En las últimas horas del miércoles 19, una delegación de organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y referentes de organizaciones sociales presentaron un petitorio ante la Justicia argentina con 65 mil firmas (entre ellas la del juez español Baltazar Garzón, Abuelas de Plaza de Mayo y el expresidente boliviano, Evo Morales) para exigir la libertad de las personas detenidas durante la represión del miércoles 12 en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado aprobaba la ley bases, propuesta por el presidente Javier Milei. La carta también pide el cese de las causas judiciales y de la persecución política llevada adelante por el fiscal Carlos Stornelli, así como el respeto irrestricto a los derechos y garantías constitucionales. Cinco personas, de un total de 33 arrestos efectuados aquella jornada, aún siguen detenidas. Ayer jueves, a las 15:30, los familiares de las 33 personas detenidas se sumaron a la habitual ronda de Madres de Plaza de Mayo.
Brecha conversó con Emilia, una de las detenidas el 12 y compañera de Daniela Patricia Calarco Arredondo, quien sigue presa desde entonces y a quien la jueza federal María Servini dictó este jueves prisión preventiva, junto con otras cuatro personas acusadas de delitos de «atentado contra la autoridad» e «intimidación pública». Daniela es referente nacional del Movimiento Teresa Rodríguez y una de las detenidas que permanece en la cárcel de Ezeiza desde entonces. Emilia cuenta que cerca de las cuatro de la tarde se vio empujada, a fuerza de balas de goma, por un embudo, generado por motos de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Prefectura Naval y la Policía Federal, junto con policías encubiertos.
«Se escucharon varias explosiones y la gente empezó a desconcentrar en dos columnas hacia Avenida de Mayo, mientras la Policía nos interceptaba con gases y balas de goma. Las motos nos persiguieron a un ritmo mucho más rápido del que podíamos acompasar porque nos llegaban balazos de goma y gas desde todas partes», dice Emilia. «Crearon una suerte de embudo que se formó sobre las dos calles disponibles para desconcentrar hacia Avenida de Mayo, y todo se volvió angosto. Siguieron disparando balas y gases, incluso varios gases quedaron sobre los balcones de los edificios más altos de Avenida de Mayo y se hizo mucho más difícil respirar. Yo a Daniela le tuve que hacer de lazarillo durante varias cuadras, porque estábamos chupando muchísimo gas. Desde que asumió Milei son mucho más irritantes y peligrosos, y ella no podía ver. Eso fue hasta llegar a la avenida 9 de Julio. Desde ahí en adelante pudimos avanzar sobre la vereda, aunque pisándonos entre nosotros, cayéndonos, porque las motos empezaron a dispararnos más balas que gases, y eso nos obligó a reducir nuestra capacidad de maniobra», agrega.
La detención de Daniela fue pasadas las siete de la tarde, a más de 15 cuadras de la plaza de Mayo, en la avenida 9 de Julio y Chile. «Habíamos entrado a un McDonald’s para resguardarnos. Cuando salimos, un policía vestido de civil y sin previo aviso se le tiró encima y le comenzó a apretar el cuerpo con la rodilla para forzarla a replegarse contra el piso, y la detuvo. Daniela intentó preguntar por qué o bajo qué cargos y fue peor. No nos contestaron. Además de los golpes, a Daniela la manosearon. Fue muy angustiante el momento de intentar hacerla zafar e intentar zafar nosotras. Después de eso empezamos a comunicarnos con los abogados que teníamos de referencia y a recorrer comisarías para averiguar dónde estaban. Nos enteramos después de que las detenciones fueron en varias tandas escalonadas. En la primera tanda, se llevaron a 22 personas entre las seis y las siete y media de la tarde. Los tuvieron retenidos adentro de las combis, en móviles celulares y en distintos centros de monitoreo incomunicados. Recién a las diez de la noche esa primera tanda llegó a una comisaría de Parque Patricios. Ahí los subdividieron en varones y mujeres y los distribuyeron en distintos móviles, todo el tiempo esposados, sin bajarlos de los vehículos, sin decirles dónde estaban o permitirles acceso a asesoramiento legal.»
A Sofía Ottogali, madre de dos hijos, detenida el miércoles y liberada el viernes de madrugada, se la llevaron «por correr durante la desconcentración en la plaza». Según ella, «la tiraron contra el piso y le pegaron un balazo de goma a un amigo suyo que trató de defenderla». Emilia cuenta que cerca de las doce de la noche, las mujeres fueron esposadas y trasladadas en camiones y combis a distintas comisarías. Según Sofía, pudieron alimentarse gracias a la comida que recibieron de familiares. Durante todo el miércoles y el jueves no tuvieron acceso a asesoramiento legal, que llegaría recién en la tarde del viernes en Comodoro Py, donde, si bien llegaron 35 personas en la mañana a declarar, sus abogados fueron impedidos de ingresar. En la noche del viernes, luego de que los hombres fueron trasladados a las cárceles federales de Devoto y de Marcos Paz y las mujeres a Ezeiza, 17 personas fueron liberadas por «falta de mérito», entre ellas, Sofía, que salió a las tres de la mañana. Una vez en Ezeiza, Daniela llevó mejor la situación porque estaban juntas, aunque la violencia indirecta siguió siendo una constante. Sofía afirma que todos les preguntaron a qué organizaciones pertenecían, quiénes «les habían pagado». Todas las personas detenidas fueron acusadas de ser «terroristas» por los agentes de seguridad y públicamente por la Oficina del Presidente de la Nación. Su único vínculo, el de protestar por medidas que históricamente han sido conquistadas con movilización.
