En medio del caos de versiones cruzadas sobre la suerte del gabinete, en la tarde del miércoles 15, la vicepresidenta se comunicó con el ministro de Economía para asegurarle que ella no había pedido su renuncia. Pero al día siguiente le dedicó dos extensos párrafos de su carta pública con críticas al entorno presidencial, en la que desmenuza el presupuesto nacional para 2021 y apunta al proyecto de presupuesto para 2022 que el ministro Martín Guzmán había girado al Parlamento en la tarde previa.
Para Cristina Fernández, la derrota en las PASO (véase «Gambito de dama», Brecha, 17-IX-21) tuvo como ingrediente destacado la subejecución presupuestaria, el ahorro del gobierno previo a las elecciones. El déficit fiscal previsto el año pasado por Guzmán y su equipo para 2021 era de 4,5 puntos del PBI «sin pandemia» y hasta agosto solo se habían ejecutado 2,1 puntos en programas sociales destinados a enfrentar las consecuencias de una pandemia que aún azota Argentina. Es decir, menos de la mitad del gasto estatal avizorado. «No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia», señala la expresidenta en su carta. Y en otro pasaje: «Confío que el presidente se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto». Al cierre de esta edición aún no estaba definido cuándo la propia vicepresidenta se reuniría con Martín Guzmán para hablar sobre estos temas.
¿UN CINTURÓN MUY AJUSTADO?
«La carta de la vicepresidenta fue un mensaje interno, parte de una discusión doméstica del Frente de Todos [FT]. No veo que el presupuesto anterior ni el que acaba de presentarse en el Congreso sean de ajuste», señala a Brecha Marcelo Elizondo, miembro del consejo directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y exdirector de la Fundación Exportar entre 2002 y 2010. «El gasto público sigue alto, como en 2020 y 2021, no veo ajuste. Pero tener un discurso poco amigable con los mercados le juega en contra al gobierno», afirma, además. Su visión es compartida por vastos sectores empresariales y de los principales medios de comunicación, que, al decir del diario La Nación, temen un «abrupto aumento del gasto público, que enciende las alarmas de muchos analistas».
En cambio, para el economista Francisco Cantamutto, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Sociedad de Economía Crítica, «la vicepresidenta tiene razón cuando dice que se subejecutó presupuesto, en especial en programas sociales. Junto con eso hubo un ajuste fiscal por la vía de la pérdida de poder real en los salarios del sector público, de las jubilaciones y pensiones en 2020».
Según Cantamutto, el diagnóstico planteado en la carta de la vicepresidenta es adecuado. «En términos reales, el salario cayó durante el gobierno del FT, un gobierno que venía a resolver los problemas que dejó el gobierno anterior y no lo hizo, más allá de la pandemia. La pobreza urbana persiste en niveles del 40 por ciento», sostiene Cantamutto a Brecha. De acuerdo al economista, el FT «busca gestionar a partir de la búsqueda de consensos y la conciliación; eso implica no enfrentarse a lo realizado por los gobiernos de la etapa previa; en los hechos, hasta ahora no se ha afectado los intereses reales de la economía concentrada en la Argentina y se ha buscado reconstruir la macroeconomía con base en el perfil preexistente, que no le otorga al mercado interno un rol dinámico».
A LA BÚSQUEDA DE DIVISAS
El proyecto de presupuesto nacional 2022 enviado en la tarde del miércoles 15 a Diputados por el ministro Guzmán prevé un crecimiento del PBI de 4 puntos. Estima, además, una inflación anual del 33 por ciento y un déficit fiscal de 3,5, y proyecta que el valor del dólar para fines de 2021 será de 131,5 pesos argentinos.
Horas antes del envío al Congreso de ese proyecto, el presidente Fernández y su equipo económico, encabezado por Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habían encabezado junto a gobernadores y empresarios del sector petrolero el acto de presentación del proyecto de ley de promociones hidrocarburíferas. Consensuado con los empresarios y los gremios del sector, el proyecto tiene como objetivo, especialmente, reactivar Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (sobre este yacimiento de petróleo no convencional véase, por ejemplo, «La huella del fracking», Brecha, 4-VI-15).
«El FT está buscando excedentes exportables como salida a la crisis a través de la ley de hidrocarburos, el pool agrícola y productos primarios extractivos que ahora incorporan la explotación del litio en el norte, por ejemplo», afirma Cantamutto, que apunta que detrás de esta estrategia está el «neodesarrollismo del gobierno», representado en especial por Kulfas (véase a este respecto la entrevista de Brecha con el hoy ministro de Desarrollo Productivo, 26-VII-19).
