La interpelación de los ministros de Interior y de Relaciones Exteriores por la entrega de un pasaporte común a un narcotraficante detenido en el exterior dejó nuevos datos sobre el proceso, varias preguntas sin contestar y costos políticos que serán calibrados con el devenir del tiempo. Pese a que, al decir del gobierno, el proceso avanzó sin irregularidades, ya provocó una destitución, al tiempo que las investigaciones contra Marset pueden tener nuevas derivaciones. La Justicia de Brasil aceptó extraditar a Uruguay a uno de sus lugartenientes.
Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo en conferencia de prensa luego de la interpelación por el caso Marset. MAURICIO ZINA
En la muñeca de una de sus manos, Sebastián Marset tiene tatuadas tres letras que lo identifican, que lo definen: PCU. Es la sigla de Primer Cartel Uruguayo, un grupo criminal investigado en Uruguay por la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero y el atentado con bombas molotov contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). Las iniciales del grupo se detectaron, como una rúbrica, en decenas de ladrillos de cocaína incautados en operativos antidrogas en Uruguay y en la región.
Con esa marca en su piel, deambula por el mundo con paradero desconocido. Marset –un joven criado en el Cerrito de la Victoria, que se convirtió en jefe de una organización criminal con tentáculos en varios países de la región– está prófugo de la Justicia paraguaya gracias a ...
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