Diez días antes de que se anunciara su destitución, el exjerarca del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Pablo Bartol resolvió encomendar a la organización Uruguay Adelante (UA) –sin licitación ni proceso competitivo– la gestión de 65 millones de pesos destinados a comprar insumos para las ollas populares de Montevideo y la zona metropolitana. Como informó Brecha el último día hábil de la gestión de Bartol, el MIDES recurrió a una triangulación con otra ONG, Canastas Uy, que «prestó» su asociación civil, Empatía Uruguay, para firmar el convenio, dado que UA no tiene personería jurídica. En aquella ocasión, este semanario dio cuenta de las actividades y los vínculos de algunos de los empresarios que están al frente de esta organización, como el desarrollador de barrios privados Juan Balsa y el exbasquetbolista Joaquín Izuibejeres (socios en Balsa & Asociados). Izuibejeres es socio en la firma de emprendimientos inmobiliarios Fischer/Rubio, cuyo director es el contador Javier Fischer Carve. Fischer Carve también es socio director del estudio Fischer, que, según las declaraciones de los encargados de UA a Brecha y otros medios, se ocupa de «auditar» los gastos de la organización. Estos vínculos ponen en cuestión la independencia de esa auditoría, ya que Fischer es socio de Izuibejeres, a quien debe auditar por ser, junto con Balsa, el responsable legal del convenio con el MIDES (véase «Metiendo la cuchara», Brecha, 30-IV-21).
Pero a la olla se van agregando nuevos ingredientes. El rol de Fischer Carve ya no es el de auditor de UA: ahora es él quien se encarga directamente de mover los fondos que el MIDES les transfiere a estas intrincadas ONG. «Según explicó Fischer, él es el encargado de hacer las transferencias por los montos y a los proveedores que le detalla al cierre de cada semana el administrador de UA, Gabriel Jauge. La cuenta es una caja de ahorro en Itaú, cuyo primer movimiento fue la transferencia del MIDES de 32,5 millones de pesos el 25 de marzo, según consta en los datos proporcionados por Fischer», informó El Observador (16-V-21). Otro monto equivalente será entregado en dos semanas para completar los 65 millones de pesos –casi 1,5 millones de dólares– destinados a las ollas a través de estas organizaciones.
El manejo de estos cuantiosos fondos públicos hoy está en manos de un contador con algunos antecedentes complejos –y recientes– en su historial. Fischer Carve, integrante de la comisión fiscal de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción –una gremial con cúpulas estrechamente vinculadas al Partido Nacional y al presidente de la república, Luis Lacalle Pou–, promueve proyectos inmobiliarios a través de un instrumento llamado fideicomiso al costo. Según una resolución del Banco Central del Uruguay (BCU) del 13 de diciembre de 2019, a la que accedió Brecha, en esa fecha Fischer Carve figuraba «inscripto como infractor a la ley de cheques, siendo sancionado primero con la suspensión (por parte del Banco Santander SA) y luego con la clausura (por parte del BCU) de sus cuentas corrientes en el sistema financiero por el período 31/07/2019 a 31/07/2020». Pero ese período de sanción no se cumplió a cabalidad, pues el BCU revocó la clausura el 12 de mayo de 2020.
En la mencionada resolución, la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU resolvió «denegar la solicitud presentada por el Sr. Javier Fischer Carve en el Registro del Mercado de Valores, sección Fiduciarios Generales». Según el decreto reglamentario de la Ley de Fideicomiso, el registro en esa sección es requisito para constituirse como fiduciario profesional (categoría considerada cuando una persona física o jurídica participa en calidad de fiduciario en cinco o más negocios de fideicomisos en cualquier año calendario). Entre los fundamentos de la denegación a Fischer Carve, el BCU refiere que el contador «declaró bajo juramento no haber sido sancionado por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera» y «omitió informar su vinculación con la empresa San Donato SRL, habiéndose advertido que dicha empresa, de la cual el Sr. Fischer era socio administrador, fue sancionada con suspensión y clausura de sus cuentas bancarias por la emisión de cheques sin fondos». Con base en estos antecedentes, el BCU consideró, amparado en el artículo 16 de la Ley de Fideicomiso, que «las irregularidades constatadas dejan en evidencia que el Sr. Fischer no cumple con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios» que «actúa sobre la base de la confianza depositada en él».
EL NICHO DE LOS POBRES
También según El Observador, que accedió a las planillas de transferencia semanales de UA, «el grueso de los montos» que maneja la organización va a Tienda Inglesa TI, su principal proveedor. Esta cadena de supermercados, que desde 2016 está en manos de capitales estadounidenses (el banco de inversión Goldman Sachs es su principal accionista), estuvo históricamente asociada a un consumo selecto para las clases alta y media alta, pero el año pasado dio un giro importante en su estrategia comercial. A partir de abril de 2020 comenzó a aceptar la Tarjeta Uruguay Social (TUS) –que canaliza transferencias del MIDES a ciudadanos de bajos recursos– y lanzó una agresiva campaña hacia este último sector, con descuentos específicos para usuarios de la TUS y trabajadores en seguro de desempleo. Unos meses antes Tienda Inglesa había intentado comprar el grupo Disco, Devoto y Geant, operación que fue impedida por los cambios en la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia aprobados en setiembre de 2019.
Mientras tanto, a dos meses de iniciada la operación de tercerizar la administración de fondos, el MIDES sigue sin dar a conocer el texto del convenio. El 4 de mayo, la directora general de la secretaría de ese ministerio, María José Oviedo, firmó una respuesta a un pedido de acceso a la información pública sobre los términos del convenio con UA realizada por la organización Solidaridad Uy. En esa comunicación, el MIDES decidió acogerse a la prórroga legal que otorga la ley para dar información «dada la amplitud y complejidad de la información solicitada». Aún espera una respuesta, también, un pedido de informes que los senadores del Movimiento de Participación Popular hicieron al ministerio la semana pasada por el mismo convenio. Mientras el flamante ministro Martín Lema mueve fichas en la interna del ministerio –con especial atención en las transferencias y en la evaluación y el monitoreo de programas–, el invierno se acerca, el caldo se va espesando y el fondo de la olla todavía no se atisba.
