Hace años que la cónsul honoraria de Uruguay en Santana do Livramento dedica parte de su gestión a prestar ayuda a militares acusados de graves delitos de lesa humanidad que permanecen prófugos de la Justicia. Su último prohijado es el coronel (r) Pedro Mato, condenado a cadena perpetua en Italia por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor; pero antes había ayudado al coronel Manuel Cordero, refugiado en Livramento, hasta que fue extraditado a Argentina, donde cumple condena.
Liselott Sarli Pose es hermana del coronel Wellington Sarli Pose, procesado en Chile por el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos y colega de Cordero y Mato en las estructuras de la inteligencia militar. Invariablemente, la cónsul tramitaba los certificados de fe de vida que los militares retirados deben realizar en forma periódica para poder seguir cobrando sus jubilaciones. En teoría, Liselott Sarli debía comunicar inmediatamente a la Justicia uruguaya de la presencia de algún militar sobre el que pende una orden de captura internacional; está obligada por su condición de funcionaria pública –según los términos de la ley 19.268– y en el caso de los militares que tramitaron su fe de vida en Livramento, su condición de prófugos estaba profusamente denunciada, de modo que no había excusa.
El caso de Mato tiene visos de escándalo. Desde 2013, en que fugó de la Justicia uruguaya, cuando era inminente su procesamiento por el homicidio del militante frenteamplista Luis Batalla en 1972, Mato se radicó en Santana do Livramento y allí, en el consulado, tramitó desde entonces su certificado de existencia cada seis meses. El Servicio de Pensiones de las Fuerzas Armadas puntualmente depositaba la jubilación en una cuenta del BROU, que Mato hacía efectivo mediante su tarjeta de débito. En mayo del año pasado, por razones que se ignoran, Mato no solicitó la ayuda de la cónsul y realizó el trámite en el cuartel del Regimiento de Caballería de Rivera. No era la primera vez que cruzaba la frontera e ingresaba a Uruguay, donde teóricamente la Policía debía estar en alerta. De hecho, en el muro de Facebook de su compañera, Juliana de Sarro, permanecieron durante años fotos de reuniones bailables, cumpleaños y asados en Rivera a los que asistía Mato. La foto de un asado lo mostraba con el teniente coronel comandante de la Brigada de Caballería que le otorgó su fe de vida. Pese a sus movimientos públicamente registrados, la Interpol, que tiene dos pedidos de captura, uno de Uruguay y otro de Italia, ha sido ineficaz para ubicar al prófugo.
Quizás porque la denuncia de Brecha, el año pasado, agitó el avispero, Mato prefirió tramitar la última fe de vida en el consulado de Livramento, como surge de la información que la cancillería brindó a raíz de un pedido de acceso tramitado por Brecha. Por lo menos en una oportunidad, el coronel prófugo asistió a las oficinas del cuarto piso de la avenida Tamandaré 2101, Livramento, entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de junio de 2020. El de Mato es el único certificado de existencia que otorgó la cónsul Sarli en el período señalado. Un pedido similar fue formulado al Ministerio de Defensa, pero no hubo respuesta al término del plazo legal.
La documentación aportada por la cancillería confirma que en el mismo período también cobraron sus jubilaciones el coronel Wellington Sarli, en Santiago de Chile, y el capitán de navío Jorge Tróccoli, en Roma, a pesar de que ambos están condenados por la Justicia de esos dos países. Formalmente, la condena judicial del ámbito penal no inhibe al Ministerio de Defensa de pagar las jubilaciones, a menos que exista un fallo de un tribunal militar que establezca el pase a reforma del oficial imputado por una conducta que agravie el honor de la institución. Pero hasta ahora no se ha formado ningún tribunal de honor a oficiales condenados por delitos de lesa humanidad, delitos que los mandos superiores no consideran un deshonor. El coronel Gavazzo no fue pasado a reforma porque hubiera confesado en un tribunal militar la muerte y desaparición de Roberto Gomensoro, sino porque permitió que un colega fuera encarcelado por ese delito.
Sin embargo, hay otros notables terroristas de Estado prófugos que no aparecen en la documentación de cancillería tramitando la fe de vida en el exterior, aunque teóricamente tienen derecho a hacerlo. Ellos son el coronel Eduardo Ferro, que después de fugar de Uruguay había sido capturado en España e insólitamente fue dejado en libertad cuando se iba a concretar su extradición; actualmente se desconoce dónde está radicado. El otro es el coronel (r) Hermes Tarigo, prófugo desde 2011, cuando fugó a Europa en vísperas de su procesamiento por el asesinato mediante torturas del argentino Gerardo Alter en 1973.
La documentación de cancillería revela otros detalles poco conocidos. Entre julio de 2019 y junio de 2020, un total de 1.579 jubilados militares tramitaron su fe de vida en consulados uruguayos de cuatro continentes. De ellos, un tercio, 532, son mujeres. El total de trámites trepó a 1.700; la diferencia se explica porque en el período muchos hicieron el trámite dos o más veces. El país que concentra más militares retirados es España, con 319 afiliados a la caja militar, que acudieron preferentemente a los consultados de Barcelona (249 trámites), Valencia (210), Madrid (112) y Las Palmas (110).
Hay una diferencia notable entre personas físicas que hicieron la gestión y la cantidad de trámites registrados en España, pero también ocurre con Estados Unidos, que contabiliza 182 militares retirados sobre un total de 477 trámites. Argentina aparece en tercer lugar, con 209 retirados militares sobre un total de 510 trámites.
Italia, Chile, Brasil y Australia contabilizan más de 50 retirados militares. Qatar y Sudáfrica hospedan a uno cada uno.
