Tábula rasa

La ley aprobada en octubre de este año sobre la libertad anticipada, condicional o provisional es cuestionada: los reclusos plantean que esta restricción los desalienta en la búsqueda de estudio o trabajo que redima la pena; organizaciones de derechos humanos señalan que el sistema político aprueba leyes para la tribuna, y la Suprema Corte de Justicia afirma que no atenderá la disposición de “aplicación inmediata” por considerarla violatoria de los derechos humanos.

En 2016 la agenda política de seguridad se dirimió en la Torre Ejecutiva. La Comisión de Seguridad y Convivencia, encabezada por el presidente Tabaré Vázquez y compuesta por políticos de los partidos con representación parlamentaria, acordó una serie de proyectos de ley que fueron enviados al Parlamento en mayo. Estos van desde aplazar la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (Cpp) hasta 2019 hasta crear un plan integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pasando por el aumento de penas por abigeato y la eliminación de la posibilidad de otorgar la libertad provisional, condicional o anticipada a reclusos reincidentes, reiterantes o habituales en una serie de delitos (véase recuadro “Quién es quién”).

Respecto de este último caso, la ley fue apr...