Las excepciones a la normativa edilicia en zonas residenciales y costeras, más una postura contraria a la defensa del interés público en la propiedad de las playas, han sido la tónica de los dos últimos gobiernos del intendente de Maldonado, Enrique Antía. A raíz de esta situación, comenzaron a surgir organizaciones vecinales nucleadas en la Unión de Grupos de la Costa. La movida empezó en 2018 con 22 agrupaciones, con la intención de crear ámbitos de diálogo para revertir o frenar numerosas acciones nocivas para el medioambiente por parte de la Intendencia de Maldonado y de algunos municipios. Sin embargo, lejos de cejar en su empuje tendiente a favorecer intereses privados y arrasar con el paisaje natural, siempre con el argumento de que los proyectos habilitados permitirían generar mano de obra para Maldonado, en su segundo gobierno consecutivo el Ejecutivo avanzó y redobló su apuesta con nuevas iniciativas privadas sobre la costa. En consecuencia, también los vecinos redoblaron sus acciones y movilizaciones públicas para llamar la atención, por lo menos, de autoridades nacionales.
Casi no hay zona de Maldonado donde la Unión de Grupos de la Costa no haya actuado en los últimos tres años. Desde la costa más esteña del departamento, en José Ignacio, hasta los balnearios ubicados más al oeste, se suceden proyectos que ponen en riesgo no solo al ecosistema acuático, sino también a las comunidades que lo circundan. Pero no es el único departamento en esa situación. Rocha, Canelones y Colonia también sufren los embates de sus autoridades de gobierno, señalaron a Brecha los voceros de la unión, Sandra Corbo y Nicolás Chacón. Por eso, en el último año buscaron más aliados y formaron una red con agrupaciones de estos departamentos; ahora son 64 organizaciones en todo el país –22 de Maldonado–, con acciones sobre la costa del Río de la Plata y el océano Atlántico. «Tanto las intendencias como el gobierno nacional actúan de forma inconsulta con la sociedad civil organizada o se nos invita después de que está todo resuelto. Esto viola diversas normas, leyes y convenios del país para facilitar el acceso a la información de los ciudadanos», explicó Chacón, quien se moviliza al este del arroyo Maldonado y también integra la Mesa Representativa de Guardavidas en la red nacional.
INFORMACIÓN
En la red de Maldonado participan comisiones vecinales, ONG, movimientos sociales, núcleos académicos y gremios estudiantiles, casi todos vinculados al Centro Universitario Regional Este. La mayor preocupación en este departamento radica en la falta de información y de respuesta a las propuestas vecinales, planteadas en las escasas ocasiones en que han sido recibidas. «Exigimos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, de la ley 17.283, de protección del ambiente, de la 19.772, que es la directriz de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del Río de la Plata y el océano Atlántico, y de la 19.773,que ratifica el Acuerdo de Escazú», señaló Corbo, del Movimiento Maldonado por la Tierra y el Agua. El derecho al acceso a la información en tiempo y forma, por ahora, brilla por su ausencia.
Otra de las preocupaciones es la escasa recepción del Ministerio de Ambiente a las demandas de las agrupaciones, que identifican «la desintegración de los equipos técnicos que intervenían en la evaluación y el análisis de los proyectos antes de establecer la categorización de los permisos para construir en la faja de defensa costera», dijo Corbo. Agregó que el área que se encargaba de discutir estos permisos «fue desmantelada y se rompió un vínculo con la Universidad», que asesoraba en la materia. Para Chacón, esto provocó que se perdiera el acceso a la información rápida sobre los permisos que se gestionaban, con lo cual el «Ministerio de Ambiente otorga permisos sin estudios de impacto ambiental antes de que los vecinos se enteren. Esto pasaba antes, en alguna medida, pero ahora se acentuó».
