La Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva (ESIP) del Ministerio del Interior (MI) es el primer documento técnico de la política pública en seguridad del gobierno. Llegó a destiempo, en la antesala de la campaña electoral, con la ambiciosa pretensión de alcanzar un gran acuerdo interpartidario que finalmente no se concretó. La estrategia seguirá adelante, pero en la rendición de cuentas no aparece mención alguna a la ESIP. Todo hace pensar que algunas medidas recibirán financiamiento de organismos internacionales y que otras cosas quedarán a medio camino buscando voluntades políticas, sin nuevos recursos, en medio de la competencia electoral. Pero el documento estaba preparado para recibir esa noticia. Su estructura lógica (objetivo, justificación, antecedentes, metodología [sic], actividades) está diseñada como proyecto para cazar fondos económicos. Quizás siempre se trató de eso. O ese era el plan b, porque, al final, de antemano se conocen los nichos que apoyan las organizaciones y bancos multilaterales. De las actividades propuestas por la ESIP, es fácil visualizar las propuestas financiables y el desencadenamiento de indicadores desde donde se pueden «medir» los avances y resultados que exige cualquier agente financiador. Ello explicaría por qué algunas de las actividades son poco ambiciosas y, por lo tanto, relativamente fáciles de concretar.
El mayor éxito de la ESIP no es la ESIP en sí, sino su proceso; es decir, la intentona de lavarle la cara a un MI que desde 2020 comenzó una carrera de desmantelamiento de la profesionalización policial y de divorcio de la ciencia al servicio de la política pública. Tras la pandemia quedó en evidencia que la estrategia de represión al delito (el endurecimiento de las penas, la intensificación del patrullaje, el enfrentamiento al tráfico y comercio minorista de drogas ilegales, la gramática de la guapeza…) no estaba dando resultado en los principales problemas de la criminalidad nacional. Se sostiene que «volvieron las carteras» con base en la reducción de las denuncias de rapiñas y hurtos, pero no se miden, llamativamente, las denuncias de delitos relacionados al tráfico de sustancias psicoactivas (Ley de Estupefacientes), cuando todos los indicadores apuntan al ensanchamiento del mercado de las drogas ilegales. No tenemos información del MI acerca del desplazamiento entre las actividades delictivas mencionadas, pero todas las hipótesis apuntan a que el actor racional que antes cometía rapiñas y hurtos se desplazó o integró a su repertorio una actividad delictiva más redituable, como las drogas ilegales.
Luego de la pandemia, una red de corrupción y de protección del capital –también la inoperancia– en los llamados casos Astesiano y Marset puso bajo sospecha a las máximas autoridades policiales y otros «servidores» públicos de Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La denominada cúpula de poder de la institución policial dio un paso al costado. Por otras razones, también dejaron sus cargos figuras políticas de direcciones de máxima confianza del MI. La Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana pasó de la verborrágica ignorancia al silencio. A nadie se le ocurriría ubicar en las direcciones, unidades y asesorías del Ministerio de Economía y Finanzas a personas sin formación ni capacidades para llevar adelante su tarea, pero parece que eso sí sucede en el MI.
Fue en este contexto de ausencia de intelecto que el saber técnico tomó el protagonismo que venía acaparando la intuición política y la experiencia policial de calle. Apareció la ESIP y una nueva cara, técnica y política, para promoverla. Fueron meses de discusiones internas (representantes políticos, académicos, organizaciones sociales) y públicas sobre un documento que, en realidad, es del gobierno y no una construcción colectiva con todas las letras. La versión final de la estrategia se presentó a finales de junio durante la interpelación al ministro Heber y su gestión, para sorpresa de algunos actores políticos que acompañaron el proceso de construcción del documento. Dos semanas después, en lo que fue un acontecimiento sin precedentes, el MI realizó un evento público, con buena concurrencia de los medios de comunicación, con el objetivo de presentar los resultados de dos investigaciones llevadas a cabo por técnicos y académicos en el contexto del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana, promovido por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el propio ministerio. Con este movimiento simbólico de encapsulamiento del conocimiento científico, el MI utilizó políticamente los estudios de las investigadoras y los investigadores que necesitan de su independencia y capacidad crítica para ser tales. La lavada de cara del MI es indiscutible y saludable, pero debería cuidarse celosamente la politización de la técnica y los técnicos, algo sobre lo cual ya tenemos una experiencia negativa, porque eso no ocurre con la forma de comunicar los datos estadísticos del propio MI. El conocimiento científico debe protegerse de las grietas y polémicas de la política partidaria, y para ello los técnicos y académicos también deben hacer su parte.
