—La semana pasada se hicieron las audiencias de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Gelman y Maidanik. Una de las obligaciones es asegurar que la ley de caducidad no sea un impedimento para hacer justicia. El Estado uruguayo entiende que se está cumpliendo ese mandato y solicitó que la obligación deje de ser supervisada, sin embargo, las víctimas no estuvieron de acuerdo y pidieron su continuidad. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad? —Para la fiscalía [la ley de caducidad] nunca fue un obstáculo. Tenemos una posición muy firme sobre que estamos frente a crímenes de lesa humanidad, que no fueron creados por la ley 18.026, como dice la defensa de los militares, sino que fueron creadospor el Tribunal de Núremberg...
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