La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino por el caso de la familia Julien Grisonas abre un interrogante para el gobierno de Alberto Fernández y, por cierto, causa cierto fastidio. Es que la CIDH consideró que existió demora excesiva en la tramitación de los procesos judiciales referidos a los cuatro miembros de la familia Julien Grisonas, víctimas del terrorismo de Estado en 1976; falta de juzgamiento por el crimen de Mario Julien; demora en la tipificación del delito de desaparición forzada y omisión en la búsqueda de Victoria Grisonas; falta de comunicación para dar con los restos de Victoria y Mario, y una errónea decisión de la Justicia argentina al declarar prescripta la acción para reclamar las reparaciones correspondientes, violando así el...
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