La confirmación de que el apartamento que un día perteneció al Partido por la Victoria del Pueblo (Pvp) y donde Elena Quinteros vivió por meses antes de ser secuestrada en 1976 pertenece a la División de Ejército 1 destapó un costado particularmente sórdido de los entretelones del terrorismo de Estado: el capítulo, nunca abordado, de los robos y apropiaciones indebidas de dinero y propiedades, delitos que no se comparan con los otros pero que no dejan de ser delitos, por cierto. La ley de caducidad, que ha quedado parcialmente caduca, establecía una excepción a la norma que brindaba una amnistía vergonzante a los responsables de los crímenes de lesa humanidad: el artículo que eximía los delitos económicos de los beneficios de la ley; el legislador pensaba, con escasa convicción, en aquel t...