Darío Martínez, secretario de Energía, fue el encargado de presentar el proyecto de ley de promociones hidrocarburíferas, 50 carillas a las que tuvo acceso Brecha y en las que se crea un régimen de beneficios tributarios a las empresas del sector por 20 años. Los sucesivos intentos anteriores de aprobar una ley marco para el sector habían fracasado y ahora el proyecto nacido en el seno del equipo económico tiene en contra a los senadores peronistas y a la propia vicepresidenta Cristina Fernández. Consideran que el período de 20 años de exenciones a las empresas es excesivo y no están dispuestos a votarlo tal como ingresó al Senado.
Mientras tanto, la mirada de la vice sigue puesta sobre Guzmán y Kulfas. En plena renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún no hay certezas sobre su resultado y eso condiciona no solo el acceso al crédito, sino las metas de pagos a futuro con el organismo. «Con el FMI se está renegociando un acuerdo de facilidades extendidas que implica reformas estructurales de la economía, pero que nunca reconoce la corresponsabilidad del FMI en la firma de un acuerdo ilegal con el anterior gobierno. No hay que olvidar que el organismo violó sus propios estatutos para otorgar el préstamo al gobierno de Macri. El gobierno no logró torcer el brazo de la discusión y termina negociando ajuste fiscal y reformas estructurales, y apenas discute reducir los cargos por sobretasa en el exceso de deuda», señala, por su parte, Cantamutto.
MENSAJE AL ELECTORADO
La primera aparición pública del nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur (el exgobernador tucumano «provida», que entró en reemplazo de Santiago Cafiero), fue junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para anunciar en la mañana del lunes la flexibilización de las medidas contra el coronavirus, a partir, según dijeron los funcionarios, de una baja en los casos registrados en las últimas semanas. A partir del 1 de octubre no será obligatorio el uso de tapabocas en lugares abiertos, se reabrirán gradualmente las fronteras para el ingreso y el egreso de ciudadanos y volverá el público a los estadios de fútbol.
A estas medidas sociales les siguieron los anuncios del Consejo del Salario, que reúne a empresarios, Estado y sindicatos: a partir de octubre habrá un aumento escalonado en el salario mínimo del 52,7 por ciento, que se completará en febrero. Con estas medidas, junto con la promesa de desarrollar políticas sectoriales para el campo, la industria, pequeños productores y pequeñas empresas, el gobierno busca seducir a la sociedad de cara a las legislativas del 14 de noviembre. Tiene como objetivo recomponer el voto histórico del peronismo, levantar el piso histórico alcanzado en las PASO de 67 por ciento de participación electoral, sumar al seis por ciento que votó por partidos que en las primarias no lograron el 1,5 de votos y recuperar al menos una parte del seis por ciento de votos en blanco. Por ese mismo botín va la oposición de Juntos por el Cambio. Las cartas están echadas y también la suerte de Alberto Fernández.
Los números de la crisis
Un 49,6 por ciento de los argentinos (22,7 millones de personas) viven hoy en la pobreza, según reveló en agosto el índice de pobreza multidimensional llevado a cabo por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia argentina. La pobreza infantil, de acuerdo a los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), para el último trimestre de 2020, alcanzaba al 62,9 por ciento de los niños y las niñas, unos 7 millones.
En la actualidad, el salario real es el más bajo de, por lo menos, los últimos 15 años, de acuerdo a análisis de distintas consultoras e institutos de economía. Y de acuerdo a la consultora PxQ –dirigida por el economista Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Cristina Fernández–, en los últimos tres años el salario real en el sector formal lleva acumulada una caída de al menos 17 por ciento. Para el sector informal, que emplea a alrededor del 35 por ciento de los trabajadores, de acuerdo a las últimas proyecciones oficiales, se estima que la situación es mucho peor. Mientras tanto, según el INDEC, la inflación interanual en agosto rondaba el 52 por ciento.
La desocupación, que alcanzó al 13,1 por ciento de la población activa en el segundo trimestre de 2020, bajó en el primer trimestre de este año al 10,2 por ciento. El desempleo se ceba especialmente sobre los más jóvenes. El mes pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció a France24 que «uno de cada dos desempleados tiene menos de 30 años».
Este miércoles, Argentina pagó al FMI 1.885 millones de dólares por concepto del primer pago de capital del préstamo contraído en 2018. La deuda argentina con el FMI alcanza los 44.000 millones de dólares. En noviembre, si no hay aún acuerdo de reestructura con el organismo multilateral, se espera que Argentina desembolse casi 400 millones de dólares en intereses, y a fines de diciembre otros 1.880 millones de dólares.
