Para hoy estaba fijado el lanzamiento de una movida que pretendía instalar el tema en la agenda pública, en un contexto de debate más amplio que el país se está dando sobre los cuidados. El lunes 23 comenzaría a circular un llamado abierto a la sociedad civil para crear una unidad especializada que apunta a cambiar el modelo de gestión actual en esta materia, y que ha enfrentado desde casi siempre al Ministerio de Salud Pública, al Inau y al Poder Judicial. El seminario, convocado por el Área Desvínculo y Adopción de Iniciativas Sanitarias (la asociación liderada por el ex subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo), sería la presentación en sociedad del problema y la demostración de que las instituciones con competencia en el tema son proactivas.
La información sobre este encuentro se difundió el martes a la mañana, dando cuenta de que se trataría de una jornada de intercambio bajo el título “Tiempo de espera… ¿tiempo de cuidado?”. En la pregunta se intuye la respuesta sobre la situación actual y se evidencia dónde se quiere poner el foco. El día elegido coincidía con el aniversario 26 de la aprobación por la Onu de la Convención de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989. Se llevaría a cabo en el salón de actos del Ministerio de Salud Pública para “profesionales y operadores institucionales cuyas prácticas están relacionadas con estas situaciones, así como con las circunstancias previas y posteriores”.
El panel estaría integrado por la presidenta del Inau, Marisa Lindner, la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la directora nacional de programas del Inau, Fanny González, la directora de Uruguay Crece Contigo, Mariela Solari, el juez de familia Rodolfo Souto y la integrante de la organización Atención y Desarrollo a la Temprana Infancia y a su Familia Elena González.
El mismo martes, a la tarde, se comunicaba que la actividad había sido “suspendida hasta nuevo aviso”. Razones de carácter oficial no fueron aportadas. Desde Iniciativas Sanitarias, Ivana Leus se limitó a confirmar que el evento quedaba sin efecto y que no se sabía cuándo podría concretarse. Desde el directorio del Inau se hizo saber que “aún no se pueden dar declaraciones sobre este tema, que está a estudio del directorio para tener un mensaje claro”. Y desde el Msp, el vocero autorizado por la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) para explicar la situación fue el director del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Federico Eguren, pese a lo cual no pudo ser localizado por Brecha.
Distintas fuentes vinculadas al evento indicaron que la suspensión habría sido una decisión unilateral de Salud Pública, y las versiones que explicarían tal decisión dan cuenta de la existencia de ciertas pujas de poder, protagonismos y distintos modelos de gestión en las políticas públicas vinculadas a la infancia. Parece un sinsentido y una contradicción con el espíritu que tenía la convocatoria: “En los nuevos escenarios sociales y sanitarios surgen situaciones en las que algunos bebés que nacen en el Centro Hospitalario Pereira Rossell ingresan a una unidad diferente a la de su madre. Estos bebés no cuentan, transitoriamente, con la capacidad de cuidado de su familia de origen, permaneciendo hospitalizados por diferentes períodos, aun cuando tienen el alta médica. Desde la corresponsabilidad estatal en la búsqueda de mejores alternativas de protección a los bebés surge la propuesta de realizar un encuentro para abordar la problemática”.
PASADO RECIENTE. En agosto de 2006 el Inau, Asse y el Poder Judicial aprobaron el “Protocolo de intervención en situaciones de desvínculo madre de origen-recién nacido”, que sistematizó los pasos que se debían dar cuando una mujer manifestaba, previo al parto o después de éste, no querer asumir la maternidad, o incluso si, por ejemplo, el niño debía quedar internado y su familia interrumpía el vínculo.
Básicamente, el protocolo ordena la coordinación entre los tres organismos. Pero incluso a pesar de él, eso no siempre sucede; o si pasa, lo que pasa es el tiempo sin que se encuentren soluciones, o en todo caso la mejor solución, que siempre sería buscar mantener el vínculo con la familia de origen. Las fuentes consultadas reconocieron que lo que no pudo hacer el protocolo es ajustar los criterios, los tiempos y las urgencias de estas instituciones.
Actualmente hay 13 bebés en esta situación. Están alojados en una sala de cuidados intermedios aunque tengan el alta hospitalaria, y a cargo de las mismas enfermeras que se ocupan de los otros niños, los que todavía están bajo control médico. Más allá de los riesgos sanitarios que esto puede suponer, “cada día que esos niños pasan allí es un día de desarrollo perdido”, graficó una de las fuentes del Pereira Rossell consultadas. Además de que el lugar no es el adecuado, tampoco el sistema está preparado para garantizar los derechos humanos y brindarles la asistencia especializada que requieren.