A diferencia de otros departamentos, Maldonado no tiene ordenanza costera y Antía actúa arbitrariamente, con una mayoría en la Junta Departamental y esfuerzos aislados de la oposición frenteamplista. Por eso, en tren de buscar una solución, semanas atrás la Unión de Grupos de la Costa y la red nacional plantearon a las autoridades la instalación de una mesa ambiental multipartita, conformada por los actores involucrados en la temática costera, con una fuerte representación ciudadana, para crear un protocolo de actuación ante los proyectos de intervenciones en la costa y sus cuencas, y avanzar hacia una nueva manera de gestionar el ecosistema. «Pedimos una pronta y fructífera comunicación, para comenzar a trabajar en conjunto, ya que estamos siendo testigos del acelerado deterioro y la pérdida de nuestro sistema costero debido al mal manejo de su gestión», advirtieron. Pero casi ningún organismo oficial les respondió. Entre quienes sí lo hicieron, sorprendió la respuesta de Rocha, uno de los departamentos más complejos, debido a los múltiples conflictos con residencias ubicadas en la primera línea de manera irregular y donde, en los últimos años, han aumentado los fraccionamientos de lujo sobre la playa. El intendente nacionalista Alejo Umpiérrez les dijo que en su departamento está «todo bien», que «no hay problemas» y que se queden «tranquilos» porque está actuando acorde a la normativa ambiental, aseguraron los ambientalistas.
PROBLEMA REGIONAL
Otro camino tomado por la Unión de Grupos de la Costa fue aliarse con la Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero, que nuclea a 40 agrupaciones vecinales de la provincia de Buenos Aires (Argentina). También iniciaron contactos con grupos similares en el sur de Brasil.
«Los problemas climáticos y costeros no tienen fronteras y se pueden pensar soluciones para todos. El cambio climático, los corredores biológicos no tienen fronteras», argumentó Chacón. Por eso, la red se va extendiendo. Les anima la posibilidad de plantear reclamos conjuntos a organismos nacionales e internacionales, como la Institución Nacional de Derechos Humanos o Naciones Unidas, y aunar esfuerzos les parece fundamental. «Todos estamos preocupados, unos porque esto es un atentado al turismo de sol y playa –porque sin playas no hay turismo– y otros porque los ecosistemas costeros –como el de las dunas con bosque psamófilo aún virgen– son indispensables para defendernos y adaptarnos al cambio climático», acotó.
¿Pero qué factores explican este auge de las agrupaciones vecinales –generalmente integradas por lugareños o turistas extranjeros con alta conciencia sobre la gestión ambiental– abocadas a la resistencia? Chacón tiene una hipótesis: «Antes no estábamos tan organizados, no había tanta conciencia ambiental y la gente no estaba acostumbrada a denunciar. Creo que las redes sociales aceleraron ese proceso: ya no hace falta que nos reunamos con nadie para dejar en evidencia los problemas. Y esa viralización en redes es quizás uno de los factores que hacen que nos juntemos más».
Julio Bocca en defensa de Chihuahua
—Chihuahua está muy bueno. Ahí conocí a mi pareja, hace 14 años –confiesa con su clásica timidez el bailarín Julio Bocca. Quien lo interroga a quemarropa es el showman argentino Jey Mammon, en el programa Los mammones, que conduce en el canal argentino América TV.
—Es una playa nudista que yo muero por conocer –dice Jey.
—Sí y esperemos que siga así, porque quieren construir unas marinas que van a arrasar con el ambiente –acota el exdirector del ballet del SODRE.
—¿Qué quieren? ¿Vestir Chihuahua? Chicos, no arruinen Chihuahua –ruega el conductor entre risas.
El breve diálogo no pasó desapercibido para el grupo de vecinos que observa con preocupación el impacto del pueblo marítimo denominado Marina del Este. El proyecto, que ya cuenta con autorización ambiental, ocupará parte de una de las más importantes playas nudistas de Sudamérica, sobre la desembocadura del Arroyo del Potrero, de Punta Ballena. Según consignó El País, el complejo ocupará cerca de 200 mil metros cuadrados y constará de amplios predios con bloques de apartamentos, viviendas sobre la playa, áreas de servicios, estacionamiento, guardería de lanchas y un puerto deportivo con 518 amarras: «Para ello, se dispondrá de 11 muelles conectados a las instalaciones de tierra y mediante dos canales con el Río de la Plata, a partir de un diseño arquitectónico a cargo de profesionales de avanzada trayectoria». La iniciativa, a cargo de inversores argentinos de Chihuahua Club SA, ya tiene casi 30 años. Todo indica que la benevolencia de Antía les permitirá, finalmente, concretar el negocio.
