Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), enfrentó los cuestionamientos que le formularon algunos integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el jueves 8 de abril, con la siguiente sentencia: «Si no lo hubiéramos hecho de la manera en que lo hicimos, con el aumento de las camas de CTI, con la distribución de las ambulancias, con los tomógrafos nuevos, con la redistribución de primer nivel, ya habríamos colapsado hace bastante tiempo, y no digo saturado: habríamos colapsado». Tan sólo seis días después, durante una recorrida por Maldonado, admitió ante los periodistas que los CTI del Hospital Español y de los hospitales de Rivera, Paysandú y Salto están «en situación de colapso». La contradicción no resultó evidente, porque las dos afirmaciones encontradas circularon por universos paralelos.
Lo interesante es que sus justificaciones sobre la gestión de ASSE ya entonces quedaban en entredicho con las denuncias del organismo que nuclea a los médicos intensivistas y de directores de hospitales, para quienes la falta de medicamentos y de personal era crítica en la mayoría de las unidades sanitarias de todo el país, pese a lo cual Cipriani optó por describir a los diputados una irrealidad plena de autocomplacencia, en medio de una mortalidad exponencial entre los afectados por el covid-19.
Por tanto, no llamó la atención de los diputados críticos (no sólo del Frente Amplio, sino de algunos socios de la coalición) la primera y contundente explicación del presidente de ASSE sobre el escándalo de las declaraciones del vocal del directorio, el coronel Enrique Montagno. Según una conversación grabada y difundida por el semanario Búsqueda, el vocal afirmó haber contratado a 137 funcionarios por «la puerta de atrás», como verdadera fuerza de choque de Cabildo Abierto para disputar el control del Partido Nacional en el organismo. Dijo Cipriani: «¿A ustedes les parece que uno de los principales organismos del Estado, como es ASSE, que atiende a más de 1,4 millones de usuarios, con 35.886 funcionarios, con un presupuesto anual de más de 40.000 millones de pesos, no se maneje de una manera profesional y sí basada en un clientelismo político?». La pregunta de Cipriani, formulada en esos términos, admitía una única respuesta: «Claro que no, de ninguna manera». Pero minutos después dio pruebas de una irresistible tendencia a la contradicción: «¿Qué tenemos que hacer en ASSE? Poner punto final al clientelismo político que tiene la institución».
El clientelismo es sólo uno de los aspectos que caracterizan a la actual gestión en ASSE como desastrosa. Una lista incompleta incluye: designaciones con criterios políticos en cargos técnicos; ausencia de planificación y previsión, que pone en riesgo la atención; ausencia de diálogo entre la dirección y los niveles ejecutores; persecución política; escasa transparencia, como mínimo, en la contratación de personal; sospechas sobre el papel que juega en la contratación la Comisión de Apoyo, un organismo integrado por representantes del directorio y del Ministerio de Salud Pública; luchas intestinas por el poder; designaciones arbitrarias en cargos de dirección; fragmentación en la conducción, y corrupción en jerarcas de mando medio, entre otras perlas.
Buena parte de las desprolijidades en la gestión se explican por las rencillas entre miembros del nivel de dirección. Entre ellas, las del presidente, Cipriani, con el gerente general, Eduardo Henderson, que –se sostiene– ha sido prácticamente desplazado, cuando la gerencia general es (para usar un concepto de moda) una «perilla» clave en la operatividad. Una explicación es la condición de militante de Henderson del sector que lidera el ministro Jorge Larrañaga en el Partido Nacional, aunque el presidente de ASSE aseguró a los diputados: «Le tengo enorme confianza». Cipriani, al que se le atribuye un comportamiento autocrático, es conocido entre el funcionariado de ASSE como «el patrón».
