Hacía 13 años que Mariza Trindade trabajaba en una casa de familia en Maldonado, cuando recibió un mensaje de texto. Era un aviso del Banco de Previsión Social (Bps), informándole que se encontraba en el seguro de paro. “Mi patrona podría haberme avisado; si bien está en su derecho, hubiera esperado un poquito de humanidad”, confesó.
Mery trabaja como doméstica en varios hogares de Bella Unión, Artigas.1 Cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria, en dos de ellos le pidieron que hiciera la cuarentena. Habló con su tercera empleadora, y estuvo de acuerdo en que tomara esa precaución. Pero cuando fue a cobrar el sueldo de marzo, su patrona le manifestó que no iba a pagarle, ya que no había ido a trabajar ese mes. “Me dijo que me arreglara con el Bps… ¿Cómo me iba a arreglar con el Bps si no tenía una patología para presentar?”, explicó.
Entonces, como estaba formalizada, Mery pidió a su patrona que la enviara al seguro de paro, pero la respuesta fue negativa. “Quería que me presentara a trabajar y me decía que tenía todos los implementos para cuidarme. Así que me vi inducida a renunciar”, relató.
En sus otros dos empleos está cobrando el salario completo, pese a encontrarse en su casa. Así lo indica el convenio colectivo del sector doméstico de 2010, que establece que los empleadores deben abonar el salario o jornal íntegro cuando decidan no convocar a las trabajadoras en los días acordados.
“También ha pasado que les pagan, pero después les piden que repongan ese tiempo. Esas horas o días no se deben reponer, ni se deben descontar”, aclaró Lucía Gándara, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (Sutd).
Así lo entendió Gabriela cuando debió decidir qué hacer respecto a la trabajadora que iba tres veces por semana a su casa. “Como mi esposo y yo trabajamos en la salud, consideramos que era mejor que no viniera. Es una forma de cuidarla, y cuidarnos nosotros”, explicó. “Le seguimos pagando su sueldo y los aportes porque entendimos que era nuestra contribución solidaria, que teníamos que hacerlo mientras tuviéramos trabajo.”
EL ESLABÓN MÁS DÉBIL. “Trabajo en negro, en changuitas como doméstica”, contó Clara, de Bella Unión. Antes de la pandemia tenía tres empleos, todos informales. Les planteó a sus patrones hacer la cuarentena en su casa y lo aceptaron, pero no le están pagando. Estuvo dos meses sin trabajar. Durante ese tiempo, subsistió con la tarjeta que otorga el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la asignación familiar de sus hijos. Recientemente se reintegró a una de las casas, a la que va dos veces por semana.
Las trabajadoras informales son las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. No sólo pierden la posibilidad de acceder a una jubilación, sino la de cobrar despido o seguro por desempleo.
Esto se agrava cuando se trata de personas adultas que han trabajado por décadas sin aportes, observó Miriam da Rosa, trabajadora de Bella Unión e integrante del Sutd. “Si tienen en el entorno de 60 años, tampoco les corresponde pensión a la vejez. Y no tienen más recursos que sus brazos para trabajar”, dijo.
“Los empleadores las mandan a la casa con unos pesos, les dicen ‘cuando pase esto, te llamo’, y ellas no quieren reclamar por temor a perder su trabajo”, agregó Mariela Falero, referente del Sutd en Florida.
Da Rosa estima que la mayoría de las empleadoras suspendieron a las trabajadoras sin goce de sueldo, mientras que a un grupo reducido le han mantenido el salario. Las trabajadoras adultas con casa propia y núcleo familiar reducido “la están llevando mejor”, señaló. Las más afectadas son las jóvenes con hijos menores. “La mayoría no tiene ingresos extra y, al no haber escuela o guardería, no cuentan con los elementos de sustento diario”, dijo.
Sandra llegó a Uruguay desde Colombia en 2017 y al año siguiente comenzó a trabajar en un hogar de Pocitos. Desde entonces sólo le realizaron aportes por una parte de su salario y no le han entregado sus recibos de sueldo. El 17 de marzo volvió a Colombia a tramitar su pensión por los años trabajados allí, sin saber que días después se cerrarían las fronteras. Debía regresar a Uruguay el 24 de abril.
“Como no podía volver, mi patrona me dijo que tenía que renunciar, porque había viajado sabiendo el problema que había. Y yo nunca imaginé eso, pensé que podría volver luego de mi cuarentena”, aseguró. Para Sandra, su empleadora “aprovechó la situación haciendo que yo me sienta culpable por faltar. Cuando regrese a Montevideo, no tendré empleo ni beneficio por desempleo”, concluyó.