El protocolo vino a poner fin a situaciones irregulares, cuando no ilegales, que se daban dentro del Pereira, especialmente por ser el centro maternal de referencia nacional, en el que nacen unos 8 mil niños al año. Aunque también se aplica en todo el territorio nacional. Al evaluar el primer año de este mecanismo, María del Carmen Canavessi, jefa del Departamento de Trabajo Social del Pereira Rossell, decía a El País: “La socialización del protocolo de actuación ha incidido en que no se den situaciones perversas dentro del sistema”. Hace referencia a que “siempre ha operado un voluntarismo frente a estas situaciones que sensibilizan mucho. Entonces muchas veces se dice: ‘No le digas a la asistente social, porque si no este niño va al Inau; mejor dámelo, yo conozco a fulanita, y ¿por qué no se lo das?’ Entonces salían por la galera”.
FUTURO CERCANO. Más allá del seminario frustrado, el tema encontrará su lugar en la agenda por intermedio del Inau, que si nada cambia, el lunes hará público un llamado abierto cuyo objeto será gestionar –según una versión preliminar a la que accedió Brecha– un proyecto bajo la modalidad de atención integral durante las 24 horas del día para recién nacidos y lactantes de hasta 12 meses que “perdieron o ven interrumpidas o deterioradas las capacidades de cuidado de sus familias de origen”. Si bien en la elaboración participó la Unicef a pedido del Inau, el proyecto será financiado enteramente con fondos de este organismo. La inversión será de 35 unidades reajustables por mes y por recién nacido o lactante atendido.
En la fundamentación se puede leer que “la situación de bebés recién nacidos en las maternidades de los servicios de Asse cuyas familias de origen de manera temporal o definitiva no disponen de capacidades de cuidado, constituye una problemática altamente preocupante y grave para el desarrollo de los niños”.
Se afirma también que “la permanencia en el ámbito hospitalario luego del alta médica” configura una “situación de alto riesgo, por ser un ambiente que no logra adaptarse a las necesidades de los bebés, lo cual compromete severamente su desarrollo futuro”. Se aportan datos tales como que 17 por ciento de los niños y niñas que nacen anualmente en el Pereira quedan hospitalizados por problemas de salud. “Pero un porcentaje de ellos permanece hospitalizado sin tener problemas de salud, por las causas que venimos definiendo. Entre 15 y 20 bebés en forma sistemática se encuentran en las salas de maternidad, permaneciendo allí semanas y en algunos casos hasta meses.”
Una vez que se adjudique el llamado, la organización civil que resulte ganadora tendrá que conformar un equipo técnico multidisciplinario que incluya a un abogado, quien será el encargado de realizar las gestiones y coordinaciones interinstitucionales y de dar seguimiento a cada caso. El equipo tendrá como marco de acción el “principio de necesidad”, que prioriza, antes que nada, prevenir situaciones y condiciones que pueden derivar en el requerimiento de una medida de cuidado alternativo. El equipo será responsable de aclarar rápidamente en qué contexto se produjo el desvínculo, y fundamentalmente hacer un seguimiento de la familia de origen en su concepto más amplio, ya que no “se reduce al cuidado por parte de los progenitores, sino que debe extenderse a otros integrantes de su familia o bien a otros adultos significativos para el niño”.
Este será el camino prioritario. En caso de que la búsqueda sea positiva está previsto que pueda haber un apoyo social, psicológico y económico a la familia en caso de ser necesario. Pero si se encuentran obstáculos que hacen imposible recorrerlo, entonces se apuntará a que la transición al sistema de adopción sea más acorde a las necesidades y respetando las particularidades de estos niños y niñas.
Hace tres años Iniciativas Sanitarias publicó el libro Desvínculo adopción. Una mirada integradora, con opiniones, investigaciones y trabajos especialmente escritos por referentes de la sociedad civil y la esfera estatal para abordar la cuestión. En su parte tercera, y con la firma de varios integrantes del área de trabajo social del Pereira Ro-ssell, entre ellas la propia María del Carmen Canavessi, se analizaban los avances que trajo el protocolo de actuación, considerando que “es necesario pero no suficiente. Debe acompañarse su difusión y socialización con talleres e instancias reflexivas que permitan a los profesionales intervinientes internalizar los procesos mencionados. Sería oportuno que el Msp, en coordinación con el Departamento de Trabajo Social del Hospital de Clínicas (que posee vasta experiencia en la temática), impulsaran tales instancias”.
Nueve años después de aprobado el protocolo y tres años después de ese reclamo, casi lo logran.
