Nadie sabe cómo desactivar la bomba que tres jueces de la máxima instancia judicial introdujeron en la sociedad argentina el miércoles 3 de mayo cuando estamparon su firma sobre una sentencia que podría poner en libertad a 750 condenados por delitos de lesa humanidad. Con su decisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autoriza la aplicación de la ley 24.390, para el caso de un represor que actuó en el centro clandestino de detención del Hospital Posadas y fue condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad, a pesar de que dicha ley ya no es vigente. La normativa que asimila cada año que un reo haya estado detenido sin sentencia firme a dos años de condena cumplida, tuvo vigencia entre 1994 y 2001 con el fin de descomprimir el hacinamiento en las cárceles argentinas por...
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