Pero no sólo el presidente: la conducta despótica es la explicación de un episodio que llamó la atención del diputado Luis Gallo, la destitución de la directora del Hospital de la Costa, quien, según el legislador, «tiene que haber matado a alguien o robado para que la echaran», porque «nunca vi una designación que durara diez días». Con mucha cautela, Cipriani explicó que la destitución «se debió específicamente a un mal relacionamiento en el equipo de dirección, lo cual estaba repercutiendo a nivel del centro asistencial». Fuentes parlamentarias atribuyen el «mal relacionamiento» a la actitud despótica del responsable de la región sur de ASSE, Blauco Rodríguez, quien contó con el apoyo del directorio para desplazar a la directora del centro de salud.
El doctor Rodríguez, también presidente del Colegio Médico, es uno de los tres casos conocidos en los que responsables de dirección estuvieron implicados en cobros irregulares de remuneraciones (véase «El arte del buen comer», Brecha, 17-VII-21). Los otros dos fueron el director del Hospital de Maldonado, quien en un mes cobró 576 horas como cirujano retén de guardia, más otras 160 horas presenciales como director del hospital (La Diaria, 13-IV-21). Y otro tanto ocurrió con el cirujano Rodrigo Perna, adjunto a la dirección del hospital Pereira Rossell, quien además cumple carga horaria en la Asociación Española.
En ASSE existen 640 cargos de confianza por designación política; según Cipriani, la pandemia impidió llamar a concurso para llenar la mayoría de los cargos que quedaron vacantes después de una masiva renuncia. Sin embargo, argumentó que la designación directa, por la idoneidad de los elegidos, contribuyó a aumentar la profesionalidad en ASSE. No obstante, la transparencia en las designaciones fue cuestionada por la diputada Lucía Etcheverry, quien reveló que desde noviembre del año pasado se dejaron de publicar las actas de las sesiones del directorio, coincidente con el hecho de que muchas de las designaciones («tengo unas cuantas para mencionar acá, como la del adjunto a la Red de Atención Primaria Metropolitana o la de la Dirección de Recursos Materiales, y podría mencionar otras», dijo la diputada) no fueron aprobadas por unanimidad, porque no constaban en el expediente los currículums de los propuestos, «por lo menos en una docena de casos».
El mismo cuestionamiento a la transparencia recae sobre la Comisión de Apoyo en los criterios de contratación de personal, que en decenas de casos, según la explicación de Cipriani, no contaron con el aval del directorio; el diputado Felipe Carballo le recordó que él, Cipriani, presidente de ASSE, es a la vez presidente de la Comisión de Apoyo. Una voz inesperada surgió en la Comisión de Diputados cuando el senador Guillermo Domenech habló en su calidad de invitado: «Me llama mucho la atención que se hable de designaciones irregulares y que no se haya cesado a los responsables que las hicieron. Según tengo entendido, se cesó a un gerente y a una de las dos adjuntas de la Comisión de Apoyo, pero permanecieron en sus cargos los responsables políticos de dicha comisión. A mi juicio, no me parece que se pueda imputar una irregularidad a funcionarios subalternos sin que por lo menos haya algún grado de responsabilidad de sus jerarcas». Las palabras de Domenech revelaron que en ASSE permanecen los entredichos entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto.
No todo parece ser responsabilidad exclusiva de una gestión que «cobra al grito». Más allá de los cuestionamientos a los criterios de contratación, la escasez de personal en los CTI no ha podido ser suplida con enfermeras y enfermeros capacitados. Otros problemas, en cambio, como la falta de medicamentos, de respiradores, de oxígeno, son sólo atribuibles a la falta de estrategias y a la improvisación.
El diputado frenteamplista por Maldonado Eduardo Antonini denunció la falta de coordinación en ASSE a nivel departamental y la existencia de un déficit de cobertura de guardias de especialidades, en particular las guardias anestésico-quirúrgicas, lo que «genera un riesgo para la población usuaria y deteriora las condiciones de trabajo de los funcionarios». Sintetizó que «no se conoce un plan de gestión de las autoridades. Claramente está afectada la calidad de asistencia».
Ese panorama se reitera en prácticamente todos los departamentos del país, donde se detectan problemas no sólo en el nivel terciario de asistencia, sino también en el nivel primario. Es una casualidad que en una gran proporción los cargos de dirección regional fueron reservados, como decía el vocal Montagno, para el Partido Nacional.
