Tal vez ese cambio se deba a que, por segundo año consecutivo, la conmemoración de la Nakba se da en medio del genocidio en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania y Jerusalén, ambos en su fase más aguda de estos 19 meses.
La magnitud de la catástrofe actual ha dejado claro que la Nakba de 1948 no es un hecho del pasado, sino un proceso continuo que nunca se detuvo: el proyecto sionista se propuso desde su origen, hace 130 años, vaciar la tierra de Palestina de su población árabe nativa y sustituirla por población judía traída de todo el mundo.
A pesar de esa mayor visibilidad, en Uruguay la Nakba sigue siendo, tres cuartos de siglo después, una memoria silenciada e ignorada a nivel institucional, político y educativo. En otras palabras, impera el memoricidio que el proyecto sionista impuso sobre la realidad palestina, mientras que, por contraste, la enseñanza del Holocausto judío –que suele olvidar a las otras víctimas del nazismo– está siempre presente y es objeto de conmemoraciones a las que no falta ninguna autoridad.
Sería interesante analizar por qué en Uruguay no se conoce, no se estudia y por ende no se entiende la cuestión palestina. Es pertinente preguntarse también por qué Uruguay jamás ha hecho una autocrítica sobre el papel que jugó su representante en la Unscop, la comisión especial creada en 1947 en el seno de la naciente ONU (que apenas contaba con medio centenar de países). Uruguay impulsó allí la partición de Palestina para entregarle el 56 por ciento de su territorio a un movimiento de colonos europeos que llevaban pocas décadas en el país, constituían la tercera parte de su población y poseían menos del 6 por ciento de la tierra. Como explica Luis Sabini Fernández en un contundente trabajo,1 los representantes de los gobiernos progresistas de Guatemala (gobernada por Juan José Arévalo) y de Uruguay (bajo gobierno de Luis Batlle),2 obedientes al liderazgo estadounidense, fueron clave para persuadir a sus pares latinoamericanos de votar a favor de la partición.
Desde una lectura decolonial, hoy resulta inadmisible la total falta de consideración hacia la existencia, los intereses y la voluntad de la población árabe originaria, que durante siglos había desarrollado en Palestina instituciones sociales, culturales y religiosas, una sociedad y una economía vibrantes; y, sin embargo –con el típico desprecio colonialista hacia los nativos –, fue ignorada por las potencias occidentales, que entregaron un país que no les pertenecía a un proyecto colonial cuya intención explícita era construir en esa región estratégica un «baluarte de la cultura occidental contra la barbarie».3
La colonialidad está en el ADN de Uruguay, un país creado por los intereses del imperialismo británico, poblado por sucesivas oleadas de inmigrantes europeos, que fantaseó con ser «la Suiza de América» ignorando su ubicación geográfica, y que todavía tiene problemas para reconocer sus raíces indígenas –y también africanas–.4 Resulta inadmisible que, casi 80 años después, y preso de un orientalismo acrítico, este país siga encontrando más «afinidades naturales» con los askenazíes blancos colonialistas y tenga tantas dificultades para sentir alguna empatía hacia el pueblo palestino –de piel oscura y de la religión equivocada–, que resiste desde hace más de un siglo un régimen de ocupación colonial y apartheid que está cometiendo un genocidio ante la vista del mundo.
RELACIONES CARNALES COMO POLÍTICA DE ESTADO
No me interesa analizar por qué la derecha simpatiza con el proyecto sionista plasmado en el Estado de Israel; la coincidencia de intereses es evidente. Lo que sí merecería un análisis serio es por qué en el progresismo abunda lo que el activismo palestino llama PEP (progresistas excepto por Palestina). Los ejemplos de relaciones estrechas entre el progresismo uruguayo y el sionismo son muchos y de larga data. Altos dirigentes del Frente Amplio (FA), así como conocidas figuras de la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil, han recibido de manos de la Organización Sionista del Uruguay el premio Jerusalén, que conmemora la «reunificación» de la ciudad; es decir, la ocupación y la anexión de Jerusalén Oriental por Israel (un hecho considerado ilegal por la ONU y, en teoría, también por Uruguay). ¿Alguno de ellos se molestó en averiguar qué representaba la distinción que estaban aceptando? ¿Es ignorancia, indiferencia o temor a contradecir a un poderoso lobby económico y mediático?