La discusión de fondo acerca de los contenidos de la ESIP muestra que los objetivos propuestos son necesarios, pero que la operacionalización (su bajada a tierra en actividades) es totalmente insuficiente. A la Estrategia se le debe preguntar quiénes son los individuos que concretan delitos, por qué cometen acciones delictivas, cuáles son sus posibilidades de desistimiento y otras interrogantes del mismo estilo para poner en evidencia los saberes que la respaldan. De las respuestas a estas interrogantes se observa la prevalencia de saberes epidemiológicos, subculturales y situacionales, pero también de la «perversión empirista».1 En esta línea de razonamiento, la estrategia de seguridad no es integral ni preventiva cuando excluye saberes estructuralistas: las desigualdades sociales y el poder; los estudios sobre jóvenes y las masculinidades; la sensibilidad social y la sociología de las emociones; el acceso y las trayectorias educativas y la educación como motores de la promoción social; el acceso y la precariedad del mercado de trabajo y la inamovilidad social; la sociedad de consumo, sus metas de éxito y los procesos de emulación de lo exitoso, y una lista larga en la que, aunque inabarcable en una estrategia de seguridad, algunos de estos condicionamientos estructurales podrían integrar una estrategia de seguridad. En cualquier caso, no es necesario un ejemplo polar de lo que no está para mostrar la selectividad. El hecho de que las medidas para la prevención de la violencia basada en género y de la prevención de los homicidios dependan de carismas y liderazgos, de que se aten al surgimiento de la resiliencia de los individuos para «superar» (ser funcional, adaptarse, obedecer…) los factores de riesgo y condicionamientos estructurales de desventaja revela la forma de entender el problema y la solución para la ESIP.
La selectividad de la estrategia queda en evidencia al observar que la distribución de las medidas tiene un claro sesgo de clase social. La figura del delincuente que construye el documento apunta al delito de los débiles (también conocido como delito de cuello azul o de los trabajadores manuales e informales). No hay medidas contra el lavado de dinero, la corrupción, los delitos corporativos, el contrabando a gran escala y otros delitos de cuello blanco que, entre otras cosas, también contribuyen al funcionamiento del mercado de las drogas ilegales y a la magnitud de los homicidios que tenemos en el país. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, la Aduana y el puerto de Montevideo son los grandes ausentes de esta estrategia «integral». A nadie le debería sorprender, entonces, que el Lava Jato, una de las redes delictivas de cuello blanco –conocidas– más grandes de América Latina en lo que va del siglo XXI, no tiene una sola investigación judicial en Uruguay a pesar de que casi una decena de uruguayos están bajo sospecha por países extranjeros (Panamá, Perú, Andorra).
Con todos los problemas de vigilancia y control que existen en el puerto de Montevideo –y otros puertos estatales y privados en el río Uruguay–, con el contrabando y el tráfico de mercancías ilegales como la cocaína, la ESIP no tiene una sola medida al respecto. El 90 por ciento del comercio mundial utiliza contenedores marítimos, según el Programa Global de Control de Contenedores de las Naciones Unidas. En el puerto de Montevideo, un único escáner «controló» 17 millones de toneladas en 2022. Como si no fuera suficiente, el escáner se rompió a finales de junio, y no es la primera vez que eso sucede. En medio de este panorama, funcionarios aduaneros reclaman falta de personal en el control de los contenedores y 10 mil quilogramos de cocaína que pasaron por el puerto de Montevideo fueron detectados en Hamburgo esta semana. Claro que no es la primera vez que ocurre algo así, aunque con menor tonelaje, la lista de cargamentos de cocaína detectados en el puerto de la capital en los últimos años es larga.2
En fin: la seguridad trasciende ampliamente al MI. Es necesario superar el ministerialismo y el saber policial como única voz. Es hora de una política pública de seguridad realmente integral y con base en evidencia, en diálogo con los técnicos y la academia, gobierne quien gobierne. Pero se debe cuidar obsesivamente la utilización político-partidaria del conocimiento científico y evitar que surjan fantoches que legitimen procesos sectoriales, gestiones coyunturales, carreras personales y relatos.
1. Cortés, Fernando. (1991). «La perversión empirista». Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 9 (26), págs. 365-373.
2. Un listado de cargas de cocaína que pasaron por el puerto de Montevideo en los últimos años puede encontrarse en: Tenenbaum, Gabriel. (2022). Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay. Debate, Montevideo.
