En respuesta a una solicitud de las autoridades marroquíes, el gobierno uruguayo declaró que tiene intenciones de congelar su relacionamiento con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), un territorio ocupado por Marruecos desde 1975. Lo deshonroso de esta decisión se hace explícito al repasar la historia y actualidad de este conflicto.
El Sahara Occidental es un territorio al noroeste de África que no ha obtenido aún su autonomía: es una de las últimas colonias de África. Su población –los saharauis– compone una nación con identidad propia que lucha por su independencia desde 1973 a través del Frente Polisario. Desde fines del siglo XIX, esta zona fue ocupada por España, que en 1975 decidió traspasar la soberanía a Marruecos y a Mauritania, ignorando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y sin legitimidad alguna desde el punto de vista legal.
Con el apoyo de Estados Unidos, Marruecos organizó en noviembre de 1975 una invasión que incluyó bombardeos con napalm a población civil. Cientos de miles de saharauis viven desde ese entonces en campos de refugiados en el sur de Argelia. El Frente Polisario declaró la independencia de la RASD en 1976, luchó contra Mauritania y Marruecos desde ese año y venció, a la primera en 1979. A partir de 1980, el Ejército marroquí comenzó a construir una serie de muros defensivos para asegurar los límites del territorio ocupado. Recién en 1991 se firmó el Plan de Arreglo entre Marruecos y el Polisario, que estableció un alto al fuego y la celebración de un referéndum de autodeterminación, garantizado a través de una misión de paz de Naciones Unidas –Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso)–. Desde ese entonces, Marruecos impide que la consulta se lleve a cabo, incentiva el asentamiento de colonos en los territorios ocupados, explota los recursos económicos del Sahara Occidental (principalmente las riquezas pesqueras y la extracción de fosfatos, componente clave de fertilizantes utilizados mundialmente) y reprime con violencia cualquier intento de protesta a través del encarcelamiento, la desaparición y la tortura de militantes saharauis.
En el ámbito internacional, las Naciones Unidas renuevan año a año la Minurso, pero no establecen un mandato ni recursos para que pueda cumplir su misión. La Unión Europea, por su parte, muestra ambivalencia: reconoce que se trata de un proceso de descolonización inconcluso, pero firma acuerdos de pesca con Marruecos que incluyen las aguas saharauis. El apoyo más importante para la monarquía marroquí es Estados Unidos, que, en los últimos días del gobierno de Donald Trump, reconoció de manera completamente ilegítima su supuesta soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental a cambio de que normalizara sus relaciones con Israel. Por otro lado, en 2021 el gobierno español comunicó que una propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sahara Occidental sería una alternativa más seria y creíble que la celebración de un referéndum de autodeterminación. Este planteo representa una ruptura respecto a las varias décadas de neutralidad del gobierno español y se relaciona con los múltiples chantajes de Marruecos: sus amenazas de «abrir la canilla» a la migración hacia Europa y su cuestionamiento del estatus de los exclaves de Ceuta y Melilla.
Uruguay tuvo un papel importante en la firma del alto al fuego a través de la participación del jurista, académico y canciller de Luis Lacalle Herrera, Héctor Gros Espiell, como primer representante especial del secretario general de Naciones Unidas para el asunto del Sahara Occidental, entre 1988 y 1990. En los años siguientes, distintos legisladores crearon el Grupo de Amistad Interparlamentario con la RASD, mientras que diversos actores de la sociedad civil se expresaron, a través de una carta (firmada por importantes figuras de la política, el sindicalismo y las artes uruguayas, como Mario Benedetti, José Pepe D’Elía y Eduardo Galeano), pidiendo al presidente Tabaré Vázquez que reconociese a la RASD oficialmente.
Este reconocimiento tuvo lugar en 2005, a instancias del canciller Reinaldo Gargano: el documento firmado por ambos países recogía principios de la política exterior uruguaya «de carácter universalista, de paz, seguridad y cooperación con todas las naciones del mundo sin exclusiones, con base en los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de otras naciones y el respeto a la soberanía nacional». Uruguay también estuvo a la altura de estos principios cuando actuó como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en 2016 y 2017, al votar en contra de la renovación de la Minurso, en el entendido de que los miembros permanentes estaban manteniendo un statu quo injusto e incumpliendo las normas de derecho internacional al no cuestionar el accionar de Marruecos en la obstaculización de las acciones de la misión de Naciones Unidas. Previamente, Uruguay aportó observadores militares a la Minurso entre 1994 y 2013, como parte de la contribución a las operaciones de paz.
GIRO EN LA POLÍTICA EXTERIOR URUGUAYA
El gobierno de Luis Lacalle Pou decidió interrumpir bruscamente este camino: declaró la intención de congelar las relaciones con ese país para priorizar el vínculo con Marruecos, luego de que una visita de senadores de la coalición a ese último Estado impulsara la disolución del Grupo de Amistad Interparlamentario. Según declaraciones de un legislador de la coalición, el presidente expresó que «no hay antecedente» que sustente la posición uruguaya de reconocer a la RASD (El Observador, 14-XII-22), a contracorriente tanto de los principios de la política exterior uruguaya en general como de la historia de su propio partido en particular.
Uruguay es un país pequeño militar y económicamente, cuya existencia se sostiene sobre el Estado de derecho. Apegarse al cumplimiento de compromisos internacionales y a la existencia de un ordenamiento jurídico internacional está en el interés nacional de cualquier Estado que no sea una potencia: nuestra supervivencia misma depende de que los poderosos no abusen de su poder para oprimir a los débiles. Por eso Uruguay ha defendido históricamente la autodeterminación de los pueblos, el respeto por las reglas del derecho internacional, los derechos humanos y el respeto por las decisiones tomadas en ámbitos multilaterales. El Partido Nacional ha defendido en el pasado el antimperialismo y la preponderancia de las normas internacionales, condenando las agresiones a países pequeños; ejemplo de esto fue la reacción a la invasión estadounidense de República Dominicana en 1965 o el reconocimiento del genocidio armenio. Por esto resulta tan chocante que Uruguay le dé la espalda a un país pequeño, oprimido por sucesivos imperialismos, a espaldas del derecho internacional y cortando drásticamente con políticas que traspasaban gobiernos.
La única explicación para este cambio de rumbo parece ser la posibilidad de aumentar las exportaciones hacia el país ocupante. Este hecho demostraría una disminución en la calidad de las decisiones de política exterior de nuestro país y una falta de respeto hacia la historia de conductas principistas que han forjado la reputación de Uruguay en el ámbito internacional. Las intenciones de congelar las relaciones con la RASD son un ejemplo más de la desconexión entre los discursos sobre los derechos humanos de los cubanos y los venezolanos que hizo el presidente en la Asamblea General de la ONU y las acciones reales y concretas para defender las libertades de los pueblos.
En estas fechas, Marruecos, al igual que Qatar, está siendo cuestionado por la Justicia belga por tráfico de influencias en el Parlamento Europeo, por interferir a través de regalos y espionaje en las decisiones de ese organismo respecto al Sahara Occidental. Este modus operandi es parte de su amplia estrategia para lograr que otros países legitimen su ocupación. Así como la Colombia de Iván Duque en 2018 y la Bolivia de Jeanine Áñez en 2020, Uruguay podría ser el siguiente en plegarse a las solicitudes marroquíes de congelamiento de relaciones con la RASD. Y así como la Colombia de Gustavo Petro o la Bolivia de Luis Arce, en un futuro Uruguay deberá volver al camino del respeto por las normas internacionales y la priorización de los derechos humanos sobre el lucro.
