Jurisdicción internacional

Son 125 los soldados con nacionalidad uruguaya e israelí que participan del genocidio palestino. Otros 24 tienen múltiple nacionalidad (al menos una más, además de las anteriores), aunque algunos casos podrían estar duplicados en ambos listados.

Los datos se desprenden del pedido de acceso a la información pública que en marzo de 2025 hizo a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) la organización israelí Hatzlacha, a través del abogado Elad Man. La respuesta, que llegó 11 meses más tarde, informa que son más de 50 mil los soldados que tienen una segunda o tercera nacionalidad además de la israelí, un número que se sitúa cercano al 10 por ciento del total de integrantes de las FDI. Los documentos, que se hicieron públicos a mediados de febrero de este año a través del sitio Declassified UK, generaron críticas y debates en varios países del mundo, donde diversas organizaciones y colectivos se plantean si es posible juzgar penalmente a sus ciudadanos por los crímenes cometidos en Palestina.

A DONDE VAYAN…

«La escala de la participación extranjera ha suscitado un creciente escrutinio jurídico internacional en virtud del principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales procesar a personas acusadas de crímenes de guerra independientemente del lugar donde ocurrieron los actos», publicó en febrero el portal británico Middle East Eye. En abril del año pasado, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, con sede en Gaza, y el Centro Jurídico de Interés Público, con sede en Reino Unido, presentaron ante la unidad de crímenes de guerra de la Policía Metropolitana de ese país un informe de 240 páginas con acusaciones a diez soldados y oficiales con doble nacionalidad –israelí y británica– por delitos de «asesinato, traslado forzoso de personas, ataques contra personal humanitario, acciones contra sitios culturales, lesiones graves y tratos crueles y degradantes». Francia, Bélgica, España, Sudáfrica y Turquía son algunos de los países que también han presentado denuncias o iniciado investigaciones a militares que participan del genocidio.

Sudáfrica, país que lidera las acciones internacionales contra Israel, emitió un comunicado en 2023 a través de su cancillería en el que manifestó preocupación por «informes de que algunos ciudadanos sudafricanos
y residentes permanentes se han unido o están considerando unirse a las FDI en la guerra en Gaza y en otros Territorios Palestinos Ocupados», y advirtió que «tal acción puede contribuir potencialmente a la violación del derecho internacional y a la comisión de nuevos crímenes internacionales, por lo que pueden ser procesados en Sudáfrica». Según la ley de asistencia militar extranjera del país, quienes quieran participar de un ejército extranjero deben solicitar autorización al gobierno, que podrá denegarla. Además, se establece que quienes participen bajo bandera extranjera en una guerra que Sudáfrica no apoye podrán perder la nacionalidad.

También en Latinoamérica hay movimiento judicial. En mayo del año pasado, un tribunal federal brasileño ordenó una investigación sobre la presunta participación en crímenes de guerra de Yuval Vagdani, un soldado israelí-brasileño que se encontraba de vacaciones en el país y que logró salir en un vuelo comercial antes de que la orden fuera efectivizada, con ayuda de la embajada israelí, según varios medios. En este caso, la denuncia fue presentada por la Fundación Hind Rajab y se basa en videos en las redes sociales de Vagdani, donde se lo ve
participando de demoliciones de casas gazatíes. Meses atrás, Brecha entrevistó al director de la fundación, Dyab Abou Jahjah, quien explicó la metodología de trabajo y cómo se aseguran de contar con pruebas incriminatorias ante cada denuncia («Cazadores de genocidas», 28-XI-25).

En Chile, en febrero de este año, un soldado israelí de vacaciones en el país fue denunciado en la justicia y se lo investiga por posibles crímenes de guerra. Además, la difusión del número de soldados con doble nacionalidad (111 en el caso chileno) hizo retomar el debate público (no así el legislativo) sobre un proyecto de ley para establecer como causal de pérdida de la nacionalidad la participación en fuerzas armadas extranjeras. En Perú, que aporta 100 participantes en las FDI, la fiscalía de Derechos Humanos investiga a Adi Karni, que sirvió en el Cuerpo de Ingenieros y participó en la demolición de barrios gazatíes. En Argentina hay una denuncia presentada contra Itai Cukierkopf, un argentino-israelí que habría participado en el asesinato de Hind Rajab, la niña de 5 años de la que toma el nombre la fundación, y de su familia.