Francisco Claramunt
Un peronista del Opus Dei al frente del gabinete argentino
El ascenso de Manzur
Por LID Tucumán
Luego de la designación del hasta ahora gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur, como jefe de Gabinete del gobierno nacional por indicación de Cristina Fernández, un sector del peronismo se ha encomendado a la tarea de presentarlo como un funcionario que «entendió» al movimiento de mujeres y tildar las críticas que se le hacen como opiniones «palermitanas», en un intento de empezar a borrar su historial, de manera de encubrir el marcado giro a la derecha que la coalición gobernante hace tras la derrota electoral de setiembre.
Manzur ocupa cargos ejecutivos en la provincia de Tucumán desde 2003: pasó de ministro de Salud del entonces gobernador, José Alperovich, a vicegobernador electo en 2007 y luego emigró a la cartera nacional de salud bajo el mandato de Cristina Fernández (2009-2015). Tan temprano como en 2006, Manzur fue denunciado por falsificar las estadísticas de mortalidad infantil en la provincia. Tres años después fue señalado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud por manipular nuevamente esos números. «El diagnóstico de desnutrición en todos sus grados ha sido literalmente prohibido por resolución del Ministerio de Salud de la Nación y reemplazado por el de bajo peso», consigna la denuncia, que estimaba que la desnutrición infantil era seis veces mayor que la oficialmente reconocida.
De su paso por el Ministerio de Salud de la Nación también datan denuncias por defraudación al Estado en licitaciones con sobreprecios y direccionadas a determinadas empresas (Plan Qunita) o en el acuerdo con Hugo Sigman (Grupo Insud) para fabricar la vacuna contra la gripe A con subsidios del Estado y un contrato de exclusividad a diez años. Fue en su paso por la cartera de salud que el patrimonio declarado de Manzur creció explosivamente, multiplicándose 42 veces entre 2003 y 2014, hasta que se convirtió en el funcionario más rico de la administración nacional.
Durante su primer mandato como gobernador de la provincia, Manzur supo ubicarse junto al ala conciliadora del peronismo que le garantizó al macrismo la mayoría en ambas cámaras. Su colaboración posibilitó la aprobación en el Congreso del ajuste a los jubilados y de presupuestos nacionales con fuertes recortes en áreas como las de la salud y la educación. Tras la victoria de Mauricio Macri, en 2015, fue el primer miembro de la anterior administración en sentenciar como concluido el ciclo político de Cristina Fernández.
Durante los gobiernos provinciales peronistas, los del militar Antonio Domingo Bussi y los macristas, Tucumán se ha convertido en un verdadero reservorio de mano de obra barata. La informalidad laboral afecta al 45,2 por ciento de los ocupados, una de las más altas del país. Las cifras hacen estragos en la juventud: ocho de cada diez jóvenes trabajan en negro. La pobreza afecta al 43,5 por ciento de las personas y se ubica por encima del promedio nacional. Y la distribución del ingreso es paupérrima: hasta diciembre de 2020 el 90 por ciento de la población percibía ingresos mensuales inferiores a los 50 mil pesos (poco más de 500 dólares). Tucumán tiene uno de los salarios más bajos del país, con una brecha del 30 por ciento para los asalariados del sector formal.
Durante el gobierno de Manzur en Tucumán hubo casos que convirtieron a la provincia en un foco de atención internacional, como el asesinato de Facundo Ferreyra, un niño de 11 años ejecutado por la Policía provincial; la desaparición y el asesinato del joven cosechero Luis Espinoza, y el asesinato por asfixia de Ceferino Nadal a manos de la Policía durante la fase 1 de la cuarentena. El exgobernador no solo sostuvo hasta el día de hoy a su ministro de Seguridad, Claudio Maley, sino que, incluso, intentó promoverlo en la administración nacional.
Diversas organizaciones y partidos de la izquierda han denunciado la impunidad que en la provincia envuelve a femicidios, travesticidios y casos de abuso sexual que involucran al propio poder político, desde el femicidio de Paulina Lebbos y la desaparición de Marita Verón durante el gobierno de Alperovich hasta los casos más recientes de Paola Tacacho, Alejandra Benitez y Ayelén, y las denuncias de abuso sexual contra Alperovich y el dirigente político Ricardo Bussi.
Quizás el caso más resonante internacionalmente durante el gobierno de Manzur fue el de Lucía, la niña de 11 años violada y obligada a parir por un régimen político que le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo. Manzur es un confeso miembro del Opus Dei, y tanto el Partido Justicialista tucumano como Cambiemos y el bussismo han llegado al punto de hacer votar a la legislatura provincial un proyecto para repudiar la ley del aborto y declarar la adhesión de la provincia a la campaña de las «dos vidas». En 2020, junto con Jujuy, Tucumán encabezó el ranking nacional de femicidios.
(Publicado originalmente en La Izquierda Diario. Brecha publica fragmentos.)