La lista de pecados es extensa y abarca la región. En 2007, el Mercosur –bajo gobiernos progresistas, excepto el de Paraguay– firmó un tratado de libre comercio con Israel. Es verdad que en 2011 Uruguay reconoció formalmente al Estado palestino, pero fue el último país del Mercosur en hacerlo. Un año antes, el gobierno de José Mujica había firmado un convenio para entrenar policías en Israel. El mismo año se introduce en la enseñanza secundaria y UTU el Proyecto Shoá, a cargo de una institución sionista que ofrece su versión del genocidio nazi. En 2013, también bajo el gobierno de Mujica, Uruguay ingresó como país observador a la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), una de las tantas instituciones que operan para vigilar y castigar acusando de «antisemitismo» las críticas a las políticas israelíes.5 En 2018, el intendente de Montevideo Daniel Martínez organizó junto a la embajada de Israel una gala en el Teatro Solís para celebrar los 70 años de la creación de ese Estado (ignorando por completo los 70 años de sufrimiento palestino). En 2020, un mes antes de dejar el gobierno, Tabaré Vázquez adoptó la cuestionada y problemática definición de la IHRA, que califica como antisemitismo la crítica a Israel. En 2022, el FA dio sus votos para que un connotado dirigente del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) integrara la Institución Nacional de Derechos Humanos: Marcos Israel, propagandista y defensor de los crímenes israelíes y operador para que Uruguay votara en la ONU contra los derechos palestinos durante el gobierno de Lacalle (y, entre otras cosas, boicoteara la conmemoración de los 20 años de la Conferencia contra el Racismo).
No hay que olvidar que muchos dirigentes del FA y de los ámbitos sindical, universitario, científico y empresarial han viajado a Israel y se han maravillado con su «milagro» tecnológico, pero jamás se han interesado por saber cómo vive la población palestina –no solo en los territorios ocupados, que jamás han pisado, sino incluso dentro del territorio israelí–, sujeta a discriminación legal y presupuestal, restricciones y demoliciones (como al otro lado del Muro), ni por el monto multimillonario de ayuda estadounidense que sustenta ese milagro, ni por las bases mismas sobre las que se construyó el Estado judío. Así, por acción u omisión, el progresismo termina alineado con los colonizadores y ocupantes, y no con el pueblo colonizado y ocupado. Y es que las izquierdas –no solo la uruguaya– cultivan la fantasía (no quiero decir hipocresía) de que pueden ser solidarias con el pueblo palestino sin tocar a su opresor y manteniendo con él relaciones de plena normalidad.
No sorprende por eso que, a lo largo y ancho del espectro político, tirios y troyanos busquen cada año las primeras filas para conmemorar junto al CCIU la Noche de los Cristales Rotos, pero que poco les preocupe que Gaza haya sido totalmente destruida o que en Cisjordania todas las noches sean de cristales rotos (y de casas, cultivos, olivos milenarios, tanques de agua, paneles solares, vehículos, escuelas, mezquitas, animales y cuerpos humanos destruidos) a manos de los soldados israelíes o de las bandas de colonos armados integrados al ejército colonial.
Por eso también es comprensible que el progresismo experimentara una disonancia cognitiva cuando –tras décadas de denuncias palestinas– las principales organizaciones israelíes e internacionales de derechos humanos, y hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el año pasado, reconocieron por fin que «la única democracia de Medio Oriente» es, en realidad, un Estado de apartheid.
¿DÓNDE HAY QUE FIRMAR?
La incapacidad de reconocer el carácter colonial –etnocrático y teocrático– del Estado judío implantado en medio del mundo árabe, y el (aparente) desconocimiento de su deriva fascista, lleva al progresismo a valoraciones prejuiciosas y desinformadas sobre la resistencia palestina en todas sus épocas y formas, y especialmente en su fase actual, liderada por la vertiente islamista de dicha resistencia, en la que participan también grupos nacionalistas y marxistas. En el discurso de los dirigentes del FA, y también del PIT-CNT, nunca falta la condena al «grupo terrorista Hamás», lo que demuestra su profunda ignorancia sobre la organización; un discurso en el que siempre falta poner los hechos en contexto y perspectiva, condenar el atroz terrorismo de Estado israelí y dejar de repetir las falacias sionistas sobre los bebés decapitados y las mujeres violadas el 7 de octubre de 2023, ampliamente desmentidas por investigaciones independientes.6
Pero si bien en sus bases crecen la indignación ante el genocidio (basta ver los comentarios de la gente en las redes) y la movilización solidaria con Palestina, resulta asombroso que la dirigencia del FA, y en especial el gobierno representado por Yamandú Orsi y Carolina Cosse –sin olvidar al canciller Mario Lubetkin, no siempre en buenas compañías–, continúe sin condenar a Israel tras 19 meses de genocidio transmitido en tiempo real; más aún, que sigan estrechando vínculos con un régimen que está siendo investigado por genocidio en la CIJ y sus dirigentes por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Y que una y otra vez manifiesten una sensibilidad hemipléjica que se conmueve por las víctimas del 7 de octubre de 2023, pero es incapaz de una sola palabra o gesto de empatía hacia las decenas de miles de víctimas palestinas en el campo de exterminio que es Gaza; que no se pierdan uno solo de los eventos en memoria del Holocausto, el gueto de Varsovia y adyacencias, pero jamás participen en actos de solidaridad con el pueblo palestino, ni sean capaces de condenar que la niñez de Gaza está siendo aniquilada de a miles por bombas, drones, tanques, francotiradores, hospitales destruidos y una hambruna generalizada, tras dos meses y medio de bloqueo israelí a la entrada de comida, agua, medicinas y combustible a la Franja; que el gobierno reciba sin demoras a familiares de las víctimas israelíes mientras la Coordinación por Palestina lleva meses esperando respuesta a su solicitud de entrevista.