Y POR CASA

Aunque tímidos, hay algunos movimientos en Uruguay para evaluar la posibilidad de presentar denuncias contra los nacionales que participan del genocidio. Brecha consultó al fiscal Ricardo Perciballe sobre la legalidad de la acción, quien explicó que, si bien la jurisdicción se define por el principio de territorialidad, existen excepciones que habilitan a juzgar crímenes cometidos fuera del país, sean cometidos por uruguayos o extranjeros. Entre ellas está la jurisdicción internacional (artículos 9 y 10 del Código Penal). «Si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, creo que ahí sí podríamos llegar a tener jurisdicción internacional, incluso no por uruguayos, porque de acuerdo a la resolución 3.074 de Naciones Unidas, en caso de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, se establece que todos los Estados miembros tienen la obligación de persecución, en cualquier momento y en cualquier lugar», explicó el fiscal, que reconoce, de todas formas, la dificultad de «la prueba»: «Estar en el Ejército no significa que cometiste crímenes de guerra o de lesa humanidad. […] Eso es un tema probatorio neto y de muy difícil constatación, porque necesitás de toda la cooperación internacional, porque la prueba está allá y te la tienen que trasladar acá». Sin embargo, para quienes han emprendido la tarea de denuncia en otras partes del mundo, la cantidad de pruebas disponibles es abrumadora. «No creo que en toda la historia se haya documentado un genocidio así», como le dijo Dyab Abou Jahjah a Brecha en la entrevista ya citada. «Cuando acusamos a soldados israelíes, en muchos casos tenemos pruebas fehacientes de que esa persona en particular apretó el gatillo, accionó el detonador o usó a palestinos como escudos humanos, que torturó, detuvo o expulsó a civiles. Y es que todos esos hechos fueron documentados por los propios soldados en sus redes sociales», remarcó.

Otro obstáculo para juzgar a los uruguayos es la necesidad de que la persona a juzgar esté en territorio nacional, ya que nuestra legislación no contempla juzgar en ausencia. El dato no es menor, porque no todos los uruguayos que participan del Ejército israelí son residentes en Uruguay. Algunos nacieron y viven en Israel, y su nexo con nuestro país se limita a abuelos o padres que en algún momento decidieron emigrar al Estado sionista, a través de los cuales obtuvieron la nacionalidad. El documento entregado por las FDI a la organización Hatzlacha no señala –a pesar de que la información había sido solicitada– si los soldados con doble nacionalidad tienen residencia provisoria o permanente en Israel. Tampoco ofrece una lista con los nombres de los enrolados.

La lista de uruguayos, por tanto, tampoco se conoce, más allá de algunos nombres que se han hecho públicos por sus apariciones en la prensa. Es el caso de Roni Kaplan, que desde 2003 vive en Israel y es el vocero en español de las FDI, o de unos pocos más que concedieron entrevistas a la prensa, algunos utilizando solo su nombre de pila.

LOS SOLDADOS DE LA DIÁSPORA

Uruguay se encuentra quinto entre los países latinoamericanos que más aportan personal a las fuerzas armadas israelíes, un lugar destacable si se toma en cuenta que arriba están gigantes como Brasil, Argentina, México y Perú, con mucha más población. Y si bien es cierto que en Israel el servicio militar es obligatorio para casi todos los ciudadanos, y eso incluye a los que cuentan con la doble nacionalidad uruguaya e israelí, también lo es que muchos judíos optan por viajar y hacer el servicio militar en ese país, una formación que implica dos años para las mujeres y casi tres para los hombres. Tras esa formación, los ciudadanos permanecen como reservistas de las FDI hasta los 40 años, incluso si viven fuera de Israel.

