Graciela Figueredo está desde hace dos décadas en el frente de batalla. Su «incansable y dedicada» labor profesional en defensa de «antiguos servidores del Ejército Nacional» fue alabada y reconocida por diversas entidades sociales de militares retirados. En su rol, Figueredo promovió la tesis sobre la prescriptibilidad de los crímenes y criticó duramente el accionar de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y del Poder Judicial. Este mes volvió a hacerlo, al participar de un foro de partidos de ultraderecha en el Parlamento Europeo. Titulado «El caso de Uruguay: ¿interferencia de la Unión Europea en procesos democráticos extranjeros?», el evento se realizó el 13 de mayo de 2026 en Bruselas. Los anfitriones fueron los eurodiputados Markus Buchheit (Alternativa para Alemania) y Hermann Tertsch (Vox, de España); por Uruguay participaron el periodista Álvaro Alfonso y los abogados Emilio Mikolic y Figueredo.
En esa instancia, Figueredo aseguró que en los juicios contra militares y policías se respetan todas las garantías, salvo la de presunción de inocencia: «Desde el momento en que [la persona] se sienta ante un juez y un fiscal como indagado, tanto fiscalía como juez actuante presumen su culpabilidad». En estos casos, dijo, existe una inversión en la carga de la prueba y los indagados tienen que demostrar su inocencia: «No importa lo que se diga, no importa lo que se demuestre, la versión de los militares es totalmente cuestionable, porque los militares mienten, porque los militares callan, porque se defienden o se protegen entre ellos».
Para Figueredo, sin embargo, el principal problema es que en Uruguay existen personas procesadas sin pruebas. «La única prueba, que para nosotros no puede considerarse prueba, son los dichos del denunciante o de los testigos que se presentan. […] Hay que procesar a un militar o un policía a como dé lugar. Nada interesa», reprochó. Tras el evento, Mikolic y Figueredo entregaron a los organizadores una plaqueta enviada por el Centro Militar como agradecimiento «por su preocupación por los prisioneros políticos de nuestro país». El alemán Buchheit fue uno de los impulsores de la carta enviada por una treintena de eurodiputados al presidente Yamandú Orsi en la que solicitan la libertad de los presos políticos en Uruguay, una postura de la que se hicieron eco por estos días los senadores nacionalistas Sergio Botana y Graciela Bianchi, entre otras figuras políticas.
Esta semana trascendió la designación de Figueredo como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi. La resolución –fechada el 11 de setiembre de 2025 y firmada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo– supuso su regreso laboral al Comando General del Ejército. Durante años, Figueredo integró el staff de funcionarios del ministerio, como parte del Cuerpo Especializado de las Fuerzas Armadas. En febrero de 2025 había pasado a retiro obligatorio por motivos de edad. Su reingreso, siete meses más tarde, se produjo en carácter de «reservista incorporada»,1 con el grado de suboficial mayor, el más alto del escalafón de subalternos. Una fuente del MDN dijo a La Diaria (26-V-26) que la designación está ahora está en etapa de estudio.
AMBIGÜEDADES
Mayo, Mes de la Memoria, está cargado de símbolos. El más relevante es la Marcha del Silencio, que una vez más congregó a decenas de miles de personas. Con anuncios varios, el gobierno intentó congraciarse con parte de su base social: entre otras medidas, el Ministerio de Defensa Nacional suspendió el pago de su jubilación a cuatro militares con pedidos de captura internacional pendientes –como sucedió otrora con el coronel (r) Eduardo Ferro.
En esa línea, la ministra Lazo expresó su compromiso con la búsqueda de detenidos desaparecidos tras participar de la marcha. Si fuera por ella, dijo, pondría todas las máquinas del área de Ingenieros a trabajar «para dar vuelta hasta el último milímetro de tierra» en cuarteles militares (VTV, 20-V-26). De esa forma respondió al nuevo pedido de Madres y Familiares de que el presidente Orsi ordene a las Fuerzas Armadas brindar información sobre el destino de los desaparecidos.
Horas antes, consultado por ese pedido, el comandante en jefe del Ejército aseguró que su fuerza ya aportó toda la información que tenía a disposición sobre el período dictatorial. «El Ejército no esconde nada. […] No hay algo que nosotros sepamos y que lo estemos ocultando a la Institución Nacional de Derechos Humanos o a quien corresponda. Créanme que hemos hecho muchas búsquedas dentro del Ejército», dijo Stevenazzi (Radio Carve, 20-V-26). Poco después, la difusión pública de la designación de Figueredo intensificó las críticas al militar, al ministerio y al gobierno.
Para Madres y Familiares, este tipo de decisiones son «contrarias a la lucha y compromiso con el Nunca Más» y forman parte «de la incongruencia que lamentablemente señalamos [que] existe en el compromiso de este ministerio [el de Defensa] por avanzar en esta causa». En un comunicado, la organización cuestionó que Figueredo ejerza la defensa de numerosos represores, recordó que fue observada en diversas ocasiones «por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales» y advirtió que, en el foro ultraderechista en Europa, la abogada criticó que la Justicia uruguaya valide el testimonio de las víctimas como prueba de cargo contra los militares.
Para la organización, desconocer el valor jurídico y probatorio de testimonios, pericias y reconstrucciones históricas de los crímenes deslegitima décadas de lucha por memoria, verdad y justicia. Además, remarcó como especialmente grave que alguien que actúa como contraparte de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad integre el equipo de asesores del comandante en jefe del Ejército. La decisión «pone en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático y respeto a los derechos humanos que el propio ministerio sostiene públicamente», remarcó Familiares.
La contratación de Figueredo reaviva el debate sobre el financiamiento de la defensa de los militares en estos casos. Se puede interpretar que en forma oblicua el Estado, a través del Ejército, paga la defensa de los militares. Esa práctica tiene antecedentes concretos: en 2019, el Comando General del Ejército autorizó el pago de 20 mil dólares a un estudio jurídico para ejercer la defensa de Ferro, acusado de múltiples crímenes durante la dictadura y en ese entonces prófugo de la Justicia. El pago se efectuó con fondos de Cantinas Militares. Tras una investigación administrativa, el exministro de Defensa Nacional Javier García sancionó con 15 días de arresto a rigor al ex comandante en jefe del Ejército Claudio Feola, quien autorizó el pago.
«No vine al Ministerio de Defensa para mirar para el costado», dijo Lazo en una comunicación publicada en las redes sociales de su cartera, sugiriendo que se encamina a destituir a Figueredo. En el video, que fue difundido anoche, la ministra no anunció, sin embargo, ninguna resolución. Desde la cartera dijeron al semanario que aún no hay una decisión administrativa tomada, pero sí un proceso iniciado.
- Ciudadana civil que ha recibido instrucción militar básica y es convocada para prestar servicios efectivos y temporales en las Fuerzas Armadas. ↩︎
