cosa no empezó bien. Según Olivera, Platero mantuvo un forcejeo con él durante la asamblea en que se resolvió el conflicto. El administrador definió aquello como un intento de abrazar al dirigente.
La presencia continua de agentes de Policía en torno a la carpa levantada por los trabajadores a la entrada del establecimiento resultaba intimidante. “Nosotros incluso invitamos al nuevo jefe de Policía de Treinta y Tres al campamento y éste estuvo con nosotros, pero al final estábamos recibiendo a la Policía dos veces por día y resolvimos que, aunque nos gusta ser buenos anfitriones, si no venían con orden de juez no los recibíamos más. Finalmente lo estuvimos hablando con el director de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y a partir de ahí la cosa cambió”, explicó Rodríguez.
El 2 de mayo, al levantarse el paro, trabajadores que lo habían cumplido y que antes de las medidas estaban ocupados en la cosecha, cumpliendo jornadas de 14 horas, fueron asignados a tareas como quemar rastrojos, donde sólo podían ganar por ocho, sin horas extra. Esto también significó poner peones comunes a manejar máquinas que no deberían manejar, de acuerdo a su categoría, y sin pagarles la diferencia de sueldo correspondiente.
Para colmo, el padre de Henry Herrera, nombrado delegado de seguridad por el sindicato, fue despedido tras ser amenazado e insultado por el administrador. Un hermano de Herrera que trabaja en el molino de la misma empresa también fue despedido.
Alguien le puso el broche de oro a la cosa incendiando la carpa que había alojado a los trabajadores durante el conflicto, pero para Amaya la importancia de esto no debe exagerarse. “Entendemos que fue obra de una persona que no midió las consecuencias, pero para el sindicato no es más que un nailon quemado”, explicó el sindicalista a Brecha.
LA TREGUA. El miércoles pasado las partes se reunieron con la Dirección Nacional del Trabajo. La empresa resolvió no enviar a Platero sino al contador Leonardo Basso, la señora Alejandra Silva (encargada de personal) y al abogado laboral Alejandro Castello.
Aunque el encuentro duró cerca de cuatro horas los acuerdos no fueron muchos. Se resolvió que los trabajadores volverían a las tareas asignadas antes del conflicto y que, dado que a la cosecha le restaban entonces sólo tres días, los envíos al seguro de paro que a continuación son habituales no se harían sin aviso previo al sindicato, que serían rotativos y que en todo caso no se determinaría ninguno hasta el siguiente encuentro de las partes, que se cumplirá el miércoles 17.
Al otro día el establecimiento será visitado por la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, visita que realizará acompañada de representantes sindicales y que supondrá un encuentro con el directorio de la empresa.
Los buenos oficios pueden mejorar las cosas, pero el Estado dispone también de otras herramientas. Este año, por intermedio del Fondo Arrocero se le prestarán a Arrozal 33 SA 2.757.729 dólares, y si los precios se mantienen más o menos como el año pasado la empresa recibirá más de 600 mil dólares por reintegros a la exportación. También es posible que Arrozal vuelva a solicitar, como hizo con éxito en 2011, 2012 y 2015, que sus inversiones disfruten de las exoneraciones que la ley respectiva dispone.
“El sector arrocero es uno de los más subvencionados que hay en nuestro país, y nosotros vemos que el Ministerio de Trabajo tiene pocas herramientas para lidiar en un sector como este. Uno ve los valores de las multas, por ejemplo. La otra medida, la de la clausura, tampoco le sirve de mucho a nadie”, reflexionaba Amaya en su diálogo con Brecha. “Por eso lo que nosotros nos preguntamos es por qué, como sociedad, debemos subsidiar malos empresarios”, dijo el representante de los trabajadores rurales, y parece una buena pregunta.