Esa permanente ligazón con el rol militar es parte de lo que hace a la centralidad del Ejército en la vida israelí y lo convierte en un elemento fundamental para la cohesión social; al decir del historiador Ilan Pappé, Israel no tiene un ejército, sino que «el Ejército tiene un Estado». Esa penetración forma parte de lo que define como un «proceso de militarización ideológica», que tiene al sistema educativo como motor fundamental para el adoctrinamiento. El servicio militar en la juventud no es el inicio, sino la consolidación de ese proceso.

Para la diáspora, el tejido del vínculo también está fuertemente arraigado en el sistema educativo, por ejemplo, a través de la visita de jóvenes soldados a los centros educativos o a las instituciones sionistas. Son los shlujim («emisarios»),que llegan a contar su participación en el ejército de manera de «humanizar» la experiencia militar: «La Escuela Integral tuvo el honor y privilegio de recibir a Iejiel Pichel y Liat Ricover, quienes compartieron con nuestros estudiantes de educación media básica sus testimonios, desde el punto de vista de reservistas de Tzahal [las fuerzas armadas israelíes], en estos momentos que estamos viviendo», puede leerse en un posteo de esa institución educativa uruguaya en Instagram, del 2 de abril de 2024, en pleno desarrollo del genocidio. «El objetivo de esta visita fue fortalecer el conocimiento, la conexión y el sentimiento de pertenencia de los judíos de la diáspora con Israel. Fue una instancia muy emotiva y de respeto por quienes con honor y orgullo defienden el Estado de Israel», dice la misma publicación.

«El Departamento de Defensa y Sociedad del Ministerio de Defensa de Israel se dedica a animar a los jóvenes israelíes a alistarse en el Ejército y a disfrutar de un servicio gratificante. El departamento promueve un servicio militar significativo y el amor por la tierra de Israel, incluyendo sus valores, historia y patrimonio», dice la página oficial del Ministerio de Defensa Israelí. Entre los programas que ofrece está Gadná [Batallones de Juventud], un programa dirigido a colegios que organizan viajes a Israel en el que los estudiantes pasan unos días en una base militar, tienen talleres sobre la historia del Ejército, hacen entrenamiento físico y siguen la disciplina básica castrense. Se calcula que alrededor de 19 mil adolescentes participan del programa por año.

Pero la militarización ideológica no solo permea a través de las escuelas. Organizaciones como Beit Halojem («La Casa del Combatiente»), que ofrecen rehabilitación a los combatientes, actúan como catalizadores de la idea de heroicidad que acompaña al Ejército y reafirman la consigna de que «el Estado nunca abandona a quienes derramaron sangre por él». La ONG también se vincula con la diáspora y en Uruguay cuenta con un «grupo de amigos» que se propone «dar a conocer la obra» de la organización, «proponiendo a quien pueda viajar al Estado de Israel se tome un tiempo para visitar los centros y corroborar su obra, conocer las caras de estos héroes que han hecho, hacen y harán posible la supervivencia del Estado de Israel», tal como informa la página del Comité Central Israelita. En enero de este año realizaron una actividad en Punta del Este en la que participaron dos soldados que contaron su experiencia de rehabilitación, descripta en los medios de difusión sionistas como verdaderas odiseas en pro de la vida de los combatientes.

Pero más allá de la cohesión y el heroísmo, lo cierto es que el Ejército israelí comienza a acusar el desgaste de sus tropas, lo que lo está obligando a echar mano a la diáspora. El año pasado las FDI admitieron la necesidad de reclutar nuevos soldados del exterior para acometer la ofensiva en Gaza. Su objetivo está principalmente en Estados Unidos y Francia, los dos países con más soldados de doble nacionalidad, según la información divulgada en febrero. En diciembre de 2025 un informe de The Times of Israel dio cuenta de una «gran crisis para mantener a los militares de carrera en el Ejército», además de la «escasez entre las tropas». Según el periódico, encuestas a la interna de las fuerzas armadas hablan de que el 63 por ciento de los oficiales quieren permanecer en el Ejército, cifra que contrasta con el 83 por ciento de 2018. Entre los suboficiales la cifra baja al 37 por ciento. Además, al menos 600 soldados buscan la baja anticipada. El motivo principal es el desgaste y el agotamiento luego de más de dos años de genocidio, y la sensación de empeoramiento en las condiciones que el Ejército ofrece.