La postura de Orsi se veía venir, al menos desde que aceptó la invitación a viajar a Israel un mes antes del 7 de octubre de 2023, y desde allí empezó a tuitear los puntos que la propaganda sionista prepara cuidadosamente según el perfil de cada visitante –y en la que juega un papel clave la diáspora judía uruguaya–. De ahí salieron los compromisos que ya empiezan a materializarse, como la decisión de mantener la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén (inaugurada por Lacalle en pleno genocidio para complacer al lobby y a la embajada de Israel),7 y, seguramente, el discurso ambiguo y vago («lo malo de la guerra es que muere gente») cuando los medios le preguntan sobre el tema. Esta cercanía con Israel ha sido motivo incluso de un artículo en el Jerusalem Post en español, que considera el hecho «inusual en América Latina» para un gobernante de izquierda.
Cosse tampoco se queda atrás en el silencio hermético sobre el genocidio y las declaraciones erráticas; incluso lleva la delantera en hacer méritos con el lobby: no falta a ninguna invitación y firma todo lo que le ponen por delante. Quizás la más grave sea su reciente firma de la Declaración de los Sobrevivientes, que forma parte de una campaña global de la presidencia israelí de la IHRA. El documento, cuyo propósito declarado es «honrar la memoria de las víctimas y de los sobrevivientes a 80 años del fin de la Shoá», es en realidad un manifiesto explícito de utilización del Holocausto para calificar de antisemita toda crítica a las políticas israelíes.
El FA muestra así que, en lugar de adoptar una postura común con los gobiernos afines de la región (Brasil, Chile, Bolivia, Colombia), de sumarse al Grupo de La Haya o de apoyar las iniciativas que países del Sur global están llevando adelante ante la CIJ, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prefiere continuar la política de Estado iniciada en 1947 y que se resume en la premisa «¿Dónde hay que firmar?». Y al priorizar las buenas relaciones con Israel, el gobierno del FA elige seguir condenando al pueblo palestino y a sus decenas (que pronto serán cientos) de miles de víctimas del genocidio a la zona del no ser fanoniano, sin existencia ni derechos ni futuro. Eso sí: votando correctamente en la ONU, siempre y cuando se trate de resoluciones inofensivas desprovistas de medidas coercitivas contra Israel.
Quizás la autocrítica pendiente podría empezar por el reconocimiento y el estudio de la Nakba. Y quizás sea hora de empezar a reflexionar, en este Mes de la Memoria y a las puertas de la 30.ª Marcha del Silencio, que cuando decimos «Nunca más» debemos comprometernos a que sea para todos los pueblos en cualquier parte del mundo; incluido el palestino, que lleva 77 años resistiendo el terrorismo de Estado y luchando por su liberación.
(Este artículo es una versión actualizada de una columna de opinión publicada en Brecha, 19-V-23).
- ONU 1947. Uruguay en el origen de Israel. Ediciones I Libri, 2022. ↩︎
- Jorge García Granados representaba a Guatemala y Enrique Rodríguez Fabregat a Uruguay en la Unscop, dos políticos de impronta blanca y eurocéntrica, totalmente carentes de sensibilidad hacia las cuestiones indígenas, señala Sabini. ↩︎
- Theodor Herzl, El Estado judío, 1896. ↩︎
- Sabini observa que incluso en un intelectual de izquierda tan influyente como Carlos Quijano coexistían «un fuerte antinorteamericanismo con un nulo interés por la cuestión indígena». ↩︎
- El gobierno de Lacalle preparó el terreno para que Uruguay se integre como miembro pleno de la IHRA, y las señales del gobierno actual hacen temer que pueda ocurrir en la próxima reunión internacional, que será en junio. ↩︎
- En el acto del 1 de mayo pasado, el dirigente Sergio Sommaruga condenó el genocidio, calificó a Hamás de «grupo criminal y teocrático» y reclamó la liberación de los rehenes israelíes, sin mencionar a los casi 10 mil rehenes palestinos, sometidos a condiciones infrahumanas que a muchos les ha costado la vida en las prisiones israelíes. ↩︎
- El gobierno sigue insistiendo en bajarle el perfil político-diplomático y mostrarla como un proyecto meramente científico, aun tras la resolución unánime del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República de pedir el cierre de la oficina y anunciar que no va a participar en ningún proyecto vinculado a ella. ↩︎