Según el informe de los técnicos del Bps “Trabajo Doméstico Remunerado en Uruguay. Actualización 2019”, en el año 2006 había unas 46 mil trabajadoras cotizantes a la seguridad social, cifra que aumentó a 76 mil en 2018.2 Pese a esto, los niveles de informalidad continúan siendo elevados, puesto que se estima que las trabajadoras domésticas son 140 mil.
Los empleadores que contratan en negro “están evadiendo impuestos, están yendo contra el gobierno también; hoy el Bps tiene que hacerse cargo de todos los seguros y se ve perjudicado por no contar con ese dinero que ellos tendrían que haber aportado”, expresó Trindade, quien es delegada del Sutd en Maldonado. Gándara, la presidenta, enfatizó, por su parte, que el convenio colectivo se tiene que cumplir independientemente de que la relación sea formal o no.
LOS CAMINOS POSIBLES. Pero no alcanza que la relación sea formal para acceder al seguro, puntualizó Trindade. La prestación se otorga sólo cuando se tiene un mínimo de seis meses de antigüedad (con no menos de 150 jornales trabajados) en el caso de las jornaleras, o un año (con 180 jornales, al menos) en el caso de las mensuales. Por eso, incluso trabajadoras que estaban en regla se han quedado “sin nada”.
El multiempleo, típico del sector, puede ser otro obstáculo para acceder al seguro. Silvana Danovich, integrante del Sutd, trabaja en varias casas de familia en Colón. Inicialmente, sus empleadores le pidieron que se quedara en su casa por precaución.En abril, algunos de ellos le plantearon pasarla al seguro, pero para poder acceder a este era necesario que todos lo hicieran. “Si no nos mandan al seguro en todas las casas, no cobramos. Ni siquiera un porcentaje por el que sí nos envió”, comentó.
Las que desde marzo reciben el subsidio son 4.108, prácticamente el doble de las que estaban en esa situación en febrero (2.172), de acuerdo a los datos del sindicato. Pero el monto del seguro tampoco asegura la subsistencia. “El salario nos queda casi en la mitad. Pagamos el alquiler, la luz, el agua, y cómo comer… se verá”, observó Trindade.
Existe, además, el régimen especial de subsidio por desempleo creado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aplica a quienes sufrieron una reducción parcial de sus horas o días de trabajo, pero reclama también seis meses de antigüedad.
Las trabajadoras mayores de 65 años, al ser población de riesgo, pueden acceder al subsidio de enfermedad. Y quienes tengan alguna enfermedad preexistente pueden ausentarse con la debida justificación médica.
En caso de que la decisión sea continuar trabajando, el empleador debe brindar guantes, tapabocas y alcohol en gel, garantizando condiciones higiénicas adecuadas, tal como establece el convenio colectivo de 2008.
Estos implementos “deben quedar en la casa”, y los guantes deben ser renovados periódicamente, puntualizó la presidenta del Sutd. “Estamos recomendando a las trabajadoras que cuando lleguen, se cambien de ropa, trabajen con otra vestimenta y se retiren con la que vinieron”, agregó.
PARA AYER. Según Da Rosa, aún “no ha habido una atención específica por parte del Estado, considerando que somos uno de los sectores más golpeados y con muchos niños que dependen del trabajo de su mamá”.
El martes 21 de abril se llevó a cabo una reunión tripartita de la que participaron referentes del Sutd, del sector empleador y del Poder Ejecutivo, y que podría alterar esta situación. Uno de los acuerdos alcanzados fue la implementación de un seguro de paro especial para trabajadoras domésticas, que contemple a las que no llegan a los jornales requeridos, explicó Gándara.
Mabel Lorenzo, presidenta de la Liga de Amas de Casa (contraparte empleadora en los consejos de salarios), señaló que “hubo consonancia para buscar soluciones que atiendan la situación que estamos viviendo”.
Pero al cierre de esta edición aún se desconocían los detalles del nuevo régimen y el Sutd aguardaba novedades del Poder Ejecutivo. “No podemos llegar así a mayo. La solución que necesitan las compañeras no es para mañana, es para ayer”, enfatizó Gándara.
En cuanto a las trabajadoras informales, se resolvió que soliciten la ayuda económica que brinda el Mides. En caso de que sus empleadores las hayan enviado a sus casas y no estén abonando el salario, deberán acercarse al Sutd para hacer la denuncia.
- Los nombres escritos en cursiva son ficticios, pues corresponden a personas que prefirieron no ser identificadas.
- Bps, Comentarios de Seguridad Social, tercer trimestre de 2019, páginas 81-